Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, investigado por un caso de ‘fraude a resolución judicial’

Se trata de un hecho ocurrido en Medellín en diciembre del 2022, que se suma a las irregularidades, abuso de poder, que denuncian comerciantes en Bogotá. Empresarios nacionales –a punto de la quiebra– solicitan que les devuelvan sus mercancías.

Unidad de Justicia

Domingo 16 de julio del 2023

Recientemente se conocieron las denuncias que formuló un grupo de  comerciantes, cuyos negocios están ubicados en el sector de San Victorino, pleno Centro de Bogotá, de haber sido víctimas de atropellos, abusos y violación a las normas legales, por parte de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

El operativo fue presentado en medio de un ‘show mediático’ como un ‘fuerte golpe al contrabando’. Sin embargo, los empresarios aseguran que buena parte de esta mercancía es de fabricación nacional, descartan cualquier ilegalidad.

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En medio de este escándalo, que permea al director de la entidad, Luis Carlos Reyes Hernández, por ser quien ordenó el cuestionado operativo –que dejó al borde de la quiebra a esos empresarios– EL HOME NOTICIAS descubrió que Reyes Hernández viene siendo investigado por la Fiscalía por otro caso, se habla de “fraude”.

Este medio obtuvo los detalles del proceso, que describe de que el cuestionado funcionario podría ser sometido a una condena de cuatro años de cárcel, y de una multa de 50 salarios mínimos, en caso de comprobarse su responsabilidad en los hechos investigados.

El caso en mención está a cargo de la Dirección Seccional de la Fiscalías de Medellín, en cabeza de la doctora Miryam de Jesús Ruiz Quintero, delegada ante Jueces de la capital de Antioquia.

Esto lo que se informa de la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, que el proceso por fraude, en contra de Luis Carlos Reyes está activo.

Se le acusa del incumplimiento de una resolución judicial, una obligación dentro de sus funciones, que Reyes Hernández desconoció. Es decir, que de acuerdo con la investigación el funcionario ‘pasó por encima de las disposiciones legales’.

Cuando EL HOME NOTICIAS consultó la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) comprobó que el proceso está activo y fue asignado a la delegada fiscal el 1 de mayo del 2023, que la investigación está a cargo de la Unidad de Administración Pública.

Una fuente informó que se trata de una orden que se impartió para que la entidad devuelva de inmediato a sus propietarios una mercancía incautada de manera irregular, es decir, que se estaría repitiendo el mismo proceso por las acciones contra comerciantes de San Victorino en Bogotá. En este caso se trataría de un abuso cometido en Medellín.

En cuanto a la situación de las denunciadas arbitrariedades cometidas por la DIAN en cabeza de Reyes Hernández, en el sector comercial comprendido entre la carrera Décima entre calles 10 y 11 de la capital del país, los comerciantes iniciaron un proceso en contra del responsable de los hechos.

Este medio conoció un documento, del que la entidad aún no ha dado respuesta, que radicó la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Inés –sector San Victorino– el pasado 30 de junio en el que solicitan explicación de “los atropellos” a comerciantes de la zona.

Una fuente le contó a este medio que internamente se habla de que existe una orden de esperar hasta el último momento de los términos. Es decir, se estaría evitando una pronta respuesta.

El documento tiene la firma de Manuel de Jesús Castañeda, presidente de la Junta Comunal y del delegado como vocero por el Comité de Convivencia, Alejandro Barrera Huertas. Ambos reconocidos líderes comunales del sector de comerciantes.

Entre las peticiones de los comuneros al director de la DIAN está que se aporten “copias de las órdenes judiciales y/o resoluciones administrativas que originaron los decomisos”. Insisten en el escrito que hubo irregularidades en contra de los empresarios y trabajadores de los locales y bodegas de los Centros Comerciales ‘Latino’ y ‘Puerto Lindo’.

Además, no esconden el temor de que las mercancías desaparezcan, que nadie de razón de ellas. En la petición solicitan que les brinden de inmediato una copia de los inventarios de los productos textiles que alzaron en camiones el pasado 29 de junio en horas de la madrugada, cuando no se le dio la oportunidad a los propietarios de demostrar la legalidad de la mercancía, un claro “abuso de autoridad”.

Recordemos, que los dueños de los establecimientos llegaron al sitio en momentos en que los funcionarios, con el apoyo de la Policía Antidisturbios, cargaban de manera indiscriminada los bultos.

 La abogada Ruth Gamba Rubiana, apoderada de los afectados, habló esa madrugada hasta de falsedad en documentos, porque se escribió en las actas que los comerciantes tuvieron la oportunidad de demostrar los documentos y no lo hicieron. Se califica como un falso testimonio.

“Eso fue totalmente falso.  Los mismos funcionarios llenaron los espacios de las actas”, manifestó la jurista.

Otras de las respuestas que debe dar la DIAN a los líderes comunales es el por qué nunca existió una notificación, no se dejaron copias de las actas, a todas luces una arbitrariedad. El proceso de los comerciantes va camino a exigir que se les restituyan los derechos violados a los afectados.

Este medio habló con uno de los voceros ante esta reclamación y nos confirmó que continúan con la recolección de firmas para solicitar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el rápido relevo del funcionario con acusaciones de arbitrariedades y de irrespeto a la ley.

También conversamos con el vocero del Comité de Convivencia de la Junta de Acción Comunal de San Victorino, Alejandro Barrera Huertas:

“Nosotros como Acción Comunal y ante los atropellos e irregularidades que hemos visto, estamos a la espera de la pronta devolución de la mercancía incautada de manera arbitraria y de ahí empezaremos con los procesos tanto judiciales como administrativos necesarios en contra de los que ordenaron el ilegal operativo. Solicitamos una nulidad de la actuación”, manifestó Barrera.

Además, habló de las consecuencias de mostrarse que los funcionarios pasaron por encima de la ley y de los derechos constitucionales de los comerciantes y trabajadores de los mencionados centros comerciales de Bogotá.

“De no darse la nulidad y devolución de la mercancía, que no es de contrabando, y de la que con documentos se puede demostrar la legalidad, estarían incurriendo en unos perjuicios morales y patrimoniales que se dieron en este exceso de poder y autoridad”, indicó el líder comunal.

El vocero de los comerciantes además habló de otros daños causados por los excesos de los funcionarios de la DIAN, ordenados por Reyes Hernández, que varios comerciantes tuvieron afectaciones en su salud. Es más, se habla de que uno de los dolientes sufrió una afectación cardiaca, que llevó a su reclusión inmediata a un centro asistencial. Se habla de haber sido sometido a una inminente quiebra y de dejar en la calle a unos 30 trabajadores.

Para concluir, podemos decir, que no se trata del primer caso de abuso de poder del director de la DIAN, Reyes Hernández, que tiene una investigación en curso en Medellín por “sustraerse al cumplimiento de una obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía”, hechos ocurridos el pasado mes de diciembre. Supimos por parte de la Fiscalía que pronto se conocerá la decisión en contra del funcionario.

Otros empresarios informaron a este medio que pronto se conocerán los detalles de otra denuncia en contra del cuestionado funcionario, del que este medio estará atento para presentarla en un nuevo informe periodístico.

Redacción Unidad de Justicia

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