¿Decreto de última hora pone en riesgo la propiedad privada? Paloma Valencia lanza fuerte alerta ante decisión del Gobierno Petro

A escasos días del cambio de gobierno, la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia denunció que el Decreto 0765 de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura, otorgaría nuevas facultades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, según sostiene, podrían afectar las garantías de la propiedad privada y alterar el régimen registral previsto en la legislación colombiana. La controversia anticipa un nuevo pulso jurídico que podría terminar en el Consejo de Estado.

Redacción Política

Jueves, 23 de julio de 2026

Cuando faltan apenas dieciséis días para el fin del mandato del presidente Gustavo Petro, una decisión del Gobierno nacional comenzó a generar un intenso debate jurídico y político. La protagonista de la advertencia es la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien aseguró que el recientemente expedido Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 representa un riesgo para la propiedad privada en Colombia.

El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, introduce modificaciones a varios decretos reglamentarios relacionados con la gestión de predios destinados a la reforma agraria y al saneamiento de bienes administrados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Sin embargo, para Valencia, el alcance de la norma va mucho más allá de una simple reglamentación administrativa.

«El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia», afirmó la dirigente política a través de su cuenta oficial en la red social X.

Las facultades que generan esta denuncia

Según el análisis divulgado por la exsenadora, el Decreto 0765 excedería las competencias otorgadas por la Ley 160 de 1994 al permitir que la Agencia Nacional de Tierras ejerza funciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente al legislador o a las autoridades judiciales.

Entre los aspectos que Valencia considera más delicados se encuentran:

La posibilidad de cancelar determinados gravámenes sobre inmuebles.

La denominada «posesión inmediata» de predios mediante actuaciones administrativas, aun sin entrega material del bien.

La producción de efectos registrales a partir de una promesa de compraventa acompañada del acta de entrega.

La creación de un procedimiento registral especial para predios vinculados a procesos de reforma agraria.

En criterio de la dirigente política, estas disposiciones modificarían de facto el Estatuto Registral mediante un decreto reglamentario.

«Esto no es reglamentar la ley; es modificar el estatuto registral por decreto y saltarse a jueces y registradores», sostuvo Valencia.

¿Cuál es el tema al que debemos prestar atención?

Uno de los puntos centrales del decreto establece que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial, de carácter exclusivamente publicitario, para identificar los predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria y aquellos sometidos a administración anticipada por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El texto también dispone que la ANT podrá solicitar esas inscripciones respecto de predios declarados de utilidad pública o sobre aquellos respecto de los cuales exista una promesa de compraventa respaldada por el correspondiente acta de entrega.

Aunque el decreto señala expresamente que dicho código no limita el derecho de dominio, Valencia considera que sus efectos prácticos podrían generar incertidumbre jurídica sobre los inmuebles involucrados.

¿Cuáles son las críticas al trámite de expedición?

La exsenadora también cuestionó la rapidez con la que, según ella, fue expedida la norma.

De acuerdo con su denuncia, el proyecto estuvo disponible para comentarios ciudadanos en la plataforma SUCOP únicamente entre el 2 y el 8 de julio, mientras que el decreto fue firmado el 15 de julio, apenas una semana después del cierre del proceso de participación.

Asimismo, señaló que la norma fue suscrita por ministros encargados durante la recta final del actual Gobierno.

Para Valencia, esa premura impediría un análisis suficientemente amplio sobre los efectos jurídicos de una regulación que, en su opinión, modifica aspectos sensibles del régimen de propiedad en Colombia.

Se vendrían las demanda contra este decreto

La dirigente del Centro Democrático anticipó que el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado por presuntos vicios de constitucionalidad y legalidad.

A su juicio, si la jurisdicción contencioso-administrativa llegara a declarar la nulidad del acto administrativo, podrían presentarse complejas controversias sobre las actuaciones realizadas durante el tiempo en que el decreto permaneciera vigente.

«Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir», afirmó.

Valencia añadió que, de producirse ese escenario, la responsabilidad recaería sobre el Gobierno por haber expedido, según sus palabras, una norma «improvisada» y contraria tanto al Estatuto Registral como a la Constitución.

Análisis: un debate que va más allá de los político

El intercambio de opiniones reinicia uno de los debates más sensibles del país: entre la ejecución de la reforma agraria y la protección constitucional del derecho a la propiedad.

Mientras el Gobierno ha defendido durante todo su mandato la necesidad de acelerar los procesos de acceso a la tierra para cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y de la política de reforma rural integral, sectores de oposición sostienen que cualquier avance en esa materia debe respetar estrictamente los procedimientos judiciales, registrales y las garantías constitucionales de los propietarios.

El verdadero alcance jurídico del Decreto 0765 probablemente será definido por los tribunales, en caso de que se presenten las acciones correspondientes. Entretanto, las advertencias formuladas por Paloma Valencia añaden un nuevo elemento de tensión al cierre del Gobierno Petro y anticipan que la política de tierras seguirá siendo uno de los principales focos de confrontación institucional durante la transición presidencial.

Por ahora, esto apenas comienza y será la interpretación de los jueces, junto con los eventuales pronunciamientos de los organismos de control y de la Corte Constitucional, la que determinará si las preocupaciones expresadas por la exsenadora encuentran sustento jurídico o si, por el contrario, el decreto se mantiene dentro de los límites de la reglamentación permitida por el ordenamiento colombiano.

Redacción Política

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