Por caso de corrupción en la UNGRD cae uno de los ‘alfiles’ del Gobierno, Carlos Ramón González

Horas después de conocerse las acusaciones de la Fiscalía, del desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro anuncia la salida de uno de sus hombres de confianza, la del Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

JUSTICIA

Viernes, 26 de julio del 2024

Las impactantes revelaciones que realizó la fiscal Andrea Muñoz, a cargo del caso de corrupción que permea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de manipulación de contratos, los que se habría gestionado para favorecer a congresistas, es más, a estructuras de la guerrilla del ELN, se produce la renuncia de Carlos Ramón González como Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Su dimisión se conoció a través de la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, quien anunció que la había aceptado y las razones eran que su cargo, responsable de inteligencia era “incompatible con cualquier investigación judicial”, la que vendría a torpedear cualquier garantía jurídica.

Es más, explicó que en aras de la independencia en la actuación de fiscales y jueces y de legitimar las acciones de defensa de González, su salida del cargo viene a ser la más adecuada.

“Las entregas se dieron (…) conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”, indicó la fiscal Andrea Muñoz, durante la audiencia de imputación de cargos en contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, la que se hizo este jueves 25 de julio del 2024.

Apenas se conocieron los señalamientos de la Fiscalía, de la intervención de González en el saqueo de la entidad investigada, éste salió a decir que entraría a defender su inocencia “irrefutable”, negando así cualquier participación en el mencionado entramado de corrupción.

Es importante tener en cuenta que la investigación se viene adelantando después de las declaraciones de López y Pinilla, a quienes se les acusa de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación de recursos públicos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documentos públicos y privados.

Estos dos exfuncionarios del Gobierno aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados y entraron a colaborar con la justicia ofreciendo detalles de la manera como se utilizaron recursos de la entidad, para entonces a sus cargos, para sobornar a un grupo de congresistas y para financiar las actividades delictivas del ELN.

Redacción Justicia

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