Especial periodístico

El engranaje oculto: las decisiones de Montealegre que buscaron favorecer a Rafael Correa en Ecuador en el caso secuestro de Balda

Fernando Balda asegura que Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, tuvo que ver con el fraude procesal que envió a la cárcel a la fiscal Consuelo Montañez. Las pruebas que la defensa del político ecuatoriano presentó a la justicia de su país lleva a concluir que hubo un plan estructurado para dejar en libertad a cinco secuestradores en Colombia y Rafael Correa, prófugo de la justicia, en Ecuador.

Redacción Investigativa

Jueves, junio 19 de 2025

“Me duele tanto, que en Colombia se haya nombrado a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, es un castigo a la memoria, un castigo a las víctimas”. —Fernando Balda, en entrevista con EL HOME NOTICIAS.

El nombramiento de Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia ha reabierto profundas heridas en uno de los casos más oscuros que conectan a Colombia con Ecuador: el secuestro del político Fernando Balda Flores, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 2012.

En la actualidad, con la fiscal Consuelo Montañez Dueñas condenada a 8 años de prisión por fraude procesal en ese mismo caso, emergen nuevas pruebas que sugieren un plan estructurado para favorecer al entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa —prófugo de la justicia y condenado por autoría intelectual del secuestro— y para encubrir los nombres de otros implicados.

El primer quiebre: apartar al fiscal que sabía demasiado

En el inicio de la investigación, el fiscal Ignacio Umbarila, de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, había obtenido la confesión de uno de los secuestradores, Jonathan Usurriaga, lo que llevó a las capturas de los demás integrantes de la banda.

Umbarila mantenía una línea de investigación precisa que no solo apuntaba a los autores materiales, sino que estaba a punto de desenmascarar a los autores intelectuales. Pero su avance fue abruptamente interrumpido por una decisión del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien ordenó su remoción y traslado a otra área.

La advertencia ignorada

Antes del cambio, la entonces jefe de la Unidad Nacional contra el Secuestro, Mery Patricia Conejo Téllez, le envió a Montealegre una advertencia por escrito: sacar a Umbarila pondría en riesgo la investigación y permitiría que se perdieran avances clave. El fiscal tenía contacto directo con la víctima y con un testigo fundamental. No obstante, Montealegre ignoró la advertencia.

El entonces Fiscal General de la Nación en su lugar nombró a Consuelo Montañez Dueñas, quien posteriormente modificó la tipificación del delito, transformando lo que era un secuestro agravado —ocurrido en la noche, con uso de armas, golpiza a la víctima y tentativa de homicidio— en secuestro simple, lo que redujo drásticamente la gravedad del caso.

El fraude procesal y la liberación pactada

Montañez firmó un preacuerdo con los secuestradores, representados por una abogada fraudulenta —Yudy Mónica Ospina—, que logró que los autores materiales del crimen fueran condenados a solo seis años de prisión. La víctima, Fernando Balda, nunca fue consultado.

Estas son las evidencias obviadas por la fiscal Montañez que eran contundentes:

• El secuestro ocurrió a altas horas de la noche.

• La víctima fue arrojada a gran velocidad desde una camioneta en movimiento.

• Un dictamen médico legal estableció incapacidad por lesiones graves.

 “Fue un intento de asesinato. Me golpearon brutalmente. Un taxista fue testigo. Hubo persecución. Me lanzaron del vehículo a más de 120 kilómetros por hora. ¿Eso es un secuestro simple?”, dijo Balda a EL HOME NOTICIAS.

El objetivo oculto: que el caso prescribiera en Ecuador

La maniobra judicial tenía un propósito mayor. Según Balda, tipificar el delito como secuestro simple implicaba que, en Ecuador, el proceso quedaría prescrito por tratarse de un delito de menor penalidad. Un secuestro agravado se castiga con 28 años, mientras que el simple con cinco.

El proceso contra Rafael Correa en Ecuador empezó en 2017. Si el expediente llegaba como secuestro simple, la defensa podía alegar prescripción y cerrar el caso. Y así lo intentaron.

Es por esto que hay que trazar líneas importantes, que la relación entre Montealegre y Correa no terminó ahí. En 2021, el sucesor político de Correa, Andrés Arauz Galarza, fue señalado en Colombia por presunta financiación del ELN en su campaña presidencial.

Pero hubo una sorpresa adicional, que quien asumió su defensa legal en Colombia fue el mismo exfiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.

 “Ahí queda demostrado el vínculo. Montealegre defendió judicialmente al candidato de Correa mientras había maniobrado para que el secuestro que este ordenó quedara como un hecho menor. Es una cadena de impunidad perfectamente trazada”, afirma Balda.

El caso sigue abierto en Quito

Pese al preacuerdo amañado, el caso Balda nunca fue cerrado en Ecuador. Las pruebas recogidas —incluidas interceptaciones, testimonios y documentos forenses— sostienen que el expresidente Rafael Correa fue el autor intelectual del crimen. Correa se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana.

Y ahora, con la condena contra Montañez, se reaviva el llamado a que Montealegre sea investigado por su participación activa en un fraude judicial transnacional.

La defensa de Balda ha solicitado formalmente que se investigue al actual ministro de Justicia por su rol en este entramado. Y el testimonio del político ecuatoriano ante EL HOME NOTICIAS revela una trama de encubrimiento que no solo afectó a una víctima, sino que pudo haber torcido la justicia en dos países.

“Montealegre fue la ficha que movió Correa para evitar su condena. Pero los hechos están documentados. Tarde o temprano, todo se sabrá”, concluyó Balda.

Redacción Investigativa

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