Nicolás Petro viviría en residencia del CESPO en Bogotá, será vecino de la Fiscal Camargo, esto desata controversia política

El posible traslado de Nicolás Petro a una vivienda oficial en CESPO, que anteriormente ocupó el expresidente Álvaro Uribe, reaviva la polémica por los privilegios, la seguridad y los límites éticos en el uso de bienes del Estado.

Redacción Investigativa

Viernes, 4 de julio de 2025

Una nueva controversia sacude el escenario político nacional tras conocerse que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, podría ser trasladado a vivir en una residencia oficial dentro del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), en el norte de Bogotá.

El inmueble en cuestión no es cualquier propiedad: se trata de la misma vivienda que durante años fue habitada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras dejar la Casa de Nariño en 2010, lo que ha encendido un debate público por el uso de bienes del Estado y las implicaciones éticas y jurídicas de esta decisión.

• En esto, además, hay un detalle que no es menos relevante, es que el hijo del presidente Petro será vecino de la fiscal general en CESPO. Permanecerá en una vivienda pagando un arriendo a la Policía. La decisión desata críticas por posibles privilegios y cuestionamientos éticos.

La controversia ha escalado debido a que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, declinó ocupar esa residencia, argumentando que no sería apropiado que la máxima representante del ente acusador viviera en una casa que perteneció a un expresidente actualmente investigado por su despacho. Además, subrayó que las casas oficiales dentro de CESPO no deben albergar personas privadas de la libertad ni a sus cercanos en los alrededores, en referencia indirecta a los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro.

Aunque desde el Gobierno no se ha confirmado oficialmente el traslado, fuentes indican que la decisión estaría sustentada en razones de seguridad, dada la alta exposición mediática y judicial del hijo del presidente. Sin embargo, distintos sectores políticos han expresado preocupación por lo que consideran un uso privilegiado y cuestionable de los recursos del Estado.

Paralelamente, la Policía Nacional emitió una notificación al expresidente Uribe solicitando el desalojo de la propiedad. El exmandatario ha ocupado esta residencia desde el fin de su mandato hace 14 años. Según una resolución vigente desde 2012, los expresidentes solo pueden habitar estos inmuebles por un máximo de cuatro años, plazo que, en este caso, se ha excedido por casi una década.

Ante este escenario, Uribe estaría considerando una logística alterna: permanecer en Bogotá durante el día y regresar en las noches a su finca en Rionegro, Antioquia. Mientras tanto, el futuro uso de la residencia en CESPO queda en medio de tensiones políticas y legales, a la espera de decisiones oficiales que disipen los crecientes cuestionamientos públicos.

Redacción Investigativa

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