Denuncia explosiva en la Policía: patrullera acusa a coronel de tortura psicológica y montaje judicial tras negarse a infiltrarse en red criminal

Una joven patrullera denuncia haber sido presionada, intimidada y sometida a torturas psicológicas por un coronel de la Policía para obligarla a convertirse en agente encubierto sin capacitación. Tras negarse, asegura que fue víctima de un montaje que la llevó a prisión, mientras pruebas clave —como un video que desmiente la versión oficial— habrían sido ignoradas por las autoridades.

Redacción Investigativa

Domingo, 19 de abril de 2026

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso exclusivo a una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por una patrullera de la Policía Nacional que describe un presunto caso de abuso de poder, constreñimiento y manipulación de procedimientos judiciales al interior de la institución.

Según su testimonio, la uniformada, de 26 años —con apenas dos años de servicio— habría sido sometida a presiones indebidas por parte de un coronel, quien intentó obligarla a convertirse en agente encubierto para infiltrar una supuesta red criminal vinculada al contrabando y al narcotráfico.

De acuerdo con la denuncia, la patrullera fue retenida durante cerca de dos horas en la oficina de su superior. En ese tiempo, el oficial le habría quitado su teléfono celular, obligado a desbloquearlo y revisado sus conversaciones privadas, bajo la sospecha de supuestos vínculos con uno de los integrantes del llamado ‘Clan de los Soles’, con incidencia en Venezuela.

La uniformada negó de manera reiterada cualquier relación con estructuras criminales y argumentó que no contaba con la formación necesaria en inteligencia o contrainteligencia, advirtiendo además el alto riesgo para su vida. A pesar de ello, asegura que fue amenazada con ser judicializada si no accedía a colaborar.

Posteriormente, según su relato, fue trasladada a dependencias de la SIPOL, donde habría sido sometida a presuntas torturas psicológicas, incluyendo la presión para enviar mensajes falsos que luego podrían ser utilizados en su contra.

De víctima a acusada: el presunto montaje

Los hechos se convierten en un posible montaje cuando, en medio de un procedimiento oficial de acompañamiento a un empresario que solicitó protección a través de la línea de emergencias, la patrullera quedó en el centro de un desacuerdo.

Durante el operativo, un grupo de policías en un puesto de control la acusó de impedir una requisa, desobedecer órdenes e incluso agredir a un compañero, no solo de manera verbal sino física, de utilizar su casco para golpearlo.

Sin embargo, la versión cambia radicalmente con un elemento clave: EL HOME NOTICIAS obtuvo un video de seguridad de aproximadamente 22 minutos que, según se observa, contradice la versión oficial, la que dieron cuatro policías que terminaron acusando a la joven patrullera y a su compañero del cuadrante.

Las imágenes muestran la manera como una camioneta Toyota de color blanco es requisada por los policías del puesto de control, que no hubo agresión ni obstrucción del procedimiento, se observa un ambiente de confianza entre los policías y el empresario, que venía siendo escoltado.  A pesar de ello, este material no habría sido incorporado al proceso judicial, con el que llevaron a la cárcel a la patrullera. Siendo que el mismo habría llegado a poder de la Fiscalía.

Es que con base en los informes de los uniformados del puesto de control, la patrullera fue denunciada ante la Justicia Penal Militar por uno de los policías del puesto de control—, eso sí, se cree que con la previa aprobación del coronel al que en anterior radicado ante los entes de control ella había señalado—. De acuerdo con la denuncia, se estima que el oficial contó con la colaboración de los policías que dieron una dudosa versión de unos supuestos hechos, que terminaron con la judicialización de la patrullera.

El 27 de diciembre de 2025, fue capturada junto a un subintendente y trasladada a Bogotá en un operativo de alto despliegue, como si se tratara de una persona de alta peligrosidad.

Ambos permanecieron 30 días privados de la libertad, mientras un fiscal y un juez acogieron la versión institucional, sin que —según la denuncia— se valoraran pruebas determinantes.

Este caso, lejos de ser un episodio aislado, se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos documentados por EL HOME NOTICIAS sobre el uso de operaciones encubiertas al interior de la Policía Nacional. Las investigaciones apuntan a posibles irregularidades en el manejo de herramientas de gran valor, como bases de datos de entidades estatales —entre ellas la DIAN— y sistemas de análisis como Perseo, que habrían sido utilizados para la elaboración de informes cuya incidencia resultó determinante en la salida de oficiales de alto rango.

Uno de los antecedentes más relevantes es el del subintendente Álvaro Galvis Acevedo, exintegrante de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena, señalado por miembros de la propia institución por presuntas conductas irregulares y un incremento patrimonial que no habría logrado justificar. Según estas versiones, Galvis habría sido posteriormente incorporado a labores encubiertas, desde las cuales terminó señalando a varios de sus compañeros, en un giro que hoy genera serias dudas sobre la transparencia de dichos procedimientos.

A esto se suman advertencias de fuentes consultadas sobre eventuales vínculos entre este funcionario y el abogado Daniel Ernesto Prado, identificado como hombre cercano al presidente Gustavo Petro y actual embajador en Bélgica. Estas relaciones, de confirmarse, podrían sugerir posibles niveles de influencia de un suboficial de la Policía en asuntos que terminaron perpetuando la corrupción en el puerto de Cartagena.

Pantallazo de noticia anterior publicada por EL HOME NOTICIAS.

• Dele clic aquí para ver la noticia relacionada: la fotografía de Álvaro Galvis con el abogado de Gustavo Petro, el ahora embajador, Daniel Prado Albarracín. 

A las denuncias formuladas por otros miembros de la POLFA también está su reiterada exposición, ante colegas, como un hombre con supuestas conexiones en las más altas esferas del poder. Según testimonios recogidos por este medio, Galvis Acevedo habría asegurado contar con acceso directo al Gobierno, al punto de influir —según sus propias afirmaciones— en la designación y remoción de directores de su Unidad dentro de la Institución. Un comerciante consultado también señaló que el uniformado afirmaba tener libre acceso a la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, un lugar reservado para visitas oficiales de alto nivel.

En la misma línea, una fuente de la POLFA en Cartagena indicó a este medio que instancias de contrainteligencia ya tendrían conocimiento de la presunta relación entre Galvis y el abogado Prado, con base en mensajes internos en grupos de chat. De acuerdo con esta versión, existirían indicios de que el subintendente habría asumido gastos de hospedaje durante la estadía del jurista en la ciudad, específicamente en el Hotel Santa Clara de Cartagena, un hecho que, de confirmarse, abriría una nueva línea sobre la naturaleza y los alcances de dicho vínculo.

No se puede dejar pasar por alto la salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional, la que habría estado precedida por un controvertido informe de inteligencia que, según diversas fuentes, se sustentó en información no verificada y de origen cuestionable. Dicho documento —atribuido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— lo señalaba, sin evidencias concluyentes, de participar en un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro.

El reporte, calificado por conocedores del proceso como un “anónimo”, sin ningún tipo de soportes, presuntamente manipulado, advertía sobre planes de sabotaje en ciudades como Barranquilla y Cali. A partir de estas alertas, que no habrían sido debidamente corroboradas, se desencadenaron decisiones que culminaron con el retiro del oficial, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en la institución y revelando serias dudas sobre la rigurosidad y el uso de la información de inteligencia en este caso.

El escandaloso tema abre interrogantes de fondo sobre la conducción de la inteligencia y la contrainteligencia en Colombia, no solo en la Policía Nacional, sino también en organismos como la DNI. Más allá de responsabilidades individuales, lo que emerge es la posibilidad de fallas estructurales en los controles internos y en los mecanismos de supervisión de estas operaciones.

En ese sentido, la denuncia trasciende a los protagonistas y plantea una alerta mayor: la posible configuración de un patrón sistemático de desviación de funciones dentro de entidades responsables de la prevención para la seguridad del Estado.

La pregunta resulta inevitable: ¿Se están utilizando las herramientas de inteligencia para combatir el crimen o para construir expedientes difamadores?

Corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar si se trata de un caso aislado o de un esquema más amplio que compromete la integridad institucional y la confianza pública.

Redacción Investigativa

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