Las casas fiscales en San Luis, Tolima,  no es el único caso de corrupción en la Policía, se habló también de sobornos 

Este fue el ‘Florero de Llorente’, que se prestó para mostrar lo que había al interior de la Policía. En donde, desde hace más de 10 años, se enquistó un verdadero ‘Carrusel de los contratos’. No es de extrañar que el general Óscar Atehortúa sea el único sancionado por la Procuraduría, y sigan siendo espectadores los otros Generales que fueron los que firmaron y los que se prestaron para tapar las graves faltas.

Unidad de Justicia

Domingo, 29 de noviembre del 2020

EL HOME NOTICIAS es el único medio en el país que le ha hecho, desde hace dos años, seguimiento a lo que está pasando en la Policía Nacional. Con suficientes detalles, con argumentos y documentos, ha revelado ese posible mal manejo de los contratos de infraestructura desde el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) y de la propia Dirección de Bienestar Social de esta institución. ¿Desde cuándo se habla de estas irregularidades?

• Es que hasta la misma Fiscalía, se pronunció en medio de una audiencia pública “que en el Fondo Rotatorio de la Policía un oficial exigía coimas a cambio de contratos de obras”.

Fue la misma Fiscalía la que para ese tiempo empezó a llamar a estos sospechosos negocios como el “Carrusel de los contratos en la Policía”.

Además, que estos casos de corrupción se hicieron evidentes desde cuando estuvo en la Dirección el general (r) Óscar Naranjo Trujillo, que las demás administraciones se dedicaron, con todos los riesgos que esto merece, a ser ‘sepultureros’ de las colosales irregularidades, que parieron hasta gigantescos ‘elefantes blancos’.

Para sustentar lo dicho, el Fiscal 128 de la Unidad de Administración Pública acusó en audiencia en abril del 2014 al mayor (r) Edgar Moisés Riveros Moreno de haber recibido del polémico contratista Julio Gómez, la suma de 100 millones de pesos para traspasar de manera deshonesta el contrato que FORPO tenía en ese entonces con su Constructora Argo Ltda. Este le fue cedido, algo que nadie explica,  al maestro de obras del mismo contratista, quien recibió una millonaria suma del presupuesto y se perdió con ese dinero, dejando la obra abandonada.

En el llamado ‘Carrusel de los contratos en la Policía’ ya se emitió una circular azul en contra de uno de los responsables de ‘elefante blanco’

Este sustituto, de nombre Édgar Orlando Hidalgo Acero,  hoy está prófugo de  la justicia, fuera del país, a la espera de que las autoridades vayan a capturarlo y confirme o desmienta lo del pago de sobornos a cambio de contratos.

 Este cambalache fue lo que dejó en el limbo la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS, el elefante blanco de la Policía: unas vigas de cemento y cuatro paredes,  que quedó a la salida por Chía, Cundinamarca, al norte de Bogotá.

En este torcido, en el que estarían involucrados altos oficiales,  se perdieron unos 6.000 millones de pesos. Una fuente de la Policía le dijo a EL HOME NOTICIAS que con la aseguradora se logró recuperar algo, pero el resto de la plata no se sabe que rumbo agarró.

En la misma audiencia la Fiscalía acusó al mayor (r) Riveros Moreno de haber solicitado en el 2012 al contratista un 5 por ciento de un contrato de 33.000 millones de pesos, que sería para la construcción de la Segunda Etapa de la Clínica Regional de Occidente, en Cali, Valle del Cauca.

No obstante, esta investigación quedó en un cajón, en algún escritorio de la Fiscalía, porque nunca se supo si estas millonarias sumas exigidas por Riveros Moreno en cada contrato, entonces funcionario de FORPO, eran solo para él o también tenían su mordida otros oficiales de la Policía.

Todo esto a qué nos lleva, a que lo que a la fecha es un vergonzoso escándalo, el enfrentamiento entre dos generales, por la investigación del descalabro económico que produjo la construcción de la Ciudadela de viviendas de casas fiscales de la Policía en San Luis, Tolima, denominados CENOP I y CENOP II, es apenas una parte de la torta.

Desde que arrancó este proyecto, en el 2010, con la compra del predio, que ya se sabía que no era el adecuado y que se obtuvo con evidentes sobrecostos, se vislumbraba ya un verdadero torcido.

• Se precisa que el director de la Policía para entonces cuando se hizo el negocio de las casas era el general (r) Naranjo Trujillo, quien fue notificado antes de que saliese de su cargo,  en junio del 2012, que este contrato se adelantó sin el lleno de los requisitos legales.

El principal testigo de que los altos mandos de la Policía sabían de esta  contratación irregular fue el mayor (r) William Orlando Moreno Bernal, quien para entonces se desempañaba como jefe del Grupo de Infraestructura del Fondo Rotario. Sin embargo, a este oficial lo sacaron de la institución por denunciar estas irregularidades, después de haber sido sometido a una “persecución laboral inmisericorde”, según consta en un proceso que está en el Tribunal Superior de Cundinamarca y una denuncia ante la Procuraduría y Fiscalía.

Además, este oficial y su abogado solicitaron medidas cautelares urgentes de protección, porque “ante las denuncias y ese amplio conocimiento de las deficiencias, actos de corrupción”, piden que se evalúe a la brevedad posible el nivel de riesgo en el que están sus vidas.

Existe una orden judicial para que Moreno sea reintegrado, no obstante, la Policía apeló este fallo, que está por decidirse en segunda instancia.

En el orden de responsabilidades después llegó como director el general (r) José Roberto León Riaño y como subdirector el general (r) Edgar Vale Mosquera. Existen documentos, oficios, de que ambos fueron informados de las falencias en el proyecto del CENOP.

 Vale Mosquera, por una declaración dentro del proceso, se precisa que fue quien estuvo al tanto de la compra del inadecuado predio para la obra.

Además, que el entonces director del Fondo Rotatorio de la Policía, general (r) Saúl Torres Mojica, firmó el primero de los contratos en marzo del 2011, sin que el contratista, Inversora Manare Ltda., hubiese entregado los estudios y diseños definitivos. Además, que no existían las licencias para la perforación de un pozo profundo ni los permisos para el vertimiento de las aguas negras, que expide CORTOLIMA. Lo irregular es que en el contrato para 60 viviendas  por casi 11.000 millones de pesos se dice que los estudios, diseños y proyectos ya estaban hechos. Se convierte en un delito de falsedad en documentos públicos.

Es importante precisar, que aún a la fecha, en el 2020, estas licencias no existen, es decir que las casas se pagaron sin el lleno de los requisitos legales.

Además, que existen varios oficios en los que se le informa a la general (r) Luz Marina Bustos, como subdirectora de la Policía en el 2013, de las irregularidades que tenía el contrato,  para que tomase decisiones y no hubo ninguna actuación de su parte.

En la investigación en poder de la Procuraduría General de la Nación se establece que en el 2012 y 2013 la Dirección de Bienestar Social de la Policía le exigió por escrito a Manare Ltda., que entregase la documentación de los estudios técnicos que hacían falta y estos nunca aparecieron.

También se lee en el expediente que el 15 de julio del 2012 el contratista envió unos documentos incompletos, que en junio del 2013 aparecieron con otros que no correspondían, porque no tenían nada que ver con los valores que se establecían en el contrato.

• Habiendo todas estas irregularidades, de la falta de licencias para continuar con el proyecto, la Policía Nacional en el 2012 firma el contrato con la Constructora Socar Ingeniería para la segunda etapa del proyecto, es decir para levantar otras 51 casas policiales.

Pero en todo esto, qué tiene que ver el mayor general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía, en esta cadena de omisiones y de contratos mal habidos.

El el 3 de septiembre del 2015 el general Atehortua Duque, quien se desempañaba como director del Fondo Rotatorio,  liquidó unilateralmente por incumplimiento del contratista, que no asistió a la audiencia de liquidación de mutuo acuerdo, el contrato de la segunda etapa del fallido proyecto en San Luis Tolima.

La Procuraduría inicia el proceso en contra del director de la Policía con base en cuatro cargos entre estos el de omisión, porque conoció las irregularidades y no las dejó en conocimiento de las autoridades competentes.

Además, se le acusa de haber recibido la obra, para lo que tuvo que haberse declarado impedido, a sabiendas de que  continúan sin resolver las irregularidades, el lleno de los requisitos legales,  de unas casas que aún no tienen las licencias para el funcionamiento los servicios públicos.

Redacción Unidad de Justicia

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