‘En las chuzadas ilegales en el ‘Búnker’ también hubo participación de personal de la Dijín’

Así lo revelan los dos exfuncionarios de la Fiscalía presos en La Picota, desde dónde ‘encienden el ventilador’. Aseguran que miembros de la Policía tenían a su cargo interceptar correos electrónicos y cuentas de Facebook y Whatsapp por supuesta orden del Fiscal. Crece el escándalo.

 JUSTICIA

Lunes, 2 de diciembre del 2019

El escándalo de altísimo impacto, de supuestas interceptaciones ilegales desde el Búnker de la Fiscalía  a personalidades del país entre abogados, políticos,  y hasta los de la mesa de negociadores para la desmovilización de las Farc, instalada en La Habana, Cuba, sigue en aumento.

Las revelaciones dan cuenta de que no había límites ni control alguno para ‘chuzar’ líneas telefónicas desde el Nivel Central de la Fiscalía. Estas están contenidas en la denuncia que radicaron dos exfuncionarios de este organismo, presos en la cárcel La Picota, precisamente, involucrados en tales irregularidades.

Los testigos cuentan de cómo en el ente investigador se confabulaban los directores, fiscales, analistas, policías, militares (…) para saltarse los protocolos que rigen las interceptaciones.  

El gran secreto lo destaparon los procesados Fabio Augusto Martínez Lugo, exfiscal 32 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, y Luis Gómez Góngora, exjefe de la Sala Diamante, los que hoy mantienen en el ojo del huracán al exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, y a sus más fieles colaboradores: Daniel Hernández, fiscal delegado; fiscal Álvaro Betancourt, y al general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director del CTI.

Los denunciantes reconocen el haber participado en la ‘chuzadera’ ilegal en el Búnker, entre estos a los del sindicato de Avianca, pero que no estuvieron solos en el entramado de corrupción.

No obstante, entre las líneas de la denuncia salta otra pieza del vergonzoso episodio, y es que –según Gómez Góngora y Martínez Lugo– en el seguimiento ilegal también entraban los de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), con personal uniformado a la ‘Sala Esperanza’.

• Revela, además, un detalle inquietante y es que por supuesta orden de Néstor Humberto Martínez, directriz que llegaba a través del fiscal Daniel Hernández, los policías de la Dijín en la “Sala CIAN” en el Búnker realizaban supuestas ‘chuzadas ilegales’ de datos, de conversaciones por WhatsApp, Facebook, Messenger y correos electrónicos.   

En los reveladores documentos se menciona como ordenador de las ‘chuzadas’ al fiscal delegado Daniel Hernández, a quien el exfiscal ad hoc ya había solicitado que se le investigara por supuestas fallas en la investigación en el caso Odebrecht.

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La Dijín es mencionada tres veces en estas denuncias de chuzadas ilegales, aquí dos de ellas. Se establece que había una conexión entre el director del CTI, general (r) Luis Pérez Alvarán y en entonces director de esta Unidad de la Policía.

De todas estas denuncias los exfuncionarios solicitan a la autoridad que asuma el caso que llame a declarar a cada uno de los señalados por estas interceptaciones irregulares, entre estos al general (r) Pérez Alvarán, quien aparece en todas las líneas de las acusaciones como uno de los hombres de confianza de Néstor Humberto Martínez. Es bueno traer a la memoria que Pérez fue su jefe de seguridad  siendo Ministro de Justicia a quien  lo recuerda como el hombre que lo protegió en medio de un ‘bombazo’ en 1995.

En este trazo de tiempo entrarían al visor de este asunto los exdirectores de la Dijín, generales Jorge Rodríguez Peralta (ya retirado) y Jorge Luis Vargas Valencia (actual director de Seguridad Ciudadana de la Policía), quienes deberían responder ante los fuertes señalamientos de los exfuncionarios de la Fiscalía presos por las ‘chuzadas’ ilegales.

“Se efectuaron vigilancias y seguimientos en el país y (el) exterior de los negociadores de paz mencionados, orden cumplida por un grupo de la Dijín, por disposición del mismo Fiscal General”, manifiesta Gómez Góngora.

En sus afinadas revelaciones Gómez Góngora cuenta que el general (r) Pérez Alvarán “nombró estratégicamente” a Roberto Carlos Montenegro, a un exagente de la inteligencia militar, para apoyar a los fiscales que le hacían seguimiento a abogados e involucrados en los casos Odebrecht y Hyundai, que incluye a Carlos Mattos.

Montenegro contó también que se realizaban interceptaciones ordenadas por oficiales de la Policía y Fuerzas Militares con la premisa de que se incluyeran en el monitoreo y escucha sin preguntar por qué, se hacían como casos urgentes,  que tenían que interceptarse  “en tiempo real”, porque eran casos relacionados con el conflicto armado.

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Además, agrega, se decía que eran operaciones secretas de las que solo se debían enterar los “directivos estrictamente necesarios, cómo se venía haciendo desde el pasado en la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación”.

De hecho, los números interceptados tenían que quedar en secreto, con el riesgo de que se ‘chuzaban’ bajo la responsabilidad del analista de la Sala Diamante o Granate y se hacía “como aporte al desarrollo del conflicto armado desde la óptica de la guerra jurídica”.

Después, deja ver Gómez,  las conversaciones eran quemadas en un CD que tanto los militares como policías se los llevaban a sus mandos superiores y después en la sala se borraba todo, “sin que quedara trazabilidad de las eschuchas”, para evitar evidencias de las posibles interceptaciones ilegales.

Los denunciantes insisten en que se trataba de una constante, una labor irregular reincidente: “Al interior de la Fiscalía General de la Nación existen diferentes mecanismos de interceptación judicial  ilegal, siempre partiendo del conocimiento del despacho del Fiscal General, canalizado a través del director del CTI (general Pérez Alvarán)”.

Entre los abonados celulares que cayeron en esta ‘chuzadera’ ilegal desde la llamada ‘Sala Esperanza’, se cuenta a los involucrados en sobornos para la adjudicación del contrato de la obra Ruta del Sol II, que terminó en poder de Odebrecht.

Recordemos que por las coimas de Odebrecht se investiga al cuestionado presidente Juan Manuel Santos, por entrada a su campaña de dineros de esta gigante de la construcción del Brasil.

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Redacción Justicia

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