Nuevo escándalo permea al director de la DIAN, lo acusan de omitir posible caso de corrupción en la chatarrización 

Luis Carlos Reyes fue enterado del factible detrimento patrimonial que superará los 15.000 millones de pesos. Sin embargo, no actuó ante la denuncia de irregularidades en un proceso licitatorio. Las cosas se las están facilitando a una empresa que siempre se gana la licitaciones.

Unidad de Justicia 

Martes, 25 de julio del 2023

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes Hernández, quien ha sido por estos días foco de cuestionamientos y denuncias por ordenar dudosos operativos, es de nuevo acusado e involucrado en un escándalo. Esta vez, por un posible caso de omisión en un millonario detrimento patrimonial.

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a un documento, radicado ante la DIAN el pasado 24 de junio de 2023, con la que el funcionario es alertado de la “presunta comisión de varios delitos e irregularidades” durante el proceso de escogencia de la empresa que tendrá a su cargo la desintegración de los vehículos atribuidos a esta entidad, para chatarrizar en los siguientes años.

En el escrito se le hace ver a Reyes Hernández que el proceso licitatorio estaría siendo manipulado, de forma extraña, para de manera asombrosa terminar, siendo adjudicado a dedo. De acuerdo con la denuncia se estaría incurriendo en “constreñimiento, tráfico de influencias y amenazas».

Todas las irregularidades buscan, se lee en el documento, sacar a todos los oferentes dejando a uno solo, el mismo que siempre sale favorecido, que se convertiría esta vez en el ganador de la subasta.

No obstante, Reyes Hernández, ante semejante denuncia ha hecho caso omiso a la misma, permitiendo que el proceso licitatorio siga adelante. Por esta razón es acusado ante los organismos de control y Fiscalía por un caso de omisión, ante un posible caso de corrupción.

¿Cuál es el trasfondo del asunto? 

Aclaramos, que de esta denuncia se tienen varios audios que evidencian las irregularidades, de este que es uno de sus más recientes procesos públicos, al interior de la DIAN.

Esta es la historia, resulta que la entidad, en cabeza de Reyes Hernández, inició desde el pasado 16 de junio una licitación para seleccionar la firma qué tendrá a su cargo la chatarrización de una suerte de vehículos a cargo del Ministerio de Transporte en varias ciudades del país.

Sin embargo, de acuerdo con el asunto con el consecutivo SAEBSU-00-002-2023, que habla del “proceso de selección abreviada para la enajenación directa de bienes del Estado a través de subasta pública”, muestra, de acuerdo con la denuncia, se trata de un proceso amañado que terminará siendo adjudicado a la firma Unión Temporal RYM SAS. Curiosamente, “ninguna otra empresa se pudo presentar (…) y los que lo intentaron fueron descalificados” por dudosos procedimientos administrativos, se lee en la carta al director de la DIAN, Reyes Hernández.

Además, EL HOME NOTICIAS obtuvo el documento que envió uno de los abogados de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, Juan Sebastián Duque Posada, en noviembre del 2022, con el que pone en conocimiento a la superintendente de Puertos y Transporte, Aida Lucy Ospina, de las irregularidades que se cometen en caso de contratar a la empresa Unión Temporal RYM S.A.S.

Pero, la denuncia fue ignorada y el contrato de la subasta inversa 009014404 para prestar el servicio de desintegración, desnaturalización y/o chatarrización del parque automotor, autopartes y partes de todo tipo de bienes que se encuentran en estado de obsolescencia y abandono y su disposición final”, terminó adjudicado a la misma empresa, la Unión temporal RYM SAS.

La adjudicación se hizo, denunció el abogado Duque Posada, “a pesar de los múltiples reparos y observaciones que recibió la entidad estatal” durante el proceso licitatorio.

Es más, se precisa que la Unión Temporal RYM S.A.S. recibió una certificación ambiental sin que ésta tuviese Personería Jurídica, tal y como lo exigen 12 resoluciones, tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Supimos, que la licencia ambiental de esta empresa para funcionar en Bogotá fue otorgada a uno de los socios, y no directamente a la firma oferente.

También, la firma de abogados cuestiona el hecho de que esta Unión temporal se presenta con las siglas S.AS., que “corresponde a una Sociedad por Acciones Simplificadas. Sin embargo, revisados los registros de Cámara de Comercio se puede determinar que la mencionada empresa no está constituida como tal”, que figura como una sociedad de hecho, según la matrícula expedida  en Cartagena.

EL HOME NOTICIAS, también tuvo acceso al proceso disciplinario que se encuentra activo en las Procuraduría General de la Nación, E-2482020, del que el Ministerio Público envió copia al Ministerio de Transporte, entidad que a través del Grupo de control disciplinario interno elevó pliego de cargos, por las irregularidades cometidas.

Esto se hizo con base en la denuncia que hizo el veedor del programa de desintegración de vehículos de carga denominado ‘La dignidad camionera’, por habérsele dado la facultad de ser una desintegradora física y total de vehículos de servicio público a la Sociedad Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. 

Esta vez, la denuncia pesa sobre el director de la DIAN, Reyes Hernández, quién a sabiendas de las irregularidades cometidas por la mencionada Unión Temporal en un proceso similar no ha parado el millonario proceso siendo que son dichos proponentes los únicos oferentes que quedaron.

En esta ocasión aparece un nuevo denunciante, el mismo que envió la carta a Reyes Hernández, se trata de Alberto Rojo Pérez, el representante legal de la empresa Unión temporal SCT MERL S.A.S., una de las que -en un cuestionado procedimiento administrativo- fue sacada de la subasta de la DIAN.

Se supo que una de las exigencias de la entidad para adjudicar el contrato es que el oferente tenga una planta o centro de acopio en Cartagena y/o Barranquilla, Cali, Medellín y Cúcuta.

Pero, la empresa SCT MERL S.A.S., una de las firmas en competencia, no tenía la planta en Cúcuta, lo que le obligó para la presentación de  la propuesta a buscar un socio en esta ciudad fronteriza. De hecho, se asoció con la empresa Chatarrización y Desintegración de Vehículos TL, que tiene desde hace años allí su sede.

Preciso, ocurre algo inusual, que el representante de esta firma, William Ojeda, recibe una llamada de alguien que se identificó como de Rafael Naranjo Pérez, quien asegura ser uno de los propietarios de la Unión Temporal RYM SAS, persona que le lanza expresiones intimidatorias para que abandone la sociedad SCT MERL S.A.S.

De todo esto existe un audio, de la conversación telefónica. Lo extraño, hecho que está siendo investigado, “de manera sorpresiva la Superintendencia de transporte ordenó el cierre de la empresa Chatarrización y Desintegración de Vehículos TL, con sede en Cúcuta.

Esto, de nuevo obliga a la Unión temporal SCT MERL S.A.S. a buscar otro socio estratégico en Cúcuta, pero termina recibiendo un ‘golpe bajo’, la misma Superintendencia de Transporte ordena –en esos mismos días– el cierre de sus operaciones en las plantas de Medellín y Bogotá.

Es decir, que el competidor de la Unión Temporal RYM S.A.S. fue sacado del proceso licitatorio a punta de resoluciones y a última hora, dejando así, como único oferente, a la denunciada firma Unión Temporal RYM SAS.

Es más, el pasado 29 de junio la funcionaria Ángela Aldana Naranjo, subdirectora de Tránsito y Transporte, publicó una certificación de las empresas autorizadas para el proceso de desintegración y menciona que la Unión temporal SCT MERL S.A.S, cuenta con cuatro sedes pero que se encuentran en proceso de validación.

Lo que llama la atención es que todo este cúmulo de supuestas irregularidades fueron puestas en conocimiento de Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN, y no ha tomado cartas en el asunto, por el contrario, sigue adelante con la subasta, dejando en solitario a la misma empresa que siempre se gana las licitaciones de este tipo, chatarrización de vehículos.

Recordemos que Reyes Hernández es el funcionario con el mayor número de cuestionamientos de los últimos días. Los comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá, continúan a la espera de la respuesta al Derecho de Petición solicitando explicación referente al irregular operativo de decomiso de mercancía de fabricación nacional que fue presentada ante los medios de comunicación como una operación frente al contrabando.

Este medio periodístico reveló en un anterior informe que Reyes Hernández es investigado por el despacho 165 de Medellín por un caso de fraude a resolución judicial. El ciudadano que es hallado responsable de este delito se expone a una pena de 4 años de cárcel y a una multa de 50 salarios mínimos.

En un próximo informe periodístico EL HOME NOTICIAS dará a conocer los detalles de este proceso que tiene en el ‘ojo de la justicia al director de la DIAN’. Es más, anticipamos, que existe otra denuncia en contra del funcionario, la que contiene hechos supremamente escandalosos, están siendo indagados, recopilación de material probatorio, por parte de nuestra Unidad de Justicia para una próxima publicación.

Para el cierre:

Es que se conocen más denuncias, que cuestionan la administración de Reyes Hernández. Se habla de las dudas que viene generando el concurso de méritos, que –al parecer– se manipulan los nombramientos para llenar las nuevas plazas, en los que prima por encima del normal proceso el interés político. Tenemos un ejemplo, la contratación de Miguel Ángel Ardila Parra, quien participó en el concurso para Bucaramanga y terminó siendo nombrado en el Puerto de Buenaventura.

Redacción Unidad de Justicia 

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