La versión oficial sostiene que se frustró un intento de fuga y que el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y reclusos se saldó con 46 presos muertos y decenas de heridos, incluidos varios funcionarios.
La ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela, ha asegurado en declaraciones al diario ‘Últimas Noticias’ que se ha iniciado un proceso de investigación profunda. «Rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas», ha apuntado.
Mientras, desde la oposición, el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Valera ha señalado que la tesis de la fuga no justifica la «masacre». «El Estado venezolano está en la obligación de garantizarle a la vida a los reclusos que permanecen en centros penitenciarios del país, pero contrario a esto vemos permanentes focos de violencia en las cárceles donde mueren reos. Ante esto la respuesta del régimen es la inacción. El Estado no se inmuta», ha apuntado Valera.
«No hay ninguna justificación para que una masacre de esta naturaleza deje 50 personas» muertas, ha remachado. Valera ha argumentado que muchos de los conflictos que se dan en cárceles de Venezuela obedecen al hambre al que someten a los reclusos.
«El Estado no atiende la alimentación de los penados y los alimentos que llevan los familiares son requisados y hasta confiscado por efectivos de la Guardia Nacional que también pasan hambre en los reclusorios», ha indicado.