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El contrato para chatarrizar miles de vehículos en poder de la DIAN, durante cuatro años, fue firmado con la cuestionada Unión Temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo Recycling, investigada por posible corrupción.
Después del escándalo por el contrato de los pasaportes se enciende otro en la DIAN, por la chatarrización de los carros incautados
La entidad a cargo de Luis Carlos Reyes Hernández pasó por encima de las advertencias de veedurías ciudadanas y de la misma Procuraduría, de suspender la subasta para evitar adjudicar el negocio a una empresa ampliamente investigada, que ya había engañado a la entidad.
Unidad de Justicia
Lunes, 11 de diciembre del 2023
La salida de Martha Lucía Zamora de su cargo como directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, permitió que saliera a flote otro escándalo: el posible mal manejo de la licitación para el contrato de los pasaportes.
La exfiscal Zamora encendió el ventilador, habló de posibles encuentros oscuros de funcionarios del Estado con interesados en el multimillonario negocio con la Cancillería. Críticos salieron a señalar que “parece que los grandes contratos de este Gobierno se están cerrando en el lobby de hoteles de Europa”.
Pero este no es el único escándalo, en ciernes hay otro que está a punto de explotar, el de los malos manejos en la concesión de contratos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Esta es la historia de un sospechoso movimiento. Toda vez, que por mucho que se hicieron las advertencias en la adjudicación del negocio para la chatarrización de miles de vehículos, con una ejecución de 4 años, Luis Carlos Reyes Hernández, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ordenó su aprobación.
La Unión Temporal RYM S.A.S., tal y como advirtió la Red de Veedurías de Colombia, terminó alzándose con el contrato. Se aprobó pese a que la Procuraduría advirtió que al parecer «hubo modificaciones en las reglas de pliegos afectando el deber de selección objetiva». Además, que se omitieron algunos requisitos, por el que se terminaría favoreciendo a este oferente. El Ministerio Público recomendó «revocar el acto de apertura».
EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a la documentación del contrato CO1.PCCNTR.5458242, en el que se precisa que Rafael Naranjo es el proveedor o contratista. Este empresario arrastra una suerte de irregularidades, tales como el incumplimiento de este tipo de compromisos comerciales.
En el millonario negocio se establece que una de las partes es la funcionaria Cielo Alexandra Vega Navarro, subdirectora de Compras y Contratos, quien firma en representación de la entidad estatal, en este caso la DIAN.
EL HOME NOTICIAS insiste en que el contrato se establece con una unión temporal inmersa en causales de inhabilidades. Entre estas, que una de las empresas que componen la sociedad temporal no cuenta con la certificación del Ministerio del Transporte para chatarrización de vehículos. Además, que se usó un RUT de otra unión temporal (porque siempre se emplea el mismo nombre en toda convocatoria). El que se acabó de presentar aparece expedido en el 2015 y su objeto fue la desintegración de vehículos pesados, siendo que la UT que se quedó con el nuevo contrato es creada en el 2023, para desnaturalizar automóviles, vehículos livianos.
Este es el RUT con el que se firmó el contrato. Podemos ver que pertenece a una antigua unión temporal, con el mimo nombre, pero para diferente objeto, para desintegrar vehículos de carga. Es decir que no servía para este caso.
Aún hay más, que en el proceso de selección hubo extrañas maniobras, detectadas por la Procuraduría, como el cierre provisional de patios, hasta de un posible direccionamiento de la adjudicación. Lo más grave, las llamadas intimidantes por parte del empresario Rafael Naranjo, representante de RYM S.A.S. a los demás oferentes para quedar sin competencia en la subasta.
Los pésimos antecedentes
La Unión Temporal RYM S.A.S. es la misma protagonista del escándalo por posible corrupción en Medellín. Esta razón social es mencionada en la investigación de la Procuraduría, proceso en manos de la Delegada Disciplinaria de Instrucción 9, por presunto detrimento patrimonial.
Se trata del caso en el que la alcaldía de Daniel Quintero negoció la chatarrización de 50.000 vehículos en poder de la Secretaría de Movilidad de Medellín, por un valor inferior al 50% del mercado, una evidente disminución del patrimonio público.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de los funcionarios que suscribieron los documentos y estudios previos, que terminó en el dudoso contrato, con un solo proponente, además, el mismo que siempre figura en todas las convocatorias del Estado.
Además, de cómo en el proceso de selección se llegó a la instancia de ser Rafael Naranjo la única empresa habilitada, las demás fueron descalificadas por dos ministerios.
Lo que ocurrió en Medellín es ya un modus operandi, que las empresas en este mercado son inhabilitadas, sacadas de la competencia, y al final el único oferente o proponente es RYM S.A.S., cuya empresa matriz es Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S.
Es la misma, que por años ha dominado el gigante negocio de la chatarrización y de los remates de entidades como la misma Fiscalía General de la Nación (contrato de chatarrización en 2016) y el Ministerio de Defensa Nacional.
Un ejemplo reciente, es que esta es la misma sociedad, propiedad de una pareja de empresarios, la que terminó siendo única oferente en un millonario contrato de chatarrización que otorgó el Ejército Nacional. Por este extraño dominio en el nicho de la desintegración vehicular es que Rafael Naranjo termina siendo apodado como ‘el zar de la chatarrización en Colombia’.
Es más, la Red de Veedurías denunció la existencia de un posible ‘cartel de la chatarrización’, en el que estarían involucrados funcionarios públicos, que terminan manipulando los procesos para terminar favoreciendo a Rafael Naranjo y sus empresas.
En este cartel hasta figuran generales de la Policía Nacional, tengamos en cuenta que esta institución es la que mayor cantidad de contratos le aporta a Recuperaciones Naranjo Recycling.
Cabe mencionar, que la organización sindical Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, que representa a los principales gremios y asociaciones del sector transportador, denunció en el 2018, ante el entonces presidente Iván Duque, que la Unión Temporal RYM S.A.S. no cumplía con los requisitos de ley del Ministerio de Transporte.
No obstante, esta misma firma ha continuado manejando el suculento negocio a sus anchas, sigue siendo la que se queda con todas las licitaciones y subastas.
Evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.
Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.
La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.
Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.
Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.
Las evidencias
En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.
De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.
Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.
No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.
Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».
Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.
Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?
Este es un aparte de las cláusulas del contrato, en donde se establece que la DIAN, le hace entrega a Rafael Naranjo y sus cuestionadas empresas los vehículos, que después de desintegrados es que se sabrá el peso de la venta. ¡Increíble!
En otras palabras, se le da a cuidar el ‘queso’ al mismo responsable de no desintegrar la maquinaria amarilla de la DIAN, por la que la señora Marta Cecilia García León, representante legal, continúa siendo investigada por haberse lucrado ilícitamente de un contrato con la entidad que actualmente dirige, el protagonista de varias investigaciones en la Fiscalía, Luis Carlos Reyes Hernández.
Frente a este nuevo escándalo, que se suma al del contrato para la impresión de los pasaportes, se espera que los organismos de control: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, tomen cartas en el asunto. Todo esto, ante la gravedad de que Reyes Hernández, muy a pesar de las advertencias, hizo caso omiso de ellas y permitió la adjudicación del millonario contrato al llamado ‘zar de la chatarrización’.
Redacción Unidad de Justicia
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