Estas son las pruebas de los abusos de poder y persecución en contra de un intendente de la Policía

Después de varios años de persecución, repetidos traslados, desacato de una orden judicial, terminó siendo involucrado en una investigación por narcotráfico. El policía asegura que se trata de un “burdo montaje”, de “un claro entrampamiento”.

Unidad de Justicia

Domingo, 4 de junio del 2023

EL HOME NOTICIAS obtuvo las fotografías de cuatro páginas de la minuta en la que quedó reseñada la hora de entrada y salida del intendente Juan Gabriel Ruiz Ramírez, el día que fue sacado a un inusitado paseo, cuando permanecía privado de la libertad –de manera transitoria–  en el CAI Aguaclara, del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

Con este documento se confirma el día y la hora en que miembros de la Policía Antinarcóticos sacan del establecimiento policial al intendente, le hacen un largo recorrido, con la amenaza de llevarlo a una hacinada celda, ante el peligro y con la intimidación de que sería agredido físicamente por temibles delincuentes. Hasta se mencionó la palabra ‘muerte’.

En este libro de guardia se dejó constancia, en la página 179, que dos intendentes, Edirson Acelas Mejía y Jhon Alexander Guío, fueron hasta ese establecimiento en cumplimiento de la orden que les impartió el mayor Carlos Delgado, jefe operativo en Buenaventura, de trasladarlo hasta el Comando Sur del Distrito de Palmira. Además, que dicho movimiento se hacía en coordinación con el comandante de Departamento, coronel Ever Yovanni Gómez Reyes.

“Informan que van a trasladarlo por orden del señor mayor Carlos Delgado de la DIRUN, en coordinación con el comandante de Departamento (Gómez Reyes) para el Comando Distrito de Palmira”, se lee en el escrito.

Dos de las páginas de la minuta, en la que el custodio precisa la hora en que sacaron al intendente a dar el paseo de tortura y la hora de regreso, que la orden de sacarlo la había dado el mayor Carlos Delgado.

Recordemos que este diario denunció en anterior informe que el intendente Ruiz Ramírez fue sometido a una tortura psicológica, que la orden que dieron oficiales, tanto de departamento como de Antinarcóticos, fue la de introducirlo a un patio en donde permanecían dos acusados por homicidio, capturados en una operación policial de la que hizo parte el uniformado, como custodio y responsable del traslado.

• Dele click aquí para conocer nota anterior: Los abusos contra el Intendente de la Policía que ganó la tutela para que lo dejaran estudiar Derecho

Es decir, que los comandantes, Gómez y Delgado, a sabiendas de que Ruiz Ramírez corría peligro lo pretendían llevar a este patio.  Por fortuna cuando estaban a punto de ingresarlo a la hacinada celda apareció una orden de la Dirección General que impidió tal despropósito.

 El caso de violación de Derechos Humanos fue notificado ante organismos nacionales e internacionales. Además, EL HOME NOTICIAS cuenta con el documento, la denuncia penal, ante la Fiscalía General de la Nación y disciplinaria, en la Procuraduría, en contra de los oficiales que dieron la orden, que de tal manera atentaron con la vida del intendente Ramírez.

En la denuncia se precisa que existió un “fraude a resolución judicial procesal” y abuso de autoridad, teniendo en cuenta que los mencionados comandantes violaron la decisión impartida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tuluá, el que precisó que el suboficial tenía que permanecer en el CAI Aguaclara hasta tanto se diera el traslado a una cárcel de Cali, en coordinación con el INPEC, por cuestiones de seguridad.

La denuncia ante la Procuraduría la radicó la madre del intendente, quien se suscribe como víctima de la tortura, porque por más de cuatro no supo a dónde se había llevado a su hijo, ni la suerte que pudo haber corrido

“En el momento en que se indicó que me iban a ingresar a dicha ‘jaula’ o ‘carceleta’ experimenté gran angustia. Me di cuenta de que me encontraba solo y expuesto a una jauría de hienas. Un mayor que se encontraba en el lugar señaló el sitio en donde me debían meter. Imagino, que se trataba del Comandante de la Estación de Policía de Palmira”, declara en la denuncia el intendente Ruiz Ramírez.

También se precisa que fue el intendente John Guío la persona que por varios minutos se negó a cumplir la inhumana y peligrosa orden, cuando les dijo a sus superiores “que no quería ser responsable de la muerte de una persona y menos de un compañero policía, caído en desgracia”.

Precisamos, que en el mismo libro de Guardia del CAI, en la página 181, los custodios dejaron la anotación que el privado de la libertad, Juan Gabriel Ruiz Ramírez, fue regresado a este establecimiento a las 5:40 de la tarde. Además, que en el mismo acto es cuando los suboficiales de Antinarcóticos hacen la entrega de la boleta de encarcelación 045 del Juzgado Segundo Penal Municipal. ¿Por qué no lo hicieron antes?

Esto que significa, que al detenido lo tuvieron por más de 4 horas por fuera del establecimiento transitorio dando vueltas un día sábado, día en que no hay atención en ningún despacho judicial del INPEC, siendo que en la boleta de encarcelación se indica claramente que de allí –del CAI Aguaclara– solo debería ser remitido a la cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa, ubicada en Cali, al patio de funcionarios públicos.

De la misma manera se dejó anotado, para que no quede duda de lo ocurrido, que el paseo, con resuelta tortura psicológica, se hizo a bordo del vehículo oficial adscrito a la Policía Antinarcóticos con placas GCW- 781, y al final, sin ingerir alimento, que el intendente Ruiz fue dejado esa tarde en la celda número 12.

 El posible montaje, después de una persecución laboral

Los detalles del caso, la manera como pudo ser utilizada una investigación a narcotraficantes, la que sirvió para meter con pocos argumentos probatorios al intendente Ruiz Ramírez como parte de una organización criminal, los daremos a conocer en un Informe Especial.

Hemos dicho, que apartaremos dos notas periodísticas para desgranar los detalles del proceso, o los argumentos de la Fiscalía, basados en la supuesta labor de inteligencia desplegada por la Policía Antinarcóticos en contra del suboficial.

Recordemos que el intendente Ruiz Ramírez, es el mismo que interpuso una acción de tutela solicitando se le permitiera seguir estudiando la carrera de Derecho en una Universidad de Cali. En dos instancias, un juzgado y un tribunal fallaron en favor del Policía, solicitando que no fuese trasladado.

Sin embargo, el mando de la Policía, siendo director el general Henry Sanabria, desatendió la orden judicial y ordenó el traslado del suboficial. Ahora se adelanta una denuncia formal por desacato.

Debido a la revelación qué hacemos este domingo, con una prueba clave –copia del libro de Guardia del CAI Aguaclara– en esta ocasión solo daremos a conocer un pormenor que llama demasiado la atención.

La manera como se adelantó el proceso de extinción de dominio a los bienes, al parecer, de propiedad del intendente Ruiz Ramírez. Lo decimos de esta manera porque no todo lo incautado –precisa su defensa– le pertenece. Hacemos un paréntesis, para decir, que, a los señalados jefes de la organización narcotraficante, capturados en la misma operación, no se les han incautado tantos bienes como los embargados al suboficial.

Se dice, no se puede precisar con qué intención, que los bienes del intendente y su familia nunca han sido declarados. Debemos comentar, que este medio cuenta con las copias de las declaraciones de rentas y los certificados de Cámara de Comercio. Además, que existe el pago de nómina – 15 trabajadores que quedaron desempleados– y la cancelación de los impuestos.

En los documentos presentados por la Policía Antinarcóticos no coinciden los tiempos de puesta en funcionamiento de dos droguerías, siendo que una de ellas hace parte de una herencia familiar, de la esposa del intendente, es decir, que era un negocio que tenía antes de formalizar la sociedad conyugal con el Policía.

Lo que no se entiende es que se utiliza como prueba una conversación telefónica del Intendente Ruiz con un empleado de la firma COPIDROGAS, preciso cuando hacia un pedido para su droguería y las de su suegro –una firma de muchos años–, se asevera que con esto se puede determinar que los establecimientos comerciales les pertenecían al suboficial, porque fue el que hizo el pedido.

“Dentro de la cadena de participantes en los hechos delictivos tenemos a Juan Gabriel Ruiz Ramírez, como uno de los policías que entregaba dinero al agente encubierto aquí, esto para dejar pasar contenedores contaminados. También, tenemos a su compañera Estefanía Vélez Gómez, porque existen valores en su patrimonio que preliminarmente están injustificados, situación a partir de la cual se infiere que había contribuido con el ocultamiento y transformación de los productos ilícitos recibidos por Juan Gabriel”, se lee en el expediente.

No obstante, nunca se aclara que la señora Estefanía hace parte de una familia, de unos padres que han tenido droguería toda la vida, es decir, mucho ante de la línea de tiempo del supuesto delito.

Pero es más sorprendente, que se utiliza como elemento probatorio la comunicación telefónica del intendente Ruiz Ramírez del 1 de diciembre del 2020, a las 14:16 de la tarde con un señor Hernando, funcionario de COPIDROGAS a quién le comenta qué es el propietario de una droguería de nombre ‘El Ruiz’, que en esa fecha, hace tres años, llevaba un mes de inaugurada.

Comenta el policía en esa conversación que la farmacia está ubicada en el barrio obrero, esquina de Dollar City, por el Hotel Cordillera. En la misma, el señor Juan Gabriel Ruiz dice que ellos tienen otra droguería en Galerías, llamada Pacífico Verde y Drogas La Mejor. Se presenta como un ‘copidroguista’, afiliado a la distribuidora mayorista de medicamentos, para solicitar descuentos.

Se puede leer en el formato de resolución, que por esta conversación, sin confrontar documentos y antecedentes, se determinó que todos los negocios pertenecen al intendente y que por esa razón tenían que ser sometidos a extinción de dominio, como una ‘justa’ causa de un enriquecimiento ilícito.

“En relación con la anterior comunicación es posible que Juan Gabriel Ruiz sea propietario de las farmacias: ‘droguería El Ruiz, Pacífico Verde y Drogas La Mejor, ubicadas en Buenaventura. Por tal razón no estaría interesado en la compra de productos farmacéuticos”, dice el análisis de los agentes de Antinarcóticos.

Es decir, que se puede inferir, entonces, que una persona llama a solicitar un pedido en nombre de su esposa y sus suegros, para una compra mayor con la que puede lograr un mejor precio lo hace dueño de los negocios en mención. Pero en este caso la realidad es lamentable, que esta llamada sirvió como prueba para adelantar el masivo embargo.

Además, resulta sorprendente, que también se use una llamada telefónica a una empresa de seguros, la conversación con una asesora de nombre Sandra, como prueba de que es el propietario de dos vehículos, de los que existe un crédito bancario, del que solo se han pagado tres cuotas.

“En relación con la anterior información se da a conocer que Juan Ruiz posiblemente cuenta con un vehículo de placas (…) se solicita al investigador corroborar la información”, dice el informe, que agrega la posibilidad que haya vendido uno antes.

Este proceso, insistimos, lo seguiremos detallando, mostrando los análisis, por demás, increíbles, con los que se busca determinar el aumento de un patrimonio.

Es más, hasta se practicó la extinción de dominio de la vivienda que le adjudicó la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CAPROVIMPO) la que el intendente adquirió con ahorros de más de 14 años. Un hecho que se puede confrontar con solo mirar los documentos. La casa del intendente, está por fuera de la línea de tiempo del señalado acto investigado.

Este medio también reveló los excesos en el operativo de allanamiento de la vivienda por parte del jefe operativo de Antinarcóticos en Buenaventura, el mayor Carlos Delgado. Este oficial, tenemos el testimonio de tres personas, amenazó a dos niñas con arrebatarles sus mascotas, porque a su parecer se trataba de un perro de raza que solo pueden tener los mafiosos.

Es más, se denuncia, que delante de las dos menores el oficial Delgado trataba de “bandido” al intendente Ruiz Ramírez, que habría lanzado expresiones como de “quitarles todo para dejarlos en la calle”, hasta “la casa de los suegros”.

La actitud podría llevar a pensar que se trataría de una situación personal, lo que nos ha motivado a investigar el posible montaje y abuso de poder.

Por último, los familiares siguen denunciando que los funcionarios de la Policía Antinarcóticos se llevaron mercancía de las droguerías en mención y se negaron a entregar un inventario de lo que transportaban.

 Redacción Unidad de Justicia

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