La lección de derecho que dejó mal parado al exfiscal Montealegre

El debate académico entre Eduardo Montealegre y Mauricio Gaona simboliza un choque entre dos concepciones legales: una que refuerza el protagonismo ejecutivo frente al Congreso, y otra que defiende a ultranza los límites institucionales.

EDITORIAL

Jueves, 19 de junio de 2025

La democracia constitucional se sostiene sobre columnas firmes, entre ellas, la separación de poderes, la legalidad y la legitimidad. En días recientes, esa arquitectura estuvo en el centro del debate jurídico nacional, cuando el recién posesionado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el controvertido decreto presidencial que busca convocar una consulta popular, pese a haber sido rechazada formalmente por el Senado.

La defensa del ministro Montealegre, un cuestionado exfiscal general de la Nación, sorprendió a la comunidad jurídica al intentar validar el decreto apelando a una interpretación que algunos tildaron de artificiosa: el uso de una supuesta “excepción de inconstitucionalidad” para pasar por encima del Congreso. Una postura que, en palabras del abogado y catedrático internacional Mauricio Gaona, “equivale a dinamitar el principio de separación de poderes y abrirle la puerta al autoritarismo constitucional”.

La escena, que tuvo lugar en un foro académico, se convirtió en un duelo entre dos visiones del derecho. Gaona, Oppenheimer Scholar, profesor en universidades como McGill, Harvard, Yale y Cambridge, y especialista en derecho constitucional y derechos humanos, desarmó con contundencia el argumento del ministro. Con voz serena, pero firme, sostuvo que lo propuesto por Montealegre recuerda peligrosamente el camino que siguió el régimen de Hugo Chávez en Venezuela, cuando desarticuló progresivamente los contrapesos democráticos bajo el pretexto de “excepciones constitucionales”.

No fue una simple discrepancia jurídica. Fue una advertencia. Gaona, que además ha sido conjuez del Consejo de Estado y asesor internacional, dejó claro que ningún funcionario —ni siquiera un presidente en ejercicio— puede anular decisiones del Congreso a través de un decreto. Eso sería, dijo, “una vía de hecho revestida de lenguaje constitucional”. Lo respaldaron otros académicos, entre ellos Rodrigo Uprimny, quien calificó la propuesta presidencial como “groseramente inconstitucional”.

Lo más preocupante es que este debate no quedó en el vacío. En paralelo, el Consejo de Estado acaba de suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, precisamente por las mismas razones que expusieron juristas como Gaona: una violación directa al procedimiento constitucional establecido. La demanda de nulidad presentada por 26 veteranos de la Policía Nacional en retiro, miembros del Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública y de la Caja de Sueldos de Retiro, fue una de las acciones que llevó a esa decisión.

Lo que está en juego no es un simple pulso entre ramas del poder, ni una consulta mal planteada. Lo que está en juego es el respeto por las reglas del juego democrático. Cuando un ministro de Justicia —quien juró defender la legalidad— argumenta públicamente que se puede ignorar al Congreso mediante decretos, el país debe prender todas las alarmas.

Colombia ha vivido los costos del poder desbordado. El legado constitucional de 1991 fue precisamente crear un sistema de controles que eviten los excesos. No podemos permitir que el Ejecutivo, con el aplauso de algunos, erosione ese delicado equilibrio en nombre de la participación o la justicia social.

El país necesita reformas, sí, pero dentro de la ley. Y cuando la ley es incómoda, no se ignora: se respeta o se cambia legítimamente, no por atajos. Por eso, hoy celebramos que aún haya voces que, como la de Mauricio Gaona, nos recuerden que sin Constitución no hay democracia que valga. Y sin separación de poderes, no hay libertad posible.

Redacción Editorial

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