Informe especial:

¿Quién quería asesinar a Miguel Uribe Turbay? El país exige respuestas

El atentado contra el senador y precandidato presidencial sigue rodeado de interrogantes. ¿Falla del Estado, omisión deliberada o crimen político? Estas son las pistas que deja la investigación.

Redacción Investigativa

Martes, 24 de junio de 2025

Han pasado más de dos semanas desde el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y aún persisten más preguntas que respuestas.

La tentativa de homicidio, ocurrida en la tarde del 7 de junio en un parque del occidente de Bogotá, no solo puso en evidencia un preocupante nivel de vulnerabilidad en la protección de figuras públicas, sino que destapó una serie de posibles omisiones, conexiones criminales y móviles políticos que aún no han sido esclarecidos por la Fiscalía.

La joven Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, de 19 años, capturada como presunta cómplice directa del ataque, es señalada por la Fiscalía en audiencia que fue quien entregó el arma al adolescente que disparó contra el senador. Ella por su parte, afirmó, además, que su madre desconocía su implicación en los hechos, y que planeaba huir a Ecuador por recomendación de un hombre al que identificó como “El Costeño”, supuesto jefe de la banda criminal detrás del atentado.

¿Quién dio la orden de matar a Uribe Turbay?

En los estrados judiciales se ha revelado que el joven sicario fue contactado a través de una red criminal que opera desde una “olla” en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá. Sin embargo, no fue el jefe de esa estructura quien le habló directamente, lo que abre un interrogante crucial: ¿quién fue el intermediario? ¿Quién le ofreció el “trabajo” y lo reclutó?

El menor relató que conoció del plan a través de alias Mosco, presunto cabecilla de esa red, y mencionó además el sector de Villas de Alcalá, ubicado en la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad, en donde existen puntos de expendio de droga asociados a actividades delictivas como la receptación y la prostitución. Según su testimonio, fue allí donde recibió la orden de ejecutar el atentado.

Pero ¿quién lo financió? ¿Quién tenía interés real en que Miguel Uribe desapareciera del escenario político?

La sombra de la política y la falta de protección

Tal vez el aspecto más alarmante que ha surgido de este caso es el debilitamiento del esquema de seguridad del senador. A pesar de haber denunciado amenazas, Miguel Uribe contaba únicamente con dos escoltas, quienes no lograron neutralizar al atacante, antes de disparar a una corta distancia. La Fiscalía investiga si hubo fallas en la reacción del equipo de protección, o si existieron omisiones graves por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esta situación ya había sido advertida por el congresista José Jaime Uscátegui, quien alertó sobre el riesgo inminente que enfrentaban varios parlamentarios de oposición, particularmente aquellos críticos del actual gobierno. Sus denuncias, sin embargo, no fueron atendidas.

¿Fue un atentado político?

La Fiscalía ha sugerido en audiencias recientes que el intento de asesinato tendría relación con la actividad política del senador, tanto por su papel como opositor en el Congreso, como por su aspiración presidencial en representación del partido Centro Democrático. Si esa hipótesis es correcta, estaríamos ante un crimen con implicaciones profundas para la democracia colombiana.

Con estas observaciones llegamos  varias inquietudes mayúsculas, entre estas:

• ¿A quién le convenía silenciar a Uribe Turbay? ¿Quién se beneficia con su salida del juego político?

• ¿Se trató de un mensaje intimidatorio hacia el Congreso y, en especial, hacia los líderes de la oposición?

El eslabón perdido: los autores intelectuales

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado a los autores materiales: la joven alias Gabriela, el otro conductor de moto y el menor sicario, todos bajo custodia. Pero los autores intelectuales del crimen siguen en la sombra.

La línea de investigación apunta a una estructura criminal que, además de tener nexos con el microtráfico, podría haber actuado por encargo, de tener nexos con altos niveles de la política. Las preguntas clave siguen sin respuesta:

• ¿Quién pagó por el atentado?

• ¿Desde cuándo se planeaba el ataque?

• ¿Hubo participación o complicidad de funcionarios del Estado?

• ¿Por qué se debilitó deliberadamente su esquema de seguridad?

Silencio oficial, incertidumbre nacional

El Congreso ha reaccionado con preocupación, pero sin una acción institucional contundente. El presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado de manera clara sobre el hecho, mientras que el Centro Democrático exige justicia y garantías para sus miembros.

La ciudadanía, por su parte, exige claridad:

• ¿Fue un intento de silenciar la voz de la oposición?

• ¿Estamos ante un regreso de la violencia política en pleno siglo XXI?

La Fiscalía General de la Nación tiene hoy la responsabilidad histórica de esclarecer este caso. El país no puede permitirse un silencio que equivalga a complicidad.

Redacción Investigativa

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