Informe especial:

¿Cuánto tiempo puede durar la pausa del proceso de extradición de Diego Marín en Portugal? La suspensión iría hasta el 2026

En este informe analizamos los tiempos, de acuerdo con las leyes portuguesas, cuyas autoridades, en este caso la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), deben emitir una resolución final a la solicitud de asilo, respuesta que podría tardar 100 días. Debemos considerar que existe después derecho a un recurso administrativo, que también tiene sus términos.

Unidad de Justicia

Miércoles, 18 de junio de 2025

La extradición del colombiano Diego Marín Buitrago, quedó suspendida en Portugal tras la presentación de una solicitud de asilo ante las autoridades migratorias de ese país, la que fue radicada a finales del año pasado. Esta acción legal frenó automáticamente el proceso de entrega a Colombia, al activarse las garantías internacionales que protegen a los solicitantes de asilo mientras se estudia su caso.

Según la legislación portuguesa y los tiempos promedio en procedimientos similares, el trámite de asilo puede tardar entre 60 y 100 días hábiles, a partir del momento de aceptación de la solicitud. Aunque en casos complejos o de que haya apelaciones puede extenderse aún más, hasta un año.

En este escenario, el Instituto Portugués de Apoyo a Migrantes y Asilo (AIMA) debe evaluar si existen riesgos reales de persecución o vulneración de derechos ante la solicitud de extradición que solicitó Colombia.

Los abogados de Marín Buitrago aseguran que su petición en Portugal se fundamenta en una supuesta persecución impulsada desde el gobierno de Gustavo Petro. Argumentan, que “el proceso en Colombia tiene un trasfondo político y mediático, y no existen garantías reales de justicia”.

Agregan los juristas, que existe un «clima hostil que impide que Marín reciba un juicio justo, debido a su supuesta cercanía con sectores políticos opositores al gobierno actual”.

“No se trata de un proceso penal ordinario, sino de una operación de carácter político disfrazada de legalidad”, afirma la defensa en los documentos presentados ante la AIMA.

En cuanto a la pausa, durante ese periodo, el Estado portugués tiene la obligación de suspender cualquier orden de entrega, incluso si ya existe una decisión judicial favorable a la extradición, como ocurre en este caso.

Esto significa que la pausa en la extradición podría prolongarse hasta finales de este 2025, dependiendo de la evolución del procedimiento administrativo, posibles apelaciones y recursos legales adicionales interpuestos por la defensa del procesado. Debemos agregar, que a finales y comienzo de año la justicia portuguesa entra en un periodo de receso vacacional.

En caso de que le sea negado el asilo político existe el recurso administrativo directamente ante AIMA o interponer una apelación judicial ante los tribunales administrativos portugueses.

 De haber una segunda negativa, aún podría llevarse el caso al Tribunal Administrativo Central o incluso al Tribunal Supremo Administrativo, prolongando así la suspensión de la extradición.

Se debe precisar que mientras se resuelven estos recursos, la extradición sigue en vilo. Portugal no puede entregar al solicitante hasta que no haya una decisión firme sobre el asilo.

Por su parte el gobierno colombiano, que está de acuerdo con el respeto a la soberanía de otros países, insiste por la vía diplomática en que Portugal debe mantener las suficientes medidas restrictivas para garantizar que Marín no salga del territorio.

A dónde debemos apuntar, a  que la situación jurídica de Marín Buitrago atraviesa una etapa crucial en Portugal. Aunque su extradición ya fue autorizada por tribunales portugueses, la entrega no se daría este año.

Otros escenarios que llevarían a nuevos aplazamientos: «En situaciones donde la defensa presenta apelaciones o recursos, el proceso puede prolongarse aún más, dependiendo de la carga administrativa de la AIMA y la complejidad del caso», indicó una fuente de migración en Portugal.

Desde el pasado 9 de junio, Marín Buitrago fue puesto en libertad provisional tras obtener un habeas corpus por exceso de tiempo en detención preventiva. No obstante, su situación judicial sigue activa y está siendo monitoreada de cerca por las autoridades portuguesas.

Precisemos, entonces, que se trata de un trámite largo, en el que las autoridades en Portugal se han ceñido al debido proceso, se ha evidenciado un respeto a la separación de poderes, sobre todo a la independencia judicial. Estos son los tiempos ante cualquier caso que se someta al mismo trámite.

¿Qué implicaciones diplomáticas tiene la acusación de persecución política en el caso Diego Marín Buitrago?

La solicitud de asilo político de Marín Buitrago en Portugal, basada en una supuesta persecución política del gobierno de Gustavo Petro, no solo retrasa su extradición, también puede tensar las relaciones bilaterales y comprometer la imagen internacional del Estado colombiano.

Al alegar persecución desde la Presidencia, la defensa sugiere que en Colombia no existen garantías para un juicio imparcial. Si Lisboa admite este argumento y concede el asilo, implícitamente estaría reconociendo debilidades estructurales en la independencia judicial del país.

La interferencia política de la justicia es una acusación grave. Si esta narrativa se fortalece en foros internacionales, el gobierno Petro podría enfrentar mayor escrutinio por parte de organismos de derechos humanos, cortes regionales o entidades como el Parlamento Europeo.

• En Portugal, la extradición es decidida exclusivamente por los tribunales. El Gobierno solo puede intervenir una vez haya fallo firme, y solo para autorizar o suspender formalmente la entrega, en casos excepcionales.

Aunque Colombia y Portugal mantienen relaciones bilaterales fluidas, un eventual reconocimiento de persecución política obligaría a Portugal a justificar su decisión frente a Colombia, lo cual podría generar un enfriamiento diplomático si se percibe como una intromisión en asuntos internos.

Por último, en este caso, respetando el debido proceso, Portugal tendrá que balancear las pruebas jurídicas con el contexto político, sabiendo que su decisión marcará un precedente regional.

Redacción Unidad de Justicia

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