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23 julio, 2026El rugido que espera el Atlántico: columna de opinión del abogado constitucionalista, Daniel Santos Carrillo
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La articulación entre las fuerzas de seguridad será decisiva para enfrentar el crimen organizado y recuperar la confianza ciudadana. Ese es el llamado que plantea el abogado y constitucionalista Daniel Santos Carrillo en su columna de opinión sobre los retos que enfrenta el Atlántico en materia de seguridad.
El ‘rugido’ que espera el Atlántico
Opinión
Viernes, 24 de julio de 2026
Por: Daniel Santos Carrillo,
Abogado Magíster en Derecho Penal y Administrativista, veterano de la Policía Nacional y exasesor del Departamento de Policía Atlántico
La seguridad dejó de ser una preocupación para convertirse en la principal urgencia del Atlántico. Barranquilla, ciudad que durante años fue presentada como uno de los modelos de desarrollo urbano del país, enfrenta hoy una realidad que golpea la confianza de sus ciudadanos: el crecimiento de los homicidios, la expansión de la extorsión, el fortalecimiento de las estructuras criminales y una sensación de inseguridad que ya no puede explicarse únicamente desde la percepción ciudadana.
Las cifras hablan con contundencia. Durante el primer semestre de 2026, el Atlántico se consolidó entre los departamentos más violentos del país, con un registro de homicidios que evidencia el deterioro de la convivencia y la capacidad de las organizaciones delincuenciales para disputar territorios y desafiar la autoridad del Estado.
Barranquilla, Soledad y Malambo concentran buena parte de esa problemática, mientras la ciudadanía observa con preocupación cómo el crimen organizado continúa adaptándose a las respuestas institucionales.
El Atlántico cerró el primer semestre del año con 259 homicidios más que el departamento del Cauca. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 319 asesinatos en Barranquilla, 171 en Soledad, 60 en Malambo, 15 en Puerto Colombia y 10 en Galapa, cifras que reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la región en materia de seguridad.
Frente a este panorama, resulta insuficiente limitar el debate a las estadísticas o a las declaraciones coyunturales. La seguridad no puede medirse únicamente por la cantidad de operativos realizados ni por el número de capturas anunciadas. El verdadero indicador es la tranquilidad con la que viven los ciudadanos, y esa tranquilidad hoy se encuentra profundamente afectada.
Precisamente por ello, sorprendieron las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuando afirmó que «cada quien es dueño de su miedo». Más allá del contexto en que fueron pronunciadas, esas palabras terminaron enviando un mensaje equivocado a una ciudadanía que espera de sus autoridades liderazgo, empatía y decisiones firmes frente a la criminalidad. En una sociedad marcada por la violencia, el miedo no puede convertirse en un asunto exclusivamente individual; constituye un fenómeno colectivo que exige respuestas institucionales eficaces.
Lo paradójico es que, mientras aumenta la preocupación ciudadana, también se han realizado importantes esfuerzos para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública. La administración distrital ha destinado recursos para mejorar infraestructura, tecnología y herramientas operativas de la Policía Metropolitana, convencida de que la seguridad constituye un requisito indispensable para preservar el desarrollo económico y social de Barranquilla.
Sin embargo, la experiencia demuestra que ninguna inversión será suficiente si no existe una estrategia integral que articule inteligencia, investigación judicial y capacidad operativa. El crimen organizado dejó hace mucho tiempo de actuar mediante estructuras improvisadas. Hoy opera con redes de financiación, control territorial y economías ilegales que requieren respuestas coordinadas entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales.
En ese contexto adquiere especial relevancia la propuesta impulsada por el nuevo Gobierno de crear el denominado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, concebido como una estructura de reacción conjunta entre organismos de investigación y unidades especializadas para enfrentar los fenómenos criminales que afectan a las principales ciudades del país. Si esa iniciativa logra consolidarse con recursos, coordinación institucional y objetivos claros, podría representar un punto de inflexión en la lucha contra las organizaciones dedicadas al homicidio, la extorsión, el narcotráfico urbano y otras formas de delincuencia organizada.
Pero ninguna estrategia producirá resultados si permanece únicamente en el terreno de los anuncios. El Atlántico necesita decisiones ejecutadas, no expectativas prolongadas. La creación de nuevas estructuras policiales o administrativas solo tendrá sentido si viene acompañada de financiación suficiente, capacidades humanas y mecanismos de evaluación que permitan medir su verdadero impacto sobre la seguridad ciudadana.
Esa reflexión resulta particularmente pertinente en el caso de la proyectada Policía Metropolitana de Soledad y Malambo. Aunque su creación representa un avance institucional importante, todavía enfrenta retos presupuestales y administrativos que impiden su funcionamiento efectivo. Mientras esas discusiones continúan, la criminalidad no espera. Cada día que transcurre sin respuestas concretas amplía el margen de acción de quienes han convertido la violencia en su principal herramienta de control territorial.
La seguridad, en consecuencia, no admite aplazamientos. Constituye la condición básica sobre la cual descansan la inversión, el empleo, la convivencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando el Estado pierde capacidad para proteger la vida y el patrimonio de las personas, comienza a deteriorarse el fundamento mismo del contrato social.
La discusión sobre la seguridad tampoco puede quedar atrapada en la confrontación política. Colombia atraviesa un momento de transición institucional en el que las diferencias ideológicas son legítimas y hacen parte de la democracia. Sin embargo, ninguna controversia puede desplazar la prioridad de enfrentar la violencia que afecta diariamente a miles de familias.
Mientras el país dirige su atención hacia los actos de posesión presidencial y los inevitables debates propios del cambio de gobierno, en el Atlántico la principal preocupación continúa siendo otra: el derecho de los ciudadanos a salir de sus casas sin el temor permanente a ser víctimas de un homicidio, una extorsión o un atraco. Esa es la discusión que verdaderamente reclama la región.
No deja de ser significativo que, paralelamente al incremento de la violencia, diversos sectores ciudadanos hayan comenzado a movilizarse para exigir respuestas más eficaces del Estado. Marchas, pronunciamientos de organizaciones civiles y propuestas formuladas por expertos en seguridad demuestran que la sociedad no permanece indiferente frente a una realidad que compromete la estabilidad económica y la convivencia del departamento.
Entre esos aportes merecen atención las iniciativas presentadas por organizaciones integradas por oficiales y suboficiales en uso de buen retiro, cuya experiencia acumulada representa un activo que no debería desaprovecharse.
La lucha contra el crimen organizado exige conocimiento del territorio, capacidad de análisis e inteligencia estratégica. Ignorar esas capacidades sería renunciar a una fuente valiosa de experiencia precisamente cuando el fenómeno criminal se vuelve cada vez más complejo.
El reto del nuevo Gobierno consistirá en transformar las expectativas en resultados verificables. La creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, la consolidación de nuevas capacidades operativas y el fortalecimiento de la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación solo tendrán legitimidad si logran reducir los indicadores de violencia y recuperar el control institucional sobre los territorios donde hoy predominan las economías criminales.
Barranquilla reúne condiciones para convertirse en un laboratorio nacional de esa política pública. Su importancia económica, su ubicación estratégica y su papel como principal centro urbano del Caribe colombiano obligan a que cualquier estrategia de seguridad tenga en esta ciudad uno de sus escenarios prioritarios. La protección de la vida y del patrimonio de sus habitantes no constituye únicamente un asunto local; representa un desafío para el Estado colombiano.
Por ello, la posibilidad de consolidar a Barranquilla como sede alterna de la Presidencia de la República adquiere un significado que va mucho más allá del simbolismo político.
Esa condición debe traducirse en una mayor presencia institucional, decisiones oportunas y un compromiso permanente con la seguridad de una región que aporta de manera decisiva al desarrollo nacional. El verdadero liderazgo se demuestra gobernando los territorios donde los problemas son más complejos y donde las respuestas del Estado resultan más necesarias.
El nuevo presidente encontrará en el Atlántico una de sus primeras pruebas de gobierno. Los ciudadanos no esperan discursos grandilocuentes ni anuncios que se diluyan con el paso de las semanas. Esperan resultados. Esperan que las instituciones recuperen la iniciativa frente a las organizaciones criminales, que disminuyan los homicidios, que la extorsión deje de condicionar la actividad económica y que la autoridad vuelva a ejercer un control efectivo sobre los espacios que hoy disputan las estructuras delincuenciales.
La seguridad no puede seguir tratándose como una promesa de campaña ni como un objetivo de largo plazo. Es una obligación constitucional y una condición indispensable para el ejercicio de todas las demás libertades. Sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo sostenible, no hay convivencia y, sobre todo, no existe confianza ciudadana en las instituciones.
El Atlántico no necesita héroes providenciales ni soluciones improvisadas. Necesita un Estado que actúe con inteligencia, coordinación y determinación. Necesita instituciones capaces de anticiparse al crimen, no de reaccionar cuando los hechos ya han ocurrido. Necesita que la política pública en materia de seguridad deje de medirse por anuncios y comience a evaluarse por sus resultados.
El 7 de agosto marcará el inicio de un nuevo ciclo político para Colombia. Pero, para los habitantes del Atlántico, esa fecha solo tendrá un verdadero significado si representa también el comienzo de una política de seguridad capaz de devolverles la tranquilidad que han perdido. El desafío del nuevo Gobierno no será únicamente administrar el poder; será recuperar la confianza de una ciudadanía que exige vivir sin miedo.
Porque, al final, la fortaleza de un Estado no se mide por la solemnidad de sus ceremonias ni por la contundencia de sus discursos. Se mide por su capacidad para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer el más elemental de los derechos: vivir en paz, caminar seguro y confiar nuevamente en que la ley prevalece sobre el crimen.
Columnista invitado por el HOME NOTICIAS
Daniel Santos Carrillo
Abogado penalista, constitucionalista y administrativista
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Leonidas Medina Jiménez
Editor general
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