El agente encubierto:

Revelador documento con el que se ordenó que policía, señalado de corrupción, saliera de la POLFA, pero siguió en la Institución

Ya existían informes que dan cuenta que “siendo un  subintendente se movilizaba en camioneta blindada de alta gama y con escoltas”, que le llamaban alias Pablito. Además, de amedrentar a los comerciantes, este uniformado pasó a ser protegido y perseguidor de sus propios jefes, de altos oficiales de la Policía.

Unidad de Justicia

Jueves, 19 de septiembre de 2024

Se trata del testigo estrella, el protegido de la Fiscalía General de la Nación, en la investigación que busca llevar a la cárcel a los jefes del contrabando en Colombia,  quien al verse descubierto incurriendo en casos de corrupción empezó a recoger, en una carrera contra el tiempo, pruebas para blindarse y seguir en la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en donde de manera inexplicable aumentó su patrimonio.

EL HOME NOTICIAS revela en esta nota uno de los documentos, radicado el 10 de julio del 2023, con el que se solicitó la salida de la POLFA del subintendente Álvaro Galvis Acevedo. Se consigna tres meses antes de que fuese nombrado como parte de la operación contra los jefes del contrabando como agente encubierto. Es decir, que antes de adquirir tal inmunidad ya se tenían quejas de «posibles casos de corrupción, de abusos y falta de acatamiento dé la jerarquía y subordinación para el cumplimiento de la finalidad de la Policía Nacional».

Se hizo con base en los informes de contrainteligencia que daban cuenta de su actuación, de “estar favoreciendo actividades por fuera de la ley y recibiendo sobornos”. Otros directores de la POLFA ya habían informado a la Dirección de tener conocimiento de las irregularidades en las que venía incurriendo Galvis Acevedo, pero nunca se tomó una decisión definitiva. Lo que llama la atención es que sus jefes inmediatos más recientes, guardaron silencio.

Cuando a uno de estos oficiales, al capitán Faudel Luis Salazar Piñeros, exjefe de la División de Gestión de Control Operativo Cartagena, se le consultó respecto a la información que llegó a Bogotá por parte de la inteligencia, que a Galvis sus compañeros le estarían llamando como alias Pablito, por sus inmodestias. Además, que venía cometiendo abusos con los comerciantes y se transportaba en camionetas blindadas, acompañado de escoltas, a lo que Salazar negó tener conocimiento de esa información.

Es de anotar que por resolución 1447 del 26 de abril de 2024 este oficial fue retirado de la Policía, del servicio activo. Una fuente en la Institución le dijo a este medio que su salida tuvo que ver con el silencio que guardó respecto a las incalificables actuaciones del SI Gavis Acevedo. No se le llamó a curso de ascenso, fue llamado a calificar servicio.

De hecho, esta respuesta generó dudas, porque para los efectivos de la SIPOL lo que ellos consignaron en su informe era inmensamente evidente, que había dejado de ser un secreto, que hasta sus mandos en Cartagena debieron saber que sus compañeros le llamaban alias Pablito, que se trataba de un suboficial que se venía ufanando de tener tanto poder como para remover o dejar a los jefes de División.

Este subitentende, Galvis Acevedo, es el mismo que mencionamos en un anterior informe periodístico, quien se habría enfrentado verbalmente con su jefe de División, el mayor Peter Steven Nocua Henao, por un desacuerdo en el cobro de los sobornos por el movimiento de los contenedores.

• Dele click aquí para conocer detalles de nota anterior relacionada con este tema: Poderoso ‘agente encubierto’ de POLFA que se ‘atornilló’ en la Policía de la mano de un Ministro, pese a graves informes.

Lo extraordinario en este caso, es que estos uniformados, quienes venían siendo investigados por posibles casos de corrupción, por inexplicable aumento del patrimonio, de recibir sobornos de manos de comerciantes y jefes del contrabando, terminaron siendo protegidos de la Fiscalía, convertidos en agentes encubiertos.

Es más, se supo que la Fiscalía tramitó una orden de captura en contra de Nocua Henao, con base en los mismos informes que comprometían a Galvis. Esta solicitud se echó atrás porque con esa boleta se desmoronaba el proceso que cursa en contra del llamado ‘Zar del contrabando’: Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido,  del mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, coronel Alexánder Galeano Ardila, José Helí Alzate Moncayo y del recién capturado, quien se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria,  Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho.

Es que no se podía expedir una orden de captura en contra del principal testigo en contra de la red del contrabando, de Nocua Henao, declarado agente encubierto, porque le daba firmeza a la hipótesis de los abogados de la defensa, quienes afirman que las pruebas presentadas por estos protegidos fueron forjadas para evitar ser procesados o sacados de la Policía: es esa la razón de llamarlos como “agentes provocadores”.

Esta es la verdadera razón por la que el proceso en contra de los llamados jefes del contrabando en Colombia está en el limbo, porque nació imperfecto, partiendo que arrancó con base en unos informes de inteligencia, ya devaluados, que aportó un general retirado de la Policía.

Se trata del mismo oficial (r) que con base en desinformación ha intentado darle oxígeno –con especulaciones– a una segunda etapa de una investigación cuando la primera aún está sin consolidar, frenada y sin pruebas suficientes para mantenerla en actividad.

Un general retirado hizo el siguiente comentario, respecto a lo que se evidencia es una campaña de desprestigio.

“Es evidente que este General, desde afuera de la institución, ha manejado un doble discurso, que su paso por la Policía fue vergonzoso, debido a sus constantes mentiras, sus montajes y sus investigaciones irreales. Ahora, busca enlodar a aquellos que sí hicimos un buen trabajo, a los que salimos de la Policía sin investigaciones y con la frente en alto”.

Pero asombra que en este mismo escenario siguen apareciendo elementos que generan las dudas de la excelencia de los llamados agentes encubiertos, que habrían articulado encuentros, citas, reuniones, con los procesados, para provocar sus caídas, siendo este el principal argumento de los apoderados de la defensa, que “habrían instigado a los ‘contrabandistas’ a cometer un delito o acto punible, para ser entonces unos agentes provocadores”. Es más, que lo hicieron para evitar que los procesaran por corrupción.

La pregunta que surge en medio de esta trama, en la que los principales testigos no ofrecen ninguna confianza, es ¿Si ya existía una relación directa con los contrabandistas, ya había denuncias del tema, el recibimiento de pagos, por qué estos uniformados protegidos no denunciaron antes semejante irregularidad?

En el caso del subintendente Galvis Acevedo se conoció de primera mano que empezó a recopilar pruebas al descubrir que ya había una solicitud dirigida al general William René Salamanca con el consecutivo 2960 de sacarlo de la POLFA, de dar por terminada su comisión administrativa en la DIAN, para “evitar que se lleguen a presentar hechos que afecten la transparencia institucional”.

Esta es la solicitud que se hizo al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, de reubicar al subintendente Álvaro Galvis Acevedo, esto ante los informes de inteligencia que daban cuenta de una suerte de irregularidades.

No se descarta que ahora este poderoso agente encubierto sea uno de los protagonistas de las declaraciones que  vienen lanzando por el piso la imagen de altos mandos, de Generales activos y retirados de la Policía que de una u otra manera tuvieron que ver con la orden de traslado y del despegar de una investigación en su contra.

Otra pregunta: ¿Quién es el poderoso político que lo resguarda y por qué lo hace? ¿Quiénes están detrás de la llamada ‘casería de brujas’?

Uno de los permeados por esta ráfaga de señalamientos y acusaciones es el general retirado Tito Yesid Castellanos Tuay, quien fue subdirector de la Policía Nacional, a quien señalan de supuesta relación con alias El Bendecido. El alto oficial afirmó en reciente entrevista a la revista Semana que viene siendo “víctima de un montaje”.

Son indudables las historias de procesados que han sido enviados a la cárcel por el testimonio de alguien, que dijo haber escuchado de un tercero el relato de unos hechos. Esto qué quiere decir, que el denunciante no conoció lo que asegura saber a través de sus propios sentidos. Estas son las llamadas ‘oídas’: que fue algo que vio o la imagen de una reunión social en la que supuestamente estuvo y sin contundencia jurídica.

En este orden de ideas a la pregunta que la revista Semana le hace al general (r) Castellanos Tuay de su presunta relación con el señalado contrabandista respondió: “Nuevamente le digo, desafortunadamente, y vuelve el mismo caso como El Bendecido, de oídas manifiesta este señor que él escuchó (…). Entonces, comienza uno a ver que están amañadas las cosas. Situaciones que realmente no son ciertas, no se ajustan a la verdad y que desafortunadamente lo que dañan es la dignidad de la persona, que es lo que buscan”.

¿Qué ha pasado con las audiencias en contra de los señalados contrabandistas?

Las audiencias por el caso que tiene privados de la libertad a Orozco Baeza y a otras cuatro personas más, entre civiles y dos uniformados, se ha venido aplazando y cambiando de despacho. Aún después de que la Fiscalía radicó el escrito de acusación está corriendo el reloj, mientras el proceso hace escala en la Corte Suprema de Justicia, que deberá dirimir la competencia judicial, y no se tiene fecha ni la hora del juicio.

Las razones del estancamiento, están desde errores de procedimientos hasta la posible falta de suficientes elementos probatorios. En este espacio jurídico empezó a rondar el fantasma de un posible vencimiento de términos, lo que dejaría en la calle a los procesados y al abismo una supuesta “segunda fase de la investigación”.

En una reciente audiencia, previa al juicio, se presentó una impugnación en cuanto a la competencia del juez que recibió por asignación el caso. El planteamiento es que este proceso debería ser remitido a los jueces penales del circuito ya que son los competentes para este caso y no los jueces del circuito ordinarios, porque se está hablando de delitos tales como concierto para delinquir.

Una opinión de la que estuvo de acuerdo el fiscal delegado: “Efectivamente, coincido en que este debe ser un proceso que debe ser radicado ante los jueces penales del circuito especializados, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 35 del Código de Procedimiento Penal”, manifestó.

Redacción Unidad de Justicia

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