Generales y Coroneles de la Policía enredados por un testigo con las mafias del contrabando

Policías activos y retirados hacen parte de un entramado de corrupción ¿Por qué hasta ahora se conocen los detalles de una organización movida por miles de millones de pesos? Intereses oscuros intentan desviar la investigación.

Unidad de Justicia

Miércoles, 3 de abril del 2024

Con la captura de Ricardo Orozco Baena, conocido como ‘El Bendecido’ o el ‘Zar del contrabando en Colombia’, salió a flote una antigua modalidad de corrupción al interior de la Policía Nacional.

Con base en la investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación se supo que Mayores, Coroneles y Generales de esta institución se venían lucrando de la entrada ilegal de mercancía al país. Es más, que varios de estos uniformados entraron a ser parte, después de retirados, de los niveles más altos del organigrama criminal.

Llama la atención es que estos oficiales tienen una información en común, que hicieron parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) y después saltaron a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en donde terminaron seriamente contaminados, con base en los mencionados.

Los dos primeros nombres que la Fiscalía reveló fueron los del coronel retirado Alexánder Galeano Ardila y el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas.

Galeano Ardila fue el jefe regional de inteligencia en Risaralda y en 2018 el jefe seccional de inteligencia de La Metropolitana de Bogotá.

No obstante, este medio accedió a  información contenida en la investigación, de las revelaciones que hizo la Fiscalía durante las diligencias de judicialización de los detenidos.

Allí se mencionan otros nombres como el del coronel Juan Carlos Álvarez Torres, un jefe en Buenaventura. En cuanto a este oficial debemos hacer un paréntesis, recordar que el 27 de junio del 2019 EL HOME NOTICIAS reveló que en la Procuraduría se venía adelantando una investigación, por una denuncia, en contra del entonces director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), general retirado Juan Carlos Buitrago Arias.

El documento en poder del Ministerio Público hablaba del inmenso interés de este alto oficial de promover al coronel Álvarez Torres para que desempeñara el cargo de director Seccional en Buenaventura, de la DIAN.

La denuncia en contra de Buitrago se refiere a un posible tráfico de influencias, que pese a una suerte de cuestionamientos Álvarez fue nombrado en Buenaventura sin tener ningún tipo de conocimientos del orden financieros o tributarios.

Este oficial, exdirector seccional de la DIAN en Buenaventura, será llamado por la Fiscalía para que rinda información ante señalamientos en su contra.

• Dele click aquí para leer nota relacionada: Por qué la Procuraduría investiga al general Juan Carlos Buitrago, por posible tráfico de influencias.

En esta misma investigación, que tiene que ver con la ofensiva institucional contra el contrabando también es mencionado el  mayor Freddy Alberto Meza Contreras, por posibles nexos con alias ‘El bendecido o Zar del contrabando’.

En la reciente audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento  se escucharon los nombres del actual comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Andrés Fernando Serna Bustamante, lo mismo que el teniente coronel Carlos Augusto Oviedo, quien estuvo en la Escuela de Postgrados de la Policía (Espol) y después en la POLFA.

Este es una parte del organigrama que presentó la Fiscalía en audiencia, en el que aparece la fotografía de una camioneta, la que uno de los implicados le ofreció en venta a uno de los agentes infiltrados.

Lo que más sorprende es que también se nombró al exsubdirector de la Policía Nacional, Tito Yesid Castellano Tuay, de haber protegido a los uniformados involucrados en la red de corrupción.

Este es el listado dado a conocer en audiencia por la Fiscalía de policías y civiles que están involucrados en la investigación tras la caída de alias El Bendecido.

Es importante mencionar, en qué contexto son referenciados estos uniformados: en una lista de unas 20 personas –posiblemente involucradas con alias El Bendecido–, de colaborar de manera directa en sus actividades ilícitas, de haber obtenido inmenso poder en el organigrama del lucrativo ilícito.

La Fiscalía menciona al mayor Peter Steven Nocua Henao, como el principal testigo en esta investigación, quien durante el proceso se convierte en un agente encubierto, pero también es señalado de su participación en el cobro de sobornos para el paso de contenedores con mercancía de contrabando. Se habla de la existencia de una tarifa, de al menos 150 millones de pesos por cada uno.

«Este señor, Peter Steven Nocua hace relación de al menos unas 19 o 20 personas, adicionales a las que se encuentran aquí sentadas, señor juez. ¿O no están todos los que están? ¿O no están los que son?», manifestó uno de los abogados de la defensa, quien sugirió que todas estas personas señaladas por el testigo deberían ser llamadas al proceso, a contar lo que saben del millonario negocio del contrabando.

Un general retirado estaría manipulando la información

Uno de los abogados de la bancada de la defensa hizo mención durante la audiencia de que se estaría generando desde la parte externa del proceso una desinformación, lo que ha llevado al desarrollo de noticias falsas.

Explicó, que existe la posibilidad, por lo que se ha visto publicado de manera reciente,  que a unos medios de comunicación se le estaría compartiendo información errónea con el objeto de desviar el verdadero sentido de la investigación.

Este medio pudo comprobar que un alto oficial de la Policía, ya retirado, ha estado difundiendo unos llamados Informes de Inteligencia, que fueron impresos y desarrollados hace seis años, que no tienen absolutamente nada que ver con la investigación que desde noviembre de 2023 emprendió la Fiscalía en contra de las cabezas del contrabando en Colombia, la misma acción conjunta que propició la caída de alias El Bendecido.

Debemos aclarar, que esos mismos Informes de Inteligencia fueron desestimados por el Consejo de Estado, que consideró como faltos de soporte, de material probatorio, para generar órdenes de captura o privar a cualquier persona de su libertad.

Es más, seis miembros de la Policía Nacional –capturados por posiblemente estar incurriendo en delitos como el contrabando o tráfico de armas– fueron dejados en libertad después de haber sido acusados con base en un Informe de la Inteligencia.

¿Qué dijo el Consejo de Estado al respecto? Que los llamados informes de inteligencia, por sí solos, sin testigos ni material de prueba, no tienen ningún valor. Es de imperiosa necesidad que haya al menos grabaciones, videos, testimonios claros y hasta documentos.

«El valor probatorio de los informes de inteligencia carecen de eficacia probatoria».

En este mismo orden, la Corte Constitucional también hizo sus advertencias, las que fueron acogidas por el Consejo de Estado.

 «En abundante jurisprudencia en materia de privación injusta de la libertad los informes de inteligencias sirven como criterio orientador pero carecen de eficacia probatoria», sentencia el alto tribunal.

El abogado de la defensa, de Ricardo Orozco,  en procura de aclarar una información dada a conocer por los medios de comunicación, dijo lo siguiente, respecto al informe que presentó el supuesto agente infiltrado y por el delegado fiscal. Es decir, que esto fue corroborado en audiencia por la misma Fiscalía.

«Entonces analizar, aquí narramos lo que él dice, que hablaron con otra persona de apellido Meza (Freddy Alberto), que hablaron del señor Marín, que Ricardo (El Bendecido) le habló y le confirmó que no trabajaba directamente con él, que no tiene ningún tipo de amistad ni ninguna relación con el señor Marín». Lo dijo con base en lo que se lee en el informe judicial.

Puntualizó el abogado, que era lo importante que había que rescatar del informe entregado por el agente encubierto, de quién más adelante los juristas ofrecieron una suerte de cuestionamientos, al señalar a este oficial de haberse “autoincriminado”, que al haber sido “sorprendido en hechos de corrupción” terminó convirtiéndose en un agente encubierto, que habría fabricado las pruebas, haciendo caer en error a los implicados.

«La fiscalía no presentó pruebas, solo los señalamientos de la gente encubierto».

El abogado Iván Cancino cuestionó la manera como la Fiscalía presentó el proceso ante la opinión pública el caso, como el más duro golpe contra el contrabando, de haber capturado a la mayor cabeza de este delito, sin presentar soporte probatorio. Entonces, sin tener pruebas cómo pretenden generar nuevas capturas.

«Hay algo supremamente preocupante en esta investigación. Se presentó ante la prensa el acto más grande contra el contrabando. Pero qué incautaron, de qué manera demostraron cómo la economía fue afectada. Será de los que venden cigarrillos o de licor. Nunca se dijo qué fue lo que encontraron, cuál fue ese gran golpe al contrabando», manifestó Cancino.

El jurista de la defensa además explico, que la Fiscalía nunca ha dado a conocer los manifiestos de aduana, las incautaciones en las que tuviesen involucrados los detenidos, ni la interceptación de una llamada telefónica que lleve a determinar que existe un concierto para delinquir.

«Dónde está la identificación que le permita a usted entender el mapa, el trazado, o al menos voces diciendo vamos a traer esta mercancía de contrabando. Todos los medios de comunicación están en su derecho sagrado y constitucional de publicarlo, pero la Fiscalía tuvo que meterle a esto todo este despliegue mediático porque no tiene cómo probarlo».

En la imputación de cargos la Fiscalía presentó un organigrama en el que da a conocer las líneas de la mencionada red de contrabandistas, en la que estaría involucrado Ricardo Orozco Baeza, las empresas involucradas y los grandes empresarios conectados con el ingreso de mercancía ilegal.

En esta se menciona a reputados comerciantes de Medellín, a uno de los ‘duros’ del llamado ‘Hueco’, sector en donde se mueve la mercancía que entra con el apoyo de la red de corrupción al país. En los documentos de la Fiscalía se lee que hay un personaje que es quien lidera el contrabando de cigarrillos y licor por el sector del Urabá antioqueño. También se menciona a otro de sus socios, uno de apellidos Gómez Salazar.

En la misma investigación se menciona a Juan Francisco Solano Carrero, a quién llaman el  ‘Rolo’, quién sería la persona involucrada en una línea de ‘torcidos’ en los puertos de Barranquilla y Cartagena. Además, que estaría asociado en sus actividades con un intendente de apellido Gálvez, todos mencionados por el agente encubierto.

A propósito de gente encubierto, el abogado Cancino desestimó sus informes, consideró que deben ser invalidados porque las fechas no coinciden.

«Sorprende que en esta investigación solo exista un sustento, el de los agentes ‘provocadores’ o encubiertos. Si era una operación de contrabando por qué no hay una sola interceptación telefónica entre Alexander Galeano y el supuesto ‘Bendecido’ o con una persona de alguno de los puertos», preguntó el jurista.

En su defensa el reconocido penalista dio a entender que el coronel retirado Alexander Galeano Ardila, su prohijado, habría sido víctima de un entrampamiento, qué se utilizó un hecho cotidiano, como la venta de una camioneta blindada –que fue presentada por la Fiscalía en El organigrama–, como un supuesto acto de soborno. En el mismo informe se habló de la entrega de 30 millones de pesos y se habla de un préstamo.

Para concluir debemos preguntar, cuál es el interés de un general retirado de desviar la investigación, de manipular la información?

Además ¿Quiénes están interesados en generar el caos, promover la terminación de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), para apoderarse del manejo del Puerto y el negocio, la red del contrabando en Buenaventura?

Al cierre

La Policía no está atravesando por su mejor momento. Este martes se conoció que la Procuraduría abrió indagación al director del Fondo Rotatorio, coronel Alexander Sánchez, nombrado hace un año en este cargo. Se habla de un posible caso de corrupción que debe ser investigado.

Recordemos que la noticia de Semana Santa fue la salida de la general Sandra Patricia Hernández Garzón, quien es investigada por casos asociados a sus decisiones cuando se desempeñó como directora de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), los que estarían relacionados con el caso ‘gran golpe al contrabando’.

En los corredores de la Institución se habla de un patrimonio injustificado de altos oficiales, sobre todo, de aquellos en uso de retiro. En este mal momento, por la caída de alias El Bendecido, se ha mencionado al general (r) Hoover Alfredo Penilla Romero, en el contexto de que varios de sus hombres, los de mayor confianza, han resultado salpicados con el reciente escándalo, caso de ‘El Bendecido’.

Redacción Unidad de Justicia

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