¿El extraño silencio del Ejército Nacional ante denuncias de un presunto direccionamiento del contrato de chatarrización?

Ocho días después de que EL HOME NOTICIAS encendiera las alarmas sobre los cambios introducidos al proceso para sacar de servicio 970 vehículos, la convocatoria sigue avanzando. La pregunta que permanece sin respuesta es por qué el Ejército modificó la distribución histórica de las zonas, creó una nueva SEDE y estableció exigencias que, según los denunciantes, podrían reducir de manera significativa la participación de varias empresas. 

Redacción Investigativa

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Hace ocho días, EL HOME NOTICIAS hizo sonar la alarma sobre uno de los procesos que mayor atención debería despertar dentro del Ejército Nacional: la enajenación y desintegración física de 970 vehículos obsoletos o fuera de servicio, una operación que comprende 893 automotores administrativos y 77 tácticos, con un peso aproximado de 1.162.791 kilogramos de material.

La denuncia periodística muestra una inexplicable modificación de las condiciones del proceso que, según los denunciantes, podría terminar beneficiando a operadores que ya cuentan con infraestructura en determinadas regiones y que han participado en negocios similares. La alerta es que se está abriendo el camino para que solo sea el declarado ‘Cartel de la chatarrización’ el que de nuevo se salga con la suya, que se beneficiado con un nuevo contrato de este tipo en Colombia.

Desde la revelación de este medio surge una pregunta:

¿Por qué el Ejército Nacional no ha salido públicamente a despejar las dudas planteadas sobre las nuevas reglas del proceso?

No se trata de pedirle a la institución que suspenda una convocatoria ni de anticipar quién podría ganar una subasta que todavía no ha sido adjudicada. Se trata de algo más elemental: explicar por qué se modificaron determinadas condiciones, qué estudios las sustentan y cómo se garantiza que las nuevas exigencias no terminen restringiendo injustificadamente la participación de más oferentes.

Pero lo más lamentable y cuestionable es que mientras esas respuestas no llegan, el proceso continúa.

Las aclaraciones que el Ejército no ha querido dar

Uno de los principales puntos de esta situación, que se convierte en un nuevo escándalo, está relacionado con la distribución territorial establecida para la operación.

La investigación de EL HOME NOTICIAS identificó como uno de los cambios más llamativos la creación en las exigencias de una SEDE 4, patios de desintegración, que quedaría conformada por las ciudades Neiva, Florencia e Ibagué, una configuración que, según la documentación revisada, nunca se había exigido, no se tuvo en cuenta en convocatorias anteriores.

La modificación puede traer sus amargas consecuencias, es por esto que surgen cada vez más preguntas:

¿Por qué se creó esta nueva sede?

¿Qué estudio técnico, logístico o económico determinó que Neiva, Florencia e Ibagué debían constituir una zona independiente?

¿Cuál es el volumen real de vehículos que el Ejército proyecta desintegrar en esa región?

¿Se calculó el costo que representa para los potenciales oferentes disponer de infraestructura habilitada allí?

Y, quizás la pregunta más importante:

¿Cuántos operadores existentes están realmente en capacidad de cumplir con las nuevas exigencias territoriales y técnicas?

Según la denuncia conocida por este medio, la exigencia de contar con infraestructura habilitada en la denominada SEDE 4 podría convertirse, en la práctica, en una barrera de entrada para empresas que históricamente han desarrollado sus operaciones en otros corredores del país no puedan participar.

Una diferencia que el Ejército debería explicar

Existe una diferencia sustancial entre establecer requisitos técnicos para garantizar que un servicio se preste correctamente y diseñar una combinación de requisitos que termine reduciendo considerablemente el universo de empresas capaces de participar.

Otras preguntas para el Ejército Nacional

¿Antes de cambiar las reglas se realizó un análisis del mercado?

¿Se identificó cuántas empresas podían cumplir las nuevas condiciones?

¿Se verificó que existiera una pluralidad efectiva de potenciales oferentes?

¿Se evaluaron los costos que tendría para los operadores instalar o mantener infraestructura en la nueva zona?

Y, por último, la pregunta que deja abierta la duda, que también se planteó en nuestro informe anterior.

¿La nueva distribución territorial responde exclusivamente a las necesidades operativas del Ejército o puede generar una ventaja competitiva para determinados participantes?

El fantasma del denominado ‘Cartel de la Chatarrización’

La preocupación adquiere otra dimensión por los antecedentes que han sido puestos en conocimiento de EL HOME NOTICIAS alrededor de procesos de desintegración de vehículos de entidades estatales.

Los denunciantes alertan de la reaparición del ‘Cartel de la Chatarrización’ para referirse a una presunta red de intereses empresariales que, según sus señalamientos, habría buscado participar o controlar procesos de este tipo en diferentes entidades públicas.

En las denuncias recopiladas por este medio aparecen referencias a procesos relacionados con la Policía Nacional, la Gobernación de San Andrés, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Alcaldía de Medellín, entre otras entidades y territorios.

Se están negociando 970 vehículos que representan más de 1.162 toneladas

El proceso no es pequeño.

El Ejército pretende enajenar y someter a desintegración física 970 vehículos, entre ellos 893 administrativos y 77 tácticos, con un peso aproximado superior a 1.162 toneladas.

La operación contempla una subasta pública electrónica ascendente, bajo las condiciones establecidas en el proyecto de pliego.

La dimensión económica y material del negocio explica por qué la convocatoria merece un seguimiento especial.

No se trata simplemente de retirar automotores viejos de los inventarios oficiales. Se trata de establecer quiénes podrán participar, quiénes resultarán habilitados, quién obtendrá eventualmente la adjudicación, cómo se ejecutará la desintegración y cuál será el destino de los materiales resultantes.

Redacción Investigativa

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