Escándalo:

El enquistado carrusel de los contratos en Antinarcóticos de la Policía involucra a altos oficiales de la Institución

Sigue la puja por millonario negocio por el que por años se han lucrado varios oficiales, exdirectores de esta unidad, revela denuncia radicada ante los órganos de control. Además, en la investigación que arrancó en la Contraloría, es mencionado el hermano de Laura Sarabia, el poderoso contratista Carlos Niño Vargas y el subdirector de la Policía.

Unidad de Justicia

Domingo, 1 de diciembre del 2024

El tema de la corrupción al interior de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) tiene una larga historia, que –de acuerdo con investigaciones– se trata de una de las dependencias en donde este mal se ha enquistado, y de la manera como altos oficiales lograron desorbitar sus finanzas. Dice la investigación que sucede por “el recibimiento de coimas traducidas en pagos por asignación de contratos”. Esto se ha venido desarrollando, según las denuncias en el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

EL HOME NOTICIAS pudo establecer que existen tres denuncias, todas radicadas ante los diferentes entes de control. No obstante, este medio pudo acceder, hacerle seguimiento, a una de ellas, la que fue radicada –inicialmente– en la Contraloría General de la República, después ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Participación Ciudadana de la Contraloría la denuncia fue radicada allí el 19 de octubre del 2023, que por traslado interno fue notificada la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Defensa y Seguridad el 31 de octubre del año pasado.

Es decir, que las autoridades han venido siendo alertadas de un recurrente caso de corrupción en el que se mueven millonarios sobornos, que terminan, al parecer, siendo repartidos entre los altos mandos de Antinarcóticos, miembros de las Fuerzas Militares y hasta reconocidos políticos.

Esta es la portada de la denuncia que fue radicada ante la Contraloría General de la República. Otras dos alertas, relacionadas con posible corrupción, fueron también instauradas ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Específicamente, la denuncia con la que se procura llamar la atención de los entes encargados de investigar es una en la que se menciona, con nombre propio y puntuales hechos, al contratista Carlos Niño Vargas, al general de la Policía Nicolás Alejandro Zapata Restrepo (actual subdirector de la Policía Nacional), y al coronel de las Fuerzas Militares, Carlos Augusto Morales Hernández.

“El señor (Carlos) Niño ha podido corromper a funcionarios del Ministerio de Defensa hasta el director Antinarcóticos, los cuales reciben sagradamente un porcentaje por cada contrato”, se lee en el escrito.

De acuerdo con el escrito, que ha sido ampliado ante la Procuraduría, se describe la conformación de un entramado de corrupción que estaría involucrando a miembros de la Policía Nacional –coroneles, generales y suboficiales– y a salientes directivos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

EL HOME NOTICIAS buscó a una de las personas que insisten en dar a conocer el caso ante las autoridades, quien narró cómo un grupo de oficiales recibían hasta 5.000 millones de pesos mensuales provenientes de la mala utilización de los recursos destinados para los grupos móviles de policías y de erradicadores de cultivos ilícitos.

“La corrupción se da al aumentar los precios de los alimentos y disminuyendo las raciones a la mitad”, dice la denuncia.

No obstante, la fuente contó otros pormenores de cómo se obtienen los millones de pesos de los sobornos y en manos de quienes van a parar, por los que se suscitaron –dijo– enfrentamientos internos en la Policía, hasta el punto de ser bloqueados algunos ascensos. Se habla de que dos coroneles no llegaron al grado de general por el “incumplimientos de pagos y de inexplicables exigencias respecto a las coimas”.

Se ha podido establecer que Niño Vargas entre el 2020 al 2023 ha firmado contratos con la Dirección Antinarcóticos que superan los 406.000 millones de pesos. No obstante, para este 2024 aún no se ha adjudicado el nuevo acuerdo, esto debido a las revelaciones recientes de corrupción.

En esta parte es importante precisar que estas denuncias han generado serios inconvenientes en la labor de erradicación manual con grupos móviles de cultivos ilícitos en Colombia. Preciso, se conoció a finales de octubre que la DIRAN había declarado desierto el proceso licitatorio.

Es ahí en donde está la puja por la asignación del megacontrato que sería de 70.000 millones de pesos, empañado por denuncias de supuesta corrupción. Para expertos se trata de una mala noticia, preciso cuando el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) ha revelado en recientes informes que el país pasó de producir para el 2022 un total de 1.738 toneladas de cocaína a 2.664 en el 2023.

Estas cifras negativas, que hablan según la ONU del incremento en 2023 de un 10% de las áreas sembradas de matas de coca en Colombia, aparecen en víspera del comienzo de la era Donald Trump en los Estados Unidos. La falta de resultados, de un verdadero récord por el aumento de los cultivos ilícitos, que saltó la producción de droga en un 53%, es lo que tiene al país en ‘el ojo del huracán’, preciso cuando se espera la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump.

En cuanto al tema de corrupción, de las denuncias por millonarias coimas, recordemos, que el nombre de Carlos Niño saltó de la sombra en julio de este año cuando se le relacionó con el hermano de Laura Sarabia, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con Andrés Sarabia, de sostener reuniones privadas para, al parecer, direccionar contratos desde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

El escándalo reveló que Niño buscó a través de Sarabia que se le asignara un contrato por 75.000 millones de pesos para la compra de 170 camionetas para la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el que entraría a terciar la Agencia Logística en donde este empresario tenía su total manejo, corrompiendo a funcionarios.

Precisamente, en la denuncia que involucra a personal de la  DIRAN establece que Niño Vargas disimuló su nombre a través de varias empresas y uniones temporales con las que se hizo a los contratos para ejecutar la operación logística de erradicación manual de cultivos ilícitos. Son estas: Interlogística Service S.A.S., Integral Servicios y Global Service Group.

Lo que siempre ha llamado la atención es que estas empresas no tienen nada que ver con la erradicación de plantas, pero sí que en su objeto social se refieren a la contratación de personal para diferentes actividades logísticas tanto a entidades privadas como del Estado.

De acuerdo con la denuncia, para las coimas en la DIRAN hasta el 2023 se estableció  un acuerdo irregular de un millón de pesos por cada erradicador contratado, estos provienen de los sobrecostos, lo que equivale a un aproximado de 3.000 millones de pesos cada mes.

Se habla que al erradicador le suministran un bono para alimentación, que contizado en el mercado tiene un costo de 90.000 pesos, sin embargo, es cobrado ante la Agencia Logística por más de 300.000 pesos.

Corrupción: erradicadores de matas de coca de manera manual aseguran que reciben menos de la mitad de lo que deberían suministrarles por bonos de alimentación. Además, que el pago de sus salarios es inconstante.

Lo lamentable es que estos erradicadores han denunciado su inconformidad, hablan de  la mala calidad del alimento que reciben, además, que duermen en condiciones infrahumanas, en cambuches, pero en la presentación de cuentas se habla de alojamiento en hoteles, lo que también genera un sobrante económico.

También, que el cobro de lo contratado se viene haciendo sin los debidos soportes, tales como facturas, las planillas con la firma de los policías y erradicadores, en los que conste que las personas sí recibieron de conformidad la alimentación y el alojamiento.

En el escrito en poder de la Procuraduría se menciona al coronel Juan Pablo Bernal Jaramillo, jefe de Intervención a Cultivos Ilícitos, quien –al parecer– fue trasladado desde Cúcuta para ocupar el cargo en DIRAN por recomendación de quien fungía como director de esta unidad, el general Zapata Restrepo.

Resaltan el hecho de que su traslado se realiza sin tener en cuenta que el Teniente Coronel llevaba menos de un año en Norte de Santander, que el periodo de permanencia en cualquier unidad de la Policía es de más de dos años, dentro del cumplimiento de la rotación del personal.

Es más, que apenas se tuvo conocimiento del escándalo por temas de corrupción, por las denuncias que vienen desde octubre del año pasado, el oficial fue trasladado a una dependencia de la DIRAN sin tener ningún cargo establecido, en donde –revela nuestra fuente– oficiales con menos antigüedad vienen desempeñando funciones de mayor responsabilidad.

“Esto es para indicar que se trata de un protegido y hombre de confianza del Subdirector de la Policía”, se lee en la denuncia.

A Bernal Jaramillo se le menciona porque es el funcionario indicado para dar explicaciones respecto a las denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos: remesas, transporte, alimentación y hospedaje, sobre todo de los posibles sobrecostos y del pago de coimas a oficiales de la DIRAN y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Redacción Unidad de Justicia

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