¿En dónde estaría la corrupción en el caso por el que acusan de posible omisión a Luis Carlos Reyes, director de la DIAN?

Intentan llamar venta de chatarra por kilo un proceso que disimula la chatarrización de miles de vehículos. La DIAN respondió, pero sin aclarar el trasfondo de la denuncia, que se está favoreciendo a la misma empresa que siempre se gana estas subastas, con posibles argucias administrativas, provocandose así un detrimento patrimonial.

Unidad de Justicia

Jueves, 27 de julio del 2023

En anterior informe periodístico EL HOME NOTICIAS reveló las denuncias que se están haciendo, en contra del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes Hernández, de posible omisión ante las alertas de corrupción en la venta de miles de carros, como chatarra.  Es claro que existe un detrimento patrimonial.

No obstante, la entidad respondió a través de un comunicado, con supuestas aclaraciones, a tales revelaciones de irregularidades en el procedimiento para adjudicar un millonario negocio, que –dice el denunciante– terminará favoreciendo a la Unión Temporal RYM S.A.S., la misma empresa que siempre se gana estas subastas.

Lo que se ha puesto en la mira de las autoridades es de las dudosas actuaciones, de que los posibles oferentes, distintos a RYM S.A.S., fueron sacados o se les ha limitado la posibilidad de participar en puja programada por la DIAN dejando a la tan denunciada empresa como única opción para la contratación SAEBSU-00-002-2023.

En el documento, enviado a este medio a través de la oficina de prensa, la DIAN ‘aclara’: “No se trata de un proceso bajo la modalidad de licitación pública, sino de un selección abreviada para la enajenación de bienes, a través de subasta pública (…) un proceso de venta de chatarra”.

Pero, lo que la DIAN, en cabeza de Luis Carlos Reyes Hernández, no aclara es que la chatarra o material ferroso que se quiere vender será obtenido de la chatarrización de miles de vehículos decomisados o en abandono en poder de esta entidad en varias ciudades del país.

En la información del procedimiento de escogencia del contratista se hace esta precisión: “Venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efecto le sean entregadas por la DIAN, garantizando su fundición o desnaturalización, según sea su naturaleza”.

Es aquí en donde –sacando cuentas– se vislumbra el millonario caso de corrupción, el detrimento patrimonial, se observa que la “chatarra” o los vehículos para chatarrizar van a ser vendidos a un precio muy inferior, con una diferencia de al menos 600 pesos por kilo. Por eso el denunciante habla de más de 15.000 millones de pesos, que son los que dejaría de recibir el Estado por el ‘amañado’ negocio.

La verdad del asunto, es que al final no se trataría de una subasta, porque no habría otro ofertante. Es claro, cómo están las cosas, que a la puja solo está a punto de asistir la Unión Temporal RYM S.A.S., que pagaría el material a ‘precio de papel’.

“La entidad espera percibir como producto de la venta de este material un valor aproximado de 6.440 millones de pesos con lo que se evidencia que no existe afectación al presupuesto de la DIAN”, nos responde la entidad. Pero en el escrito no se aclara que la pérdida está en que se busca –prácticamente– regalar  toneladas de material ferroso mezclado con aluminio y cobre, del parque automotor obsoleto, a un investigado y único proponente.

En este aspecto hacemos precisiones, que existen denuncias anteriores –de este mismo tipo– de otros procesos en los que resultó favorecida la misma empresa. Se conoce de un caso específico, el ocurrido en agosto del 2022 en Medellín.

La Alcaldía de la capital antioqueña, a través de la secretaria de Servicios y Suministros, Karen Delgado, le envió una carta a la  Unión Temporal RYM para que dejase de participar en el concurso, de ser contratista para chatarrizar más de 50.000 vehículos almacenados en los patios de la Secretaría de Movilidad.

Esto ocurre, la descalificación pública, porque un concejal del Partido Verde,  Daniel Duque, denunció a esta empresa ante la Fiscalía por irregularidades para vencer en el proceso licitatorio.

Por su parte, la DIAN confirmó que ya tenía conocimiento de las posibles irregularidades, (apoyadas por funcionarios del Estado) en las que habría incurrido la empresa Unión Temporal RYM S.A.S., a quien denomina como uno de los “interesados” en el millonario negocio.

“Al respecto, al tener conocimiento de unos presuntos hechos irregulares que involucra únicamente a los posibles interesados en el proceso, la DIAN dio traslado oficial sobre estos hechos a la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de julio de 2023, para las actuaciones a que haya lugar”, contestó la entidad.

Sin embargo, el denunciante, Alberto Rojo Pérez, representante legal de la Unión Temporal SCT MERL S.A.S. da a entrever que en este proceso de adjudicación se estarían cometiendo irregularidades que estarían originando con posible colaboración venida desde adentro de la entidad.

Esto dice el empresario Alberto Rojo Pérez, respecto a la denuncia al  director de la DIAN del posible detrimento patrimonial en caso de ser adjudicada la subasta a la Unión Temporal RYM S.A.S.

“Todas estas actuaciones, a nuestro parecer, concluyen en que estas medidas se han tomado para evitar que nuestra empresa participe en la subasta del proceso licitatorio, dejando solamente un solo oferente (Unión Temporal RYM S.A.S.) como posible ganador de este proceso, a nuestro parecer, de forma irregular, y así establecer la compra de chatarra con el precio base y evitar encarecer este precio a través de la puja, situación planteada en los audios por el señor Rafael Naranjo Pérez cuando afirma: ‘No me van a encarecer el negocio’”, escribió en su denuncia el empresario de la chatarra.

Lo que llama la atención, es que en medio de estas denuncias, de dejar a la vista de todos las irregularidades, la DIAN continúe con un proceso que, de por sí, ya está viciado, en el que situaciones y requisitos parecen ajustados a la medida de un oferente, para que sea RYM S.A.S. el único interesado.

“De acuerdo con el cronograma del proceso, incorporado en el pliego de condiciones, la presentación de ofertas está prevista para el próximo 9 de agosto, lo que implica que el proceso de selección aún no ha sido adjudicado”, indicó la DIAN.

Tengamos, en cuenta que lo que se viene haciendo –las denuncias del empresario Rojo Pérez– es una alerta con suficiente tiempo para que no se vuelva a repetir la historia de Medellín, en donde a pesar de las denuncias en contra de RYM S.A.S adjudicaron el contrato a esta denunciada firma. Vemos que a solo 12 días para el cierre del proceso este siga adelante con un solo proponente.

Redacción Unidad de Justicia

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