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El respeto hacia los veteranos no puede limitarse a los homenajes. Debe manifestarse en cada procedimiento policial. Esa es la reflexión central de la columna de opinión del abogado Daniel Santos Carrillo, veterano de la Policía Nacional, sobre los recientes casos que considera contrarios al trato digno que ordena la ley.
Veteranos de la Policía Nacional, víctimas de procedimientos que vulneran su dignidad
Abusos que contradicen el deber institucional de proteger a quienes sirvieron al país
Opinión
Jueves, 30 de julio de 2026
Por: Daniel Santos Carrillo,
Abogado Magíster en Derecho Penal y Administrativista, veterano de la Policía Nacional y exasesor del Departamento de Policía Atlántico
Mientras el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, insiste en fortalecer una cultura institucional basada en el respeto, el reconocimiento y el trato digno hacia los veteranos de la Fuerza Pública y sus familias, algunos procedimientos adelantados por miembros de la misma institución parecen transitar en dirección contraria.
En distintas regiones del país se han conocido actuaciones que, lejos de honrar el legado de quienes dedicaron décadas al servicio de la Nación, terminan vulnerando sus derechos fundamentales, afectando su honra y desconociendo la protección especial que el ordenamiento jurídico les reconoce.
No se trata únicamente de eventuales errores operativos. También surgen interrogantes sobre la formación del personal, el conocimiento de la normatividad vigente y, en algunos casos, sobre posibles fallas en la cadena de mando que permiten la repetición de actuaciones incompatibles con los principios constitucionales y con la propia doctrina institucional.
La Ley 1979 de 2019, sus decretos reglamentarios y diversas disposiciones territoriales establecen que los veteranos son sujetos de especial reconocimiento por parte del Estado. Ese mandato fue reforzado por la Circular 01 de 2026 de la Dirección General de la Policía Nacional, que ordena brindarles un trato respetuoso, preferencial y digno. Sin embargo, recientes episodios parecen demostrar que, en algunos escenarios, esas directrices siguen siendo letra muerta.
Dos casos que prenden las alarmas
Dos hechos ocurridos en menos de una semana ilustran esa preocupante realidad.
El primero tuvo lugar en Manizales, donde el mayor retirado Edgar Novoa López terminó privado de la libertad tras un incidente de tránsito que inicialmente correspondía a un procedimiento eminentemente policivo. Según su relato, el caso terminó escalando hacia una judicialización que concluyó con tres días de reclusión en un calabozo bajo condiciones que, según denuncia, resultaban indignas para cualquier ciudadano y aún más para un adulto mayor y veterano de la institución.
Posteriormente fue dejado en libertad por decisión judicial.
Tras recuperar su libertad, Novoa dirigió un mensaje a la comunidad de veteranos en el que evitó acudir al resentimiento y prefirió convertir su experiencia en una reflexión sobre la necesidad de fortalecer las garantías ciudadanas. Recordó que ningún grado, cargo o reconocimiento hace inmune a una persona frente a los abusos y llamó a preservar la solidaridad que caracteriza a quienes alguna vez vistieron el uniforme.
El segundo caso ocurrió en Barranquilla y tuvo como protagonista al subcomisario retirado Óscar Herrera Ballestas.
Según su versión, acudió junto con su esposa, Milena Ríos, a una Inspección de Policía por un conflicto de convivencia con un vecino. Lo que debía resolverse mediante un trámite administrativo terminó, presuntamente, en una intervención policial desproporcionada.
Herrera asegura que fue reducido físicamente, esposado, trasladado en una patrulla y obligado a caminar esposado por la vía pública hasta una estación policial, pese a que no representaba riesgo alguno y su condición de veterano era plenamente conocida por los uniformados.
Afirma además que fue objeto de malos tratos durante el procedimiento y que, al no encontrarse fundamento para una judicialización, finalmente recuperó la libertad. Como soporte de las lesiones sufridas, recibió una incapacidad médico-legal de catorce días expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El subcomisario ha manifestado su intención de exponer personalmente lo ocurrido ante el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, acompañado de su esposa, quien igualmente denuncia haber sido víctima de maltrato durante el procedimiento.
Pese a lo sucedido, Herrera ha reiterado su respeto por la institución en la que sirvió durante tres décadas y ha insistido en que los propios integrantes de la Policía deben ser los primeros en cumplir las instrucciones impartidas por la Dirección General sobre el trato a los veteranos.
Casos que no se miran como hechos aislados
Lo preocupante es que estos episodios no parecen constituir situaciones excepcionales.
En años recientes también han sido denunciados procedimientos similares contra el veterano Abraham Segundo Omar Pérez, quien igualmente recuperó su libertad por decisión judicial; William Mendívil, recordado por haber sido brutalmente agredido por policías; y Dorlys Manuel Miranda Julio, docente y presidente de una asociación de profesionales de la Policía y de la Fuerza Pública, quien denunció agresiones físicas y verbales por parte de un oficial.
Cuando este tipo de hechos comienza a repetirse, deja de ser razonable calificarlos como simples errores individuales. La reiteración obliga a revisar protocolos, procesos disciplinarios, mecanismos de supervisión y, especialmente, la capacitación del personal encargado de atender procedimientos donde intervienen ciudadanos pertenecientes a poblaciones con protección especial.
La fotografía que acompaña este texto corresponde a ese encuentro institucional, considerado uno de los antecedentes que dieron origen a la directriz: la Circular 01 del 4 de mayo de 2026, resultado de solicitudes elevadas por asociaciones y veedurías de veteranos que reclamaban un trato acorde con su condición.
Una circular que debe cumplirse
Precisamente para evitar este tipo de situaciones, la Dirección General de la Policía Nacional expidió la Circular 01 del 4 de mayo de 2026, resultado de solicitudes elevadas por asociaciones y veedurías de veteranos que reclamaban un trato acorde con su condición.
La Circular 01 de 2026: mediante la cual la Dirección General de la Policía Nacional impartió instrucciones de obligatorio cumplimiento para garantizar un trato digno, respetuoso y preferencial a los veteranos de la Fuerza Pública, surgió como resultado de un proceso de diálogo entre la institución y diversas organizaciones representativas de este sector.
Uno de los encuentros más relevantes fue la mesa de trabajo presidida por el entonces subdirector general de la Policía Nacional, mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, con la participación del director de Sanidad, coronel Juan Blanco Sierra, y delegados de distintas organizaciones de veteranos.
En esa reunión participaron la Sociedad Colombiana de Profesionales de Policía, representada por el abogado Daniel Santos Carrillo; la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, representada por el coronel Heriberto Núñez; y representantes de las veedurías ciudadanas, Fanny Contreras y el abogado Omar García Rodríguez.
Durante esa mesa de trabajo, las organizaciones solicitaron de manera expresa la adopción de directrices institucionales que garantizaran el respeto, el reconocimiento y el trato digno hacia los veteranos de la Fuerza Pública, petición que posteriormente se materializó en la expedición de la Circular 01 de 2026.
El respeto no puede quedarse en el papel
La autoridad moral de una institución no se mide únicamente por la expedición de circulares o directrices internas. Se fortalece cuando esas órdenes son conocidas, aplicadas y exigidas en cada procedimiento policial.
Quienes durante décadas protegieron a la ciudadanía no pueden terminar siendo objeto de actuaciones que lesionen su dignidad, desconozcan sus derechos o afecten el honor que construyeron al servicio del país.
Los casos aquí expuestos merecen investigaciones objetivas y, de comprobarse irregularidades, la adopción de correctivos que impidan su repetición. La mejor manera de honrar a los veteranos no es mediante discursos conmemorativos, sino garantizando que el respeto que la ley les reconoce también se refleje en el comportamiento cotidiano de quienes hoy portan el uniforme.
Columnista invitado por el HOME NOTICIAS
Daniel Santos Carrillo
Abogado penalista, constitucionalista y administrativista
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Leonidas Medina Jiménez
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