Otras empresas en la lupa del Ministerio del Trabajo:

Empleadas de restaurantes en Guatavita demandan a familia de empresarios por no pagar lo de Ley

Aseguran que sus jefes, de ascendencia mexicana, nunca pagaron la seguridad social integral, ni sus prestaciones sociales, ahora se niegan a responder por lo que les corresponde. Se está hablando de abusos y acoso laboral.

Unidad de justicia

Martes, 10 de septiembre del 2024

Recientemente se conoció de la orden del Ministerio del Trabajo, según el  auto No. 1476 de 2024, del cierre temporal del restaurante Andrés Carnes de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca. Ocurre después del accidente de Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en medio de un acto circense. Será preventivo y temporal, esto mientras la ARL verifica las condiciones laborales de sus empleados.

Precisamente, EL HOME NOTICIAS conoció que otros restaurantes en Cundinamarca podrían entrar entre los investigados después de las denuncias que han dado a conocer –unas públicas y otras guardando la identidad– sus propios empleados.

De hecho, ya se conoció la decisión de un despacho judicial, que ordenó claras explicaciones ante lo denunciado, porque se observa que unos restaurantes en Guativita,  han venido por años incumpliendo con las obligaciones de sus trabajadores.

Es el caso que llegó al despacho del Juez Segundo Promiscuo Municipal, que  falló en contra de los empresarios, propietarios de las sociedades Pascual Lara e Hijos Ltda, Poblanos S.A.S. y Restaurante Hostería Guatavita, ante una demanda de quien por más de tres décadas fue la empleada más querida de estas empresas. Estas sociedades todas tienen la misma dirección.

Esta es la portada de la tutela, en la que en fallo de primera instancia el Juez Segundo de Guatavita exige la historia laboral de la señora María Oliva Cortés. Sin embargo, este requerimiento no ha sido cumplido.

El despacho les exige que digan el por qué niegan la información a María Oliva Cortés Muñoz de su historial laboral, de los pagos que se hicieron,  toda vez que esta madre de familia de 57 años necesita gestionar lo de su pensión y, sin embargo, en ninguna de las administradoras de pensiones o cesantías figura el pago de estas obligaciones por parte de sus empleadores.

“Se expida copia de los antecedentes administrativos que dieron origen a las afiliaciones al Sistema general de Seguridad social en pensiones (…) incluido copias auténticas de los formatos de afiliaciones”, se lee en la sentencia emitida por el juez César Arley Herrera Pachón. Pero nada se ha cumplido.

Lo lamentable es que después de 30 años de trabajo formal e ininterrumpido la señora María Oliva Cortés afronta un verdadero viacrucis en procura de lo que se merece, una vejez digna. El pasado 8 de mayo radicó a sus empleadores un Derecho de Petición, pidiendo la información básica, “pero a la fecha no se ha dado respuesta a esta solicitud”. Es de ahí en donde con el apoyo de su abogado recurre a la acción de tutela.

EL HOME NOTICIAS tuvo conocimiento de que se trata de la misma historia de otras empleadas de los tradicionales establecimientos, quienes aseguran haber sido objeto de maniobras administrativas, como las del cambio de razón social, para no cumplir con lo de Ley de días y semanas de trabajo en años anteriores. Es decir, de ser “obligadas a firmar un nuevo contrato con la excusa de un borrón y cuenta nueva”.

Ocurrió una figura, de la que no están de acuerdo las autoridades, a los empleados se les comprometió a realizar el cambio de contrato que venía de años atrás con  la sociedad Pascual Lara e Hijos Ltda y desde noviembre del 2023 pasaron a ser empleados de Poblanos S.A.S. Con el agravante, que desaparecía el historial laboral anterior, no hubo ninguna liquidación o pagos de prestaciones sociales.

Cuando este medio contactó a la señora María Oliva Cortés se mostró preocupada y preguntó cómo nos habíamos enterado de la información de su caso. Le hicimos ver que la denuncia ya está en poder del Ministerio del Trabajo y que habíamos accedido a las copias de la tutela.

“Es que no quiero figurar como una mujer desleal, porque esa familia fue por años mi familia, las personas con quien estuve trabajando desde niña. Trabajé con ellos desde que tenía 14 años. Pero todo cambió cuando les pedí que me dieran información para mi liquidación y pensión”, manifestó.

Agregó que llegó a la casa de los Pascual Ochoa como niñera, quién se encargó en ese entonces del cuidado de Marco Antonio Pascual Ochoa, quien hoy es su jefe y la persona que ahora niega sus derechos laborales. «Me hice cargo de su cuidado cuando apenas tenía tres meses de nacido», aseguró.

Esto qué quiere decir, que si se tuviese en cuenta lo que relata Cortés Muños, su vínculo con sus empleadores sería entonces de 43 años, aproximadamente.

Relató, además, que después de ser niñera pasó a cumplir otras obligaciones, efectuar otros oficios en la casa Pascual Ochoa: hacía el aseo, lavaba ropa, planchaba los manteles del restaurante y atendía un negocio de la familia, en donde repartía almuerzos a domicilio.

Ahora siente temor, porque desde el pasado 9 de agosto del 2024 cuando la despidieron sin justa causa su vida cambió, viene siendo víctima de acoso, que hasta teme por la integridad de sus seres queridos.

Además, que fue su hija, quien es abogada, la que primero le recomendó que no firmara con la nueva empresa, porque –precisamente– iba a tener problemas para reclamar sus derechos laborales de los otros 42 años de trabajo.

Desde entonces, de haberse negado a firmar, empezó a ser objeto de acoso e irrespetos personales. «Hemos sido víctimas de los peores insultos, nos han ofendido con palabras muy feas», manifestó, agregando que nunca pensó que esto ocurriera porque pensaba que en esa casa siempre le habrían apreciado.

Es precisamente su hija, quien se acercó a la casa de la familia –de ascendencia mexicana–, porque supo que su madre estaba siendo sometida por horas a un supuesto proceso de descargos. Su hija estuvo desde las 3:00 hasta las 6:00 de la tarde ubicada en la parte exterior de la vivienda, esperando saber qué iba a pasar con su madre.

Sin embargo, a la entrada –relata María Oliva– apareció fue su jefa, Mary Carmen Ochoa Zaragoza, quien la habría insultado y obligado a alejarse, de que no se debería acercar hasta esos predios.

“Es que mi jefa prohibió que mis hijos se acercaran a su casa, ni siquiera a la entrada. Es más, me dijo que como andaba haciendo reclamos no me volvería a dirigir la palabra”, contó entre lágrimas.

Fue entonces, que su jefe Marco Antonio, de quien fue por años fue su niñera, le sugirió que se fuera a trabajar a la Hostería Guatavita. “Es el lugar en donde por años estuve trabajando”.

Empero, no paró el acoso. “Una de mis jefas fue hasta la Hostería y se dirigió a donde una de mis compañeras de cocina y le dijo que yo debería permanecer encerrada, que no me dejara salir a la calle. Me sentí maltratada”, manifestó.

Pero su manera de pensar ante sus empleadores, la familia en donde le dieron trabajo desde cuando apenas era una niña no cambia. Se siente, después de tantos años de servicio, burlada y menospreciada.

«Lo que ellos ahora olvidan es que toda la vida fui muy transparente con ellos, nunca podrán decir nada respecto a mi honestidad. Es más, me atrevo a decir que los quise mucho. Toda la vida fui la mano derecha, pero porque no les firmé un papel para no pagarme la liquidación me convertí en enemiga», puntualizó.

Lo cierto, es que pese a los sentimientos encontrados nada de esto ha cambiado, sus exjefes siguen sin responder,  porque ahora se ha visto obligada a recurrir a las autoridades para que cumplan con lo que considera son sus derechos.

Las exigencias del Juez Segundo de Guatavita, de que los empresarios de la Hostería deban responder con la información relacionadas con sus obligaciones laborales.

Los otros casos

EL HOME NOTICIAS conoció del caso de la señora Ana Janeth Forero Mila, de 52 años, quien asegura que laboró por 15 años y dos meses con los mismos empleadores de María Oliva.

Confirmó que también pasó por el mismo infortunio, que por reclamar las obligaciones laborales de los años antes del 1 de noviembre del 2023 la despidieron sin responder por ninguna liquidación y ahora solo le dicen que debe esperar un juicio.

«Cuando reclamé mis derechos me despidieron. A ellos no les gusta que reclamen lo que es de ley, el que lo hace se convierte en su enemigo», manifestó.

Refirió, además, que hubo algo que llama mucho la atención, que cuando solicitó sus prestaciones le solicitaron que buscase a alguien para que le procesasen su liquidación. “Siendo que eso no le corresponde a uno. La empresa es la que debe hacer esas cuentas y pagar lo correcto”.

Confirmó que por años fue compañera de trabajo de María Oliva Cortés, en la Hostería Guatavita. Un lugar en donde nunca les respondieron por horas extras ni dominicales, que sabían a qué horas  se entra a trabajar pero no sabían de la hora de salida. “En ocasiones, como las temporadas, trabajamos hasta más de 12 horas diarias”, aseguró.

«A mí nunca me pagaron ni vacaciones ni primas. Tampoco pagaron lo correspondiente a  pensión y salud. La liquidación que les pasé está por 35 millones, es lo que ellos –sin tener en cuenta las horas extras ni dominicales– no quieren pagar».

Por último, confirmó que es testigo de todo lo que tuvo que afrontar María Oliva Cortes, de “malos tratos”,  que desde cuando los Pascual Ochoa crearon la nueva empresa se empezaron a trabajar 8 horas diarias y al pago de horas extras. Hasta el 31 de octubre del 2023 ninguno recibió lo que exigen las leyes laborales y es lo que ahora está en medio del litigio jurídico.

Este medio escuchó, además, el testimonio de otras dos personas, quienes también estarían adelantando una denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Las especiales testigos le recomendaron a EL HOME NOTICIAS que no se revelase sus identidades, por temor a supuestas represalias.

Debemos precisar que establecimos contacto con el empresario Marco Antonio Pascual Ochoa, y su respuesta es la misma que dieron al Juez Promiscuo Municipal ante la tutela, que con sus abogados buscarán “demostrar que sí han cumplido con sus obligaciones”.

Es más, aseguró que su abogado estaría en contacto con nosotros, lo que nunca ocurrió. Tampoco llegó la información que dijeron aportarían.

En uno de los apartados de la respuesta que los Pascual Ochoa dieron al juez del caso reconocen que existen fallas: “Por error involuntario de la persona encargada de efectuar los pagos de aportes a la Seguridad Social quedó plasmado que estuvo vinculada hasta el 30 de noviembre del 2023, por lo que se solicitó la corrección y devolución de tales aportes”.

En la misma tutela se precisa que las respuestas que dieron, en donde niegan todo tipo de obligaciones, no fueron suficientes y el Juez de Guatavita exige copia de todos los pagos, en caso de que existan, y reporta el caso a otras autoridades dentro de la competencia. Confirmamos, que fue admitida en el Ministerio del Trabajo.

Redacción Unidad de Justicia

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