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Luis Carlos Reyes Hernández.

Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN, tiene procesos vigentes por posibles irregularidades en la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y en la ITRC, por disciplinarios.

Director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en la mira de la Fiscalía y los entes de control por posibles irregularidades

La ITRC confirmó que solicitó a la Procuraduría, por competencia, adelantar proceso investigativo ante graves denuncias. La Contraloría también está actuando ante posibles anomalías en los ‘controles aduaneros’. Reyes es, además, investigado por un caso de ‘asonada’ en Boyacá, en donde fue agrededida una mujer policía.

Unidad de Justicia

Domingo, 13 de agosto del 2023

La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) confirmó que se abrieron nuevos procesos en contra de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por posibles irregularidades durante controles aduaneros y de otras acciones administrativas.

Reveló este organismo, que la Subdirección de Instrucción Disciplinaria (SID) inició “acciones investigativas” ante posibles arbitrariedades del personal de esta entidad en contra de comerciantes en Bogotá, a quienes les incautaron mercancía –dice la denuncia– de fabricación nacional para ser presentada como de contrabando.

Este es el pantallazo de la respuesta en detalle que entregó la ITRC en cuanto a los nuevos procesos en contra del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y de otros funcionarios de esta entidad.

Además, que por competencia en “materia disciplinaria” trasladó procesos en contra de Luis Carlos Reyes Hernández –director de la DIAN– a la Procuraduría, ante graves señalamientos en su contra, a las que este medio les viene haciendo seguimiento periodístico. Estas acusaciones tienen que ver con procesos públicos (irregulares) de ‘chatarrización’ de vehículos y de otro caso por  ‘fraude a resolución judicial’, que adelanta la Fiscalía en Medellín.

La Contraloría también está adelantando sus propias pesquisas. “La Agencia ITRC, el pasado 2 de agosto de 2023 recibió traslado por competencia de una denuncia por parte de la Contraloría General de la República relacionada con el tema mencionado. Por lo tanto, en primer lugar, la subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo- SAGR, incluirá la misma como prueba específica dentro de la verificación de la inspección 1707022426, denominada “Control aduanero posterior (Fiscalización aduanera)», la cual será efectuada en el último cuatrimestre del año”, informó la ITRC.

En el mismo orden EL HOME NOTICIAS supo, a través de Alejandro Barrera, representante comunal de empresarios y comerciantes de San Victorino, que Reyes Hernández se negó a responder debidamente a un Derecho de Petición con el argumento de que los solicitantes no eran parte en el proceso. Además, que sin ofrecer detalles solo relaciona una suerte de articulados, tales como que “el control aduanero comprende una serie de medidas aplicables con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa de competencia de la Administración Aduanera”.  Es decir, como para que se interprete que todo se hizo en el marco de las normas y que no existió ningún abuso o violación de los derechos de los comerciantes de textiles.

«Lo primero es indicar que aunque no existe un interés legitimo de su parte y no es interesado o responsable de la
mercancía, calidad y condiciones que no se encuentran acreditas en su escrito, procede este despacho a referirse
normativamente en lo que corresponde», respondió la DIAN.

“Esa no es una respuesta, es una burla, porque las irregularidades están afectando a una comunidad en general, de comerciantes y empresarios de las que hacemos parte y representamos”, manifestó Barrera.

Para los comerciantes la actitud de Reyes Hernández es “la de una persona arrogante que pasa por encima de las normas constitucionales como el Derecho de Petición. “La solicitud de explicaciones es un derecho que las personas pueden ejercer antes las autoridades o funcionarios del Estado, de cualquier tema de interés tanto particular como público”, añadió el vocero de los comerciantes.

«Frente a su escrito es necesario indicar que la acción de control del pasado 29 de junio de 2023 corresponde a un registro adelantado por parte de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en compañía de otras autoridades tales como, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Policía Fiscal y Aduanera y la Policía Nacional; acción de control que se desarrolló en el marco de competencia de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN», esto dice la respuesta al Derecho de Petición de la Junta de Acción Comunal.

Respuesta de la DIAN a comerciantes de San Victorino.

Esta es la primera página de la respuesta que la DIAN ofreció al Derecho de Petición a los comerciantes de San Victorino, representados por la Junta de Acción Comunal. Dele click a la foto para obtener el documento completo.

Recordemos que este medio reveló que en Medellín la Fiscalía 165 investiga a Reyes Hernández por desacato a una orden judicial, proceso activo desde el 13 de diciembre del 2022.

Lo más grave de este asunto es que este medio conoció otro caso, por el que también la Fiscalía investiga al actual director de la DIAN, por desatender los requerimientos de la Policía, de hechos ocurridos el 22 de julio del 2017 en la población de Tasco, Boyacá.

En este caso una mujer policía menciona a Reyes en su denuncia, de participar junto a otros miembros de una comunidad en un caso de “asonada y protesta contra la Fuerza Pública”, en la que ese “sábado” un grupo de uniformados temieron por sus vidas.

Los hechos ocurrieron a las 6:30 de la tarde, cuando Reyes Hernández, junto a otras personas como Víctor Manuel Parra Verdugo, Javier Alexander Neita y Cristian Camilo Cárdenas, quemaron pólvora en plena zona pública para –al parecer– conmemorar el Día de la Virgen del Carmen. Varios de estos ciudadanos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

Los policías, entre estos la uniformada, le informaron a Reyes Hernández y sus amigos que para quemar pólvora necesitaban un permiso de la Alcaldía, de un concepto técnico para este tipo de actividades y la participación de los Bomberos. Es más, la persona que estaba manipulando los elementos explosivos no era para nada un experto en el tema.

Sin embargo, los uniformados fueron insultados y menospreciados en su requerimiento, lo que provocó la alteración y el ataque de la comunidad a esos miembros de la Fuerza Pública. Testigos aseguraron, que la mujer policía fue agredida, que ante el riesgo ellos decidieron retirarse del lugar mientras solicitaban refuerzo o apoyo de sus compañeros.

Este caso calificado como “asonada” hoy se encuentra en el despacho del Fiscal 7 Seccional, ubicado en la plaza de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. El mismo fue asignado el 6 de agosto del 2018. Es una investigación que está activa, en la que Reyes Hernández figura como uno de los que encabezó la desobediencia civil.

Todo este tipo de hechos, en el que resultó –al parecer– agredida una mujer, de personas que pasaron por encima de ley, sumado al desacato en Medellín, además la respuesta descortés a la Junta de Acción Comunal de San Victorino en Bogotá y la desatención a posibles irregularidades en la venta de unos vehículos para chatarrizar, definen cuál es el talante del director de la DIAN.

Sería importante preguntar ¿Es posible que una persona con antecedentes de desobediencia a la autoridad, de desacato a la constitucionalidad, sea la persona idónea para desempeñar un cargo de gran importancia pública?

Es que lo ocurrido en San Victorino, hechos en los que se vieron afectados empresarios, con al menos 30 años de experiencia en esa actividad, de los centros comerciales Latino y Puerto Lindo, en el que la DIAN incautó mercancías –supuestamente de contrabando–, sin importar que los afectados mostraron documentos de legalidad, supone un claro abuso de poder y de autoridad.

Lo cierto, es que ahora el organismo, en cabeza de Luis Carlos Reyes Hernández, aún no les ha dado a los empresarios colombianos una clara respuesta de lo ocurrido y de la devolución de la mercancía con soporte de legalidad. Además, que ante estas señaladas irregularidades el funcionario se encuentra en la mira de la ITRC, Fiscalía, Procuraduría y hasta la Contraloría, porque hay denuncias que ya hablan de posible enriquecimiento ilícito.

No se debe dejar pasar por alto que en este organismo existen antecedentes de corrupción protagonizados por funcionarios de la entidad, de procesos por lavado de activos, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, como el protagonizado por Omar Ambuila, quien laboraba en la oficina del puerto de Buenaventura.

Precisemos, que se trata del escándalo del 23 de abril del 2021, en la que la Fiscalía acusó a ese entonces empleado de la entidad de hacerle regalos suntuosos a su hija, Jenny Lizeth Ambuila, como un lujoso Lamborghini, que le dio nombre al caso.

Por último, revelamos que se viene adelantando una investigación por el posible mal manejo en la entidad de las llamadas donaciones, un trámite administrativo que determina el uso de la mercancía que es decomisada o aprehendida, es decir, elementos en poder de este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

Redacción Unidad de Justicia

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Luis Carlos Reyes, director de la DIAN ¿Protagonista de un vergonzoso ‘falso positivo’? Decomiso de mercancía violando las normas

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2 Comments

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