Polémica demanda:

Piden pérdida de investidura de Miguel Uribe Turbay por actos políticos el día del atentado

Dos sindicatos del Ministerio de Defensa radicaron una acción ante el Consejo de Estado. Alegan que el senador, hoy gravemente herido, habría violado el régimen de inhabilidades al promover su precandidatura presidencial antes del tiempo legal.

Redacción Judicial

Jueves, 26 de junio de 2025

Cuando el senador Miguel Uribe Turbay continúa su lucha por sobrevivir tras el atentado a bala que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, dos organizaciones sindicales presentaron una inesperada demanda que ahora será evaluada por el Consejo de Estado.

Se trata de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y del Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (SINSERGEN), quienes solicitaron la pérdida de investidura del congresista del Centro Democrático por, según alegan, incurrir en actos políticos indebidos el mismo día del atentado.

Las organizaciones consideran que Uribe Turbay “puso en riesgo su propia vida” al realizar proselitismo político en un momento fuera del calendario electoral oficial, incurriendo así en una falta que —según ellos— podría acarrear la pérdida de su curul en el Senado.

 ¿Qué es lo que dice la demanda?

El documento fue radicado formalmente ante el Consejo de Estado y se encuentra en etapa de admisión. La ponencia quedó en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de ese alto tribunal, quien deberá decidir si el caso avanza o es archivado.

En el texto, los sindicatos señalan que Uribe —electo para el período 2022–2026— realizó reuniones públicas, discursos y publicaciones en redes sociales “con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo distinto al que ostenta”, sin que haya comenzado legalmente la campaña electoral según lo establece la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Uno de los apartes más delicados del documento afirma que el atentado, que dejó al senador gravemente herido con impactos de bala en la cabeza y la pierna, fue consecuencia directa de esa conducta ilícita:

“Dicho acto expuso su vida, lo cual derivó en que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, señala el recurso legal.

Además, argumentan que, aunque la víctima fue el senador, la supuesta falta no se extingue por el hecho de haber sido atacado, ya que —según su interpretación— incurrió en una infracción constitucional al usar su posición pública con fines políticos.

Miguel Uribe Turbay, abogado y exsecretario de Gobierno de Bogotá, es uno de los rostros más visibles del partido Centro Democrático y ha manifestado abiertamente su intención de aspirar a la Presidencia de la República. El evento en Modelia, que consistía en un encuentro ciudadano, fue interrumpido por un ataque a bala ejecutado por un menor de 14 años, hoy detenido por la Fiscalía.

Las autoridades investigan los móviles del atentado. Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación ha planteado como principal hipótesis una motivación política, sin que existan antecedentes de amenazas personales o conflictos previos que involucren al senador.

El congresista lleva ya más de tres semanas hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece en estado crítico. Su equipo médico ha informado avances leves, pero aún se encuentra bajo pronóstico reservado.

La reacción no se hizo esperar. Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y directora del partido Oxígeno Verde, rechazó enérgicamente la demanda presentada contra Miguel Uribe. En sus declaraciones, calificó a los sindicatos demandantes como “sicarios morales” y sugirió que la acción judicial tiene motivaciones políticas.

“Es muy conveniente para Petro que intenten sacar del camino a un opositor fuerte, justo cuando lucha por su vida”, expresó Betancourt, quien también fue senadora. A su juicio, la solicitud de pérdida de investidura representa un intento de “instrumentalizar la justicia” para debilitar la oposición en el Congreso.

¿Tendrá futuro esta polémica demanda?

Expertos en derecho constitucional explican que las acciones de pérdida de investidura deben cumplir con pruebas claras de que el funcionario incurrió en una falta grave, como tráfico de influencias, conflicto de intereses, indebida destinación de recursos o violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Si bien aún no hay una decisión de fondo, esta acción jurídica abre un nuevo capítulo en la ya compleja situación política y personal que enfrenta Miguel Uribe. La discusión sobre si su actuación en Modelia era legal o no se cruzará ahora con la tragedia del atentado, mientras las investigaciones penales continúan.

Redacción Judiciales

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