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11 mayo, 2024

Carta abierta al constituyente imaginario, columna de opinión del abogado y escritor Rodrigo Zalabata Vega

Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia ante la Corte.

Carta abierta al constituyente imaginario

Domingo, 12 de mayo de 2024

Por: Rodrigo Zalabata Vega

Abogado y escritor colombiano

Si se pudiera por norma constitucional, si no por regla cardinal de ética política, tendría que prohibirse en una democracia toda iniciativa de poder constituyente, que se proponga la refundación del Estado, cuyo origen sea un ismo; es decir, aquellas ideas que nacen al final, al realizarse en su extremo; llámese cristianismo, uribismo, petrismo, o cualquier fórmula de salvación divina o terrenal.

Por concepción, la democracia nace de las entrañas de su pueblo, a su imagen y semejanza, para bien o para mal con las virtudes y defectos del ser humano, eligiendo a su cuenta y riesgo el libre albedrio de su destino; por esta razón, no es concebible en su seno un espíritu santo que se auto conciba como su salvador.

Pero se prohíbe su misma prohibición. Por principio, la democracia se determina con un carácter irrefrenable, que nada le prohíba el ejercicio de la libertad que se ha dado para vivir su pueblo. Tal se manifestó en su juventud alborozada en el Mayo del 68 francés: “Prohibido prohibir; queda abolida esta prohibición”. No como un ejercicio político con su gobierno sino la expresión natural de la vida libre.

Incluso, los principios están invalidados en su origen, porque ¿en dónde nacen? Nos inquiere, sin dejarnos poner un pie en tierra, Julio Cortazar en Rayuela.

En esencia, en una democracia no hay principios sino consensos. Expresada en términos poéticos la Constitución es la manifestación jurada del sentimiento nacional, carta magna de amor en cuyo presente contamos a nuestros ancestros que les hemos correspondido en sus sueños por cumplir.

Por ellos, todos los gobiernos del mundo democrático tendrían que saber de antemano que son elegidos para obedecer los dictados constitucionales establecidos, no para signar, motu proprio, con carta marcada, cuál sea el destino que deba anticiparse a su pueblo.

La democracia que se soporta en un salvador tiene la forma moderna de una teocracia. Mientras el mesianismo se camufla en el atenuado caudillismo.

Lo que no distingue los ismos ideológicos: capitalismo, comunismo, socialismo, o cualquier jaula armada con lógica, abierta para aprehender la libertad del mundo.

Ni sus derivados políticos: liberalismo, conservatismo, progresismo, cuya toma de partido sea la promesa de libertad para gobernar la vida de sus gentes.

Asamblea constituyente como iniciativa de gobierno

Por la misma contradicción política, en Colombia los gobiernos y la oposición coinciden y se critican, cada tiempo, su mismo error: convocar una asamblea constituyente cuando les es propicia, inducida su motivación. Lo que devela que, cuando una iniciativa de ese tipo parte del gobierno de turno, sea cualquiera su razón, corresponde a un interés político, marcado, y no al diseño constitucional.

Es más evidente cuando el caudillismo se superpone a la historia del mundo. Por eso las iniciativas constituyentes de gobierno tienen que interrogarnos ¿qué es lo que quiere aprobarse envuelto en papel regalo de Constitución?

Suele ocurrírsele, si un gobernante propone la salvación constituyente, en realidad está salvándose a sí mismo. Sobre todos, si tiene a su haber reformado la Constitución para reelegirse. Como se propuso el uribismo, al pretender una Constitución a la medida de Uribe, con una pequeña Corte Suprema de Justicia, justa como un túnel de escape.

También es posible, un gobernante dispuesto a sacrificarse por pasar a la historia como salvador; como Salvador Allende, por ejemplo. O el presidente Petro, cuya convicción mesiánica quiere llevarlo a derrumbar la casa constitucional si a su diseño originario no le aprueban las reformas que él propone.

Por lo contrario, guardan el mismo significado, se asumen salvador de su pueblo. Un síntoma latente en el cuerpo social de que no están funcionando sus órganos públicos. Algo que sería remediable o, incluso, evitable si operara la democracia.

Si en Colombia gobernara el pueblo por mayoría, como ordena la democracia, nos hubiéramos evitado a Álvaro Uribe, quien prometió salvarnos con dolor de patria, y no le alcanzaron dos presidencias, más adición, con remedio de sangre y fuego.

O remediado el acusado delirio de salvador en Petro, de haber evitado, por mayoría, un Congreso de minorías mayoritarias de clanes clientelistas, al tiempo que elegimos, en cabeza del presidente, proyectos de cambio para ser aprobados por leyes en manos de representantes del pasado que queremos cambiar, encerrada Colombia en un Congreso que mantiene cautiva la democracia.

Las guerras constituyentes

Podríamos concluir que los grandes conflictos políticos se presentan en ausencia de la democracia. Basta recordar nuestra vida política. La patria boba, en los albores de la república, en que centralistas y federalistas disputaban la forma de organización del Estado, mientras el pueblo descalzo se quedaba ajeno a los bienes de la patria que se arrogaba la clase criolla de manos de la Corona. O las nueve guerras civiles del siglo XIX, sumados más de cincuenta conflictos fragmentados en sus regiones. Al final de sus guerras, el partido triunfante se mandaba a hacer una Constitución sobre medida, con el poder constituyente con que se proclamaban sus gobiernos; las de 1863 y 1886 fueron sus marcas de fuego. La guerra de los mil días recibe con sangre el siglo XX, con más de cien mil muertos en apenas dos años. El primer ciclo creció la espiral del conflicto de nuestra contrariada historia, con tal fuerza que se llamó con nombre propio “La Violencia”. Las etapas de su curso lo indican, “La Hegemonía Conservadora” y “La República Liberal” significaron de un lado u otro el predominio de la clase política sobre sus gentes, denunciado por Jorge Eliécer Gaitan como noticia anticipada de su sacrificio. Su grito de caudillo liberaba la libertad que se le había negado a su pueblo, que de existir la democracia nos hubiera servido de dirigente y no de mártir. Su muerte entrañó una ruptura profunda en la sociedad y su clase política que no dio cuenta de ello, lo que estalló la lucha de clases sin reconcilio. El Frente Nacional fue la toma de la política por el partido Liberal y Conservador, en cucharadas de gobiernos bipartidistas, para bajar la fiebre de violencia en el cuerpo social. Excluido el país nacional de su gobierno, epicentro de confluencia de la democracia, sobrevino la guerra ideológica de los ismos de derecha e izquierda por ser dueños del Estado. El pulso tomó fuerza entre lo legal e ilegal y entrambos, y se apoyaron en el músculo financiero del contrabando, narcotráfico y armas, en manos de la corrupción.

En fin, la cruenta historia de guerras de poder por asumir un Estado de dominación, aupadas por el mismo interés: apropiarse el gobierno de privilegios, sin la conformación de una nación con quienes compartir un destino común.

El estado de cosas no miente. El estado económico del Estado político de Colombia, en 200 años de vida institucional, presenta un saldo en rojo, si en su haber tiene más muertes segadas que vidas cultivadas. Somos una de las tres sociedades más desiguales en posesión de la tierra en la Tierra; tal, una población con territorio, pero sin tierra. Y una de las tres más inequitativas, en tanto una minoría de ricos tiene de más lo que menos tiene la mayoría de pobres. La misma relación que guarda el Estado, en manos de su clase política, con su democracia.

El agujero negro de la Constitución

Padecida nuestra historia, debemos estar precavidos que una iniciativa constituyente de origen gubernamental guarda un interés político, partidista, antes que la estructuración del Estado de la nación, como su razón de ser. Lo cual desataría una guerra de poder de los mismos partidos, cuya balanza se incline por el peso económico del establecimiento dominante: lograr la victoria aparente de que todo cambie para que nada cambie. El hecho de que Germán Vargas Lleras haya manifestado estar de acuerdo con Petro, en contraposición bélica, para darle la batalla, significa que confía en su ejército clientelista regional, con sus pertrechos electorales dispuestos a darle la mano, para avanzar desde las provincias a la recuperación del Estado centralista en que nació, creció y heredó.

La verdadera democracia se funda en órdenes constitucionales dadas de antemano por su pueblo. Los procesos constituyentes sobrevinientes deben ser autogestionarios, deslindados de las instituciones, cuando los hechos desbordan las leyes que conforman al Estado. Inclusive dentro de sí, la democracia moderna se creó con la virtualidad de permitir sus mismos cambios cuando sean requeridos, antes que derrumbar la estructura institucional.

La democracia es la única teoría filosófica que le da la razón a la vida verificable en su manifestación.

Nuestra Constitución política del 91 da testimonio de ello. El proceso de la séptima papeleta, de donde se originó, concebido por jóvenes universitarios, se hizo vocero de un país que se sentía atragantado en el confesionario de la Constitución del 86, sin poder expresarse libremente en los escenarios de la democracia.

De tal suerte que la Constitución del 91 reconstruyó la casa republicana, con el sueño de la paz donde aguardar la democracia. Todo su diseño institucional está concebido para que convivamos en igualdad de derechos. Pensada para que confluyera el país político, si transcurridos 200 años se había tomado el Estado como casa propia, en el país nacional, como parte de todos.

Pero sucedió lo contrario. Al igual que en el cuento “Casa tomada”, de Julio Cortazar, la clase política fue irradiando su presencia oculta en el interior de la casa republicana, llegada a apropiarse los mismos derechos de sus hermanos connacionales, hasta lograr despojarlos de lo que les es propio.

No olvidamos que la Constitución del 91 se levantó en el terreno movedizo del renaciente neoliberalismo, la misma teoría que concibe los derechos vitales como una oportunidad de negocios con la venta de órganos de la nación. Así se giró el artículo 365, que autoriza la prestación de los servicios públicos a los particulares. Se interpretó que a través de empresas de lucro podían acrecentar el capital financiero de privados y por ellos generarles los empleos necesarios a los nacionales con qué pagar sus propios derechos a precios de mercado.

Tornaron ese artículo un tragadero astronómico de institucionalidad, capaz de arrogarse la constelación de derechos rutilantes de la Constitución. Tal cual los agujeros negros en el espacio hacen girar todo el sistema estelar alrededor de su poder de atracción con que se van tragando las estrellas de sus galaxias.

Al tiempo que la Constitución del 91 izó las banderas de la democracia, con todos sus mecanismos de participación puestos a disposición; voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato, listados en el artículo 103; los derechos esenciales de sus ciudadanos se los ofrecieron como mercancías en el mercado del neoliberalismo. Así sus bienes políticos, cosificados, quedaron reducidos a la vocinglería de los políticos que venden a sus electores la heredad de derechos que forjaron sus antepasados.

Si bien dispuso instalar, por fin, la democracia en Colombia, jamás se imaginó que sus mecanismos de participación política los reducirían a maquinarias de refrendación electoral, con el cuño de partidos de clientelismo extremista. Con el albor que el constituyente imaginario se propuso crear un nuevo paisaje en el país de sus paisanos, se creyó que su territorio, yerto de ausencias, contados 200 años de siembra de cadáveres; cosechada la cizaña de la guerra, iniquidad, contrabando, narcotráfico, corrupción y demás plagas de nuestra historia sagrada; sembrada la paz podía renacer la generación de la esperanza.

Pero se sembró igual en el terreno político y no en el territorio nacional. Los pertrechos de la nación en manos de políticos nos llevarían una vez más al conflicto. Por su naturaleza, la democracia sola nace, crece y se reproduce en medio del pueblo. Permitir que la participación democrática quede bajo el poder de los llamados a obedecer el mandato popular, en los escaños de representación, es un contrasentido. Por eso vemos a la clase política, armada tal fuera una guerrilla atrincherada en el Congreso, defendiendo al establecimiento de los debates de la democracia, que ataca y huye para no votar los cambios al statu quo, los que ya votó, al menos, la mayoría electoral al elegir el presidente, mientras afuera las gentes mueren en los campos y ciudades en la guerra por la supervivencia.

El poder que sí tienen quienes están al frente del Estado es conjurar la violencia que se resiste a los vitales cambios. Si ya el constituyente originario prefiguró su destino: la paz; pero se robaron el camino institucional para llegar allá. Luego el problema no son los pilares del diseño constitucional de la casa republicana sino la adecuación de las reformas para que pueda llegar a vivir en paz la democracia.

El punto de inflexión institucional que significa la Constitución del 91, se propone, precisamente, la construcción de la democracia en Colombia. Se pensó, en su proceso constituyente, que, si los fenómenos de violencia escalada de nuestra historia; política, guerrillera, paramilitar, contrabando, narcotráfico, corrupción, social callejera; ya se tornaban superiores a las fuerzas de control estatal, se debía a la exclusión que había generado el predominio de la clase política bipartidista que había hecho del Estado su reducto establecimiento.

Se creyó, en la lectura del evangelio laico de la buena nueva Constitución, que las fuerzas del Estado podían consagrarse a la rehabilitación de esos fenómenos, en virtud de la democracia. Pero esa fe devino del mismo país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, ungido por la Iglesia Católica, en la Constitución de 1886, ya que resucitó en los púlpitos del Congreso y en un régimen presidencialista que cree la asunción del presidente como la llegada del salvador.

Pero sucedió lo contrario. El poder de la democracia arrogado por los políticos puede hacer de la Constitución una chequera en blanco, con cargo al presupuesto nacional y giro directo a los bolsillos de particulares. Y hacer del ejército constitucional un pelotón de fusilamiento sin pena de muerte. Así mismo, de los derechos de sus ciudadanos un negocio redondo que se le vende a sus dueños.

De esa fe ciega que invoca el nombre de la democracia nacen sus ismos; llámese gaitanismo, uribismo, petrismo, sea quien anuncie reestablecer el paraíso en la tierra prometida; ya que es su propia negación, la mimetización teológica de un salvador con criterio y partido político, si asumimos que el gobierno del pueblo (democracia) es la participación estructural del pueblo en su mismo gobierno, una organización de vida cuya toma de decisiones está basada en el consenso.

La democracia es tan fundamental que se forma en los hechos y no en el derecho que la conforma.

Por esa razón, la disposición pragmática de las sociedades modernas, representadas en la organización política de su Estado, es hacer que la necesaria democracia representativa, legitimada de hecho por la participación ciudadana, no quede de derecho en propiedad de su clase política hecha al gobierno. Pero ello puede evitarlo la misma democracia, haciendo autoinmune su cuerpo social con su poder sanador: “Los males de la democracia se curan con más democracia”.

La participación democrática que concita el referendo

Hacer que los derechos sean ciertos implica, de hecho, en un Estado social de derecho, que la sociedad decida, en la base de su construcción piramidal, las órdenes políticas que los llevados al poder estatal deban obedecer; desde la formación de la ley que se hará su soporte, su ejecución administrativa, hasta la garantía de que esos derechos se harán cumplir por la justicia.

La democracia presta sus propios recursos. El mismo presidente Petro, con su elección, le debe su favor a la Constitución del 91, nicho ideológico y conductual del destino político que se ha dado Colombia; algo impensable en la hegemonía liberal conservadora imbricada en la Constitución del 86. De tal suerte que la lucha que crea estar librando no será, en ningún caso, fuera de la Constitución, sino, en consecuencia, por la realización de la democracia consagrada en su anuncio.

Obedecido a esa regla constitucional, no se entiende la iniciativa presidencial de una asamblea constituyente que dará muerte a la Constitución, la que dio partido de bautismo a sus variopinta hijos nacionales en testamento de sus derechos, los que hoy reclaman con justicia, después que unos usurpadores se los robaron, representantes espurios que se han dado en llamar padres de la patria.

Los reclamos que hace el presidente Petro se integran con quienes votaron por los programas de gobierno que lo promovieron a la presidencia. Los que se resumen en proyectos de ley presentados en el congreso, combatidos por una barricada congresional, urdida por clanes políticos regionales intrincados en la administración pública con el poder central del establecimiento al dominio del Estado, impuesta clientelarmente sobre la democracia.

Esa contraposición de planos, un poder nacional que elige al presidente, en quien se fincan las esperanzas del destino común, frente a un poder regional, en el que se relacionan los intereses particulares que se tranzan a través de la política, suelen estar coordinados si predomina la maquinaria clientelista que hace del Estado una mesa de negocios que multiplica el capital privado, más aún si en ella interviene el factor exponencial del narcotráfico donde legalizar sus dineros.

Pero puede suceder, por primera vez con el arribo del presidente Petro, que su poder nacional no corresponda al poder regional de los clanes políticos que, con clientela de vieja data, conformaron una bancada en el Congreso que evitará, como ha sucedido, que prosperen los programas de cambio, plasmados en ley, por los que se dio la elección presidencial considerable políticamente plebiscitaria.

Esta disrupción en la integración de las instituciones del Estado, ya que tanto el ejecutivo, con sus programas de gobierno, como el legislativo, con las credenciales de representantes del pueblo, reclamarán su legitimidad oficial, solo puede ser solucionada por la democracia manifestada en sus mecanismos de participación ciudadana del orden constitucional.

Dado este enclave institucional, apelar a una asamblea constituyente por acción presidencial es hacerse juez y parte en este proceso de la historia. Si las demandas políticas del presidente Petro se dirigen, precisamente, a reestablecerle a los colombianos sus derechos, consagrados en la Constitución del 91, los que les fueron arrasados por la corriente del neoliberalismo, no tiene ningún sentido derribar el marco constitucional que los protege si se trata de defenderlos.

Si, además, esas propuestas de cambio son de trámite de ley ordinaria, mucho menos sentido tiene una asamblea constituyente.

Si bien la democracia tiene su escenario natural en las calles y plazas públicas, su manifestación en las marchas convocadas por el gobierno y la oposición, de quedarse palpitante en su lugar, incita la crispación de ánimos y la polarización de las distintas opiniones que por fuerza de la razón querrán prevalecer como verdad.

Por ello, la democracia necesita canalizar sus energías a través del Estado en su sistema constitucional, para que la sangre ancestral corra por sus venas institucionales y no se derrame del cuerpo de su sociedad.

Si se necesita aprobar unas leyes de reforma institucional, que tienen la bendición plebiscitaria del pueblo mayoritario cuando eligió a su presidente, las que el Congreso de mayorías minoritarias, en guardia de oposición, pelea por no aprobarlas, la Constitución, entre sus mecanismos de participación directa, prevé el canal justo de confluencia democrática: EL REFERENDO.

Consiste en presentarle al pueblo, por iniciativa de gobierno, un proyecto de ley para su aprobación en votación mayoritaria, o para que derogue una ya existente. Brindaría su oportunidad democrática de resolverse sus contradicciones políticas, cuando su voluntad electoral se ve interferida por el trámite en sus instituciones.

El gran Acuerdo Nacional

Qué más democrático sería que el pueblo decidiera, de manera directa, hacer efectivos los derechos que de suyo le son propios por su voluntad de constituyente primario, en tanto sienta y piense que le han sido conculcados y se presta la oportunidad para recuperarlos.

Grande momento para la democracia que la voluntad general de su pueblo, consagrada en el sufragio universal, recuperara la salud, educación, dignidad de su trabajo y seguridad social entendidos sus derechos, como los bienes entrañados legado de la sangre de sus ancestros. Y que quedara el testimonio para la historia de que nunca debió suceder que se convirtieran en cosas enajenadas para el usufructo capitalizado por intereses particulares.

Pero ello tendría su verdadero valor histórico si, propiciada la iniciativa de gobierno por el referendo, se convocara al pueblo, manifestado en sus fuerzas activas deliberantes, a participar en la formación del proyecto de ley que se presentará a consideración de la votación democrática que dirá sí o no a su aprobación.

Asumamos el momento reverente de convocar el gran Acuerdo Nacional persignados de derecha a izquierda, desde Álvaro Gómez a Gustavo Petro, y desde el pasado hacia el futuro, como un acto de fe en Colombia. Pero no de puertas para adentro en palacio con los partidos de oposición, tal han sido los acuerdos de barriga llena con que se ha gobernado a la democracia en el país político, sino en el consenso de su base popular sobre la cual construir la democracia que sostenga su institucionalidad en el país nacional.

De hacerlo posible, la cuestión va mucho más allá de aprobar las reformas prometidas que llevaron a su gobierno al presidente Petro, las que quedarían a la deriva al vaivén del gobernante de turno cada cuatro años, si por su interés político decide impulsar las contra reformas. Por lo tanto, la democracia debe estar salvaguardada por su mismo pueblo, dueño de las armas políticas accionadas en los mecanismos de participación, para hacer de su fortaleza su gobernabilidad.

El convocado referendo se propondría llevar a su aprobación, más allá las reformas frustradas en el Congreso, la reforma política que active los mecanismos de participación directa del pueblo que lo haga al control de su democracia. Ello implicaría, si hacemos efectivo el Estado social de derecho, reconocer la política como el principal derecho de los colombianos, por el cual proteger todos sus derechos; lo que exigiría, a su vez, asumirla como su mayor responsabilidad entre la sociedad. Y asumir su costo como el principal servicio público a su cargo.

Asumir la política con la responsabilidad pública en una sociedad democrática, conlleva que ese derecho se ejerza con la obligatoriedad requerida, llevado a cabo, en acción electoral, a través del voto. Pero si la libertad en la democracia prohíbe su misma prohibición, podríamos llamarlo el voto necesario. La libertad individual ejercida por todos hace libre a toda su sociedad, pero librada por pocos puede causar la condena de quienes no la ejerzan. La política lleva implícita la libertad, a través del ejercicio consciente del poder ejercerla; se ejerce o se padece, nos advertía alguna vez Luis Carlos Galán. Diciente, es el lenguaje de la democracia, que, de acuerdo, al lograr sus consensos su fortaleza la hace inexpugnable. El voto obligatorio se hace necesario.

La libertad abstracta, como conquista de la razón, tiene que atravesar el espacio de la realidad, con todos sus controles. El poder de hecho que puede capitalizar el dinero, en medio de la libertad irrefrenable que garantiza su derecho, puede hacer del Estado su propio establecimiento, llegado a dejar por fuera al dueño de su gobierno: el pueblo; en el que se compran y venden las consciencias, sujetos de la ley del mercado de oferta y demanda. Lo único que puede equilibrar esa fuerza fáctica avasallante, es la manifestación de la voluntad general expresada en el ideal del bien común. Hacer posible su mayor derecho colectivo implica la financiación estatal de la política, para que ningún particular imponga la sinrazón de su dinero. En consonancia, los partidos políticos, ya financiados por el Estado, serán libres de consciencia para definir en su organización y convenciones sus programas y candidatos representativos. Arribado al poder de gobierno derivado, nadie podrá reclamar la utilidad interesada en lo que no ha invertido.

La Constitución del 91, ventana institucional de la casa republicana, nos asomó a la democracia, cuyo relato de derechos nos hizo soñar con despertar un mañana en paz. Hoy no ha sucedido si bien el destino sigue abierto. Pero se debe superar su apariencia institucional, bajo el entendido de la clase política de que la ejercen cuando llevan de la mano a votar a sus gentes. Los fenómenos de violencia de nuestra historia; guerras políticas, contrabando, narcotráfico, entre todos; son la otra cara del ansia de vivir que se topa con la muerte cuando le niegan su expresión. Por eso la política tendría que ser la vitalidad de la voluntad popular y no el gesto posado de quien se hace el elegido. Por ellos, en lugar de la democracia, a los políticos solo tendríamos que pedirles que sean honestos dirigentes, diligentes, no hacen falta caudillos que sustituyan el carácter de su pueblo, mucho menos salvadores que tengamos que lamentar como mártires.

Señor presidente. En gracias del pueblo que le concedió arribar a su gobierno en una manifestación democrática, lo honrado es que usted, integrado el gran Acuerdo Nacional, para ser decidido en un referendo institucional, en virtud de una manifestación de gobierno le devolviera al pueblo su democracia.

Columnista invitado por el HOME NOTICIAS

Rodrigo Zalabata Vega

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