Efectos del abuso:

Intervención a EPS Sanitas: expertos advierten consecuencias tras decisión de la Corte

La decisión pone en evidencia las consecuencias legales y reputacionales de una medida que expertos ya habían advertido como arbitraria hace un año. Juristas ya habían advertido que la intervención carecía de sustento técnico y jurídico, y señalaron la importancia de fortalecer la institucionalidad para evitar abusos de poder en el sistema de salud.

Redacción Judicial

Viernes, 27 de junio de 2025

La reciente decisión de la Corte Constitucional de anular la intervención administrativa a la EPS Sanitas no solo representa una victoria judicial para la entidad, sino que también ha reavivado el debate sobre los límites del poder estatal y las consecuencias de decisiones adoptadas sin el debido respaldo legal.

Desde que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, el 2 de abril de 2024, la toma de posesión de Sanitas por presuntos incumplimientos financieros, diversos expertos y juristas venían advirtiendo públicamente que la medida carecía de fundamentos técnicos y violaba garantías constitucionales. Un año después, la Corte les dio la razón.

Riesgos institucionales y reputacionales

Para analistas del sector salud y constitucionalistas, la intervención ahora anulada podría tener efectos más allá del caso puntual de Sanitas. Entre las principales consecuencias señaladas están la pérdida de confianza de los inversionistas, la judicialización creciente de decisiones administrativas y un posible debilitamiento de la institucionalidad en el sistema de salud.

“La Corte ha corregido un grave error, pero el daño ya está hecho. Una intervención sin sustento puede comprometer empleos, atención médica y hasta estabilidad en la red prestadora. No se puede jugar con la salud de millones de usuarios por decisiones improvisadas”, señaló a través de la red social X (antes Twitter) el abogado constitucionalista Camilo Umaña, quien desde 2024 había calificado la medida como un “acto autoritario”.

Otros académicos, como la profesora Laura Romero, de la Universidad del Rosario, coincidieron en que esta situación sienta un precedente preocupante: “La Supersalud no puede actuar como juez y parte. La Corte ha recordado que los procedimientos son esenciales, incluso cuando hay supuestos fallos financieros”, escribió en su cuenta.

Advertencias ignoradas

Desde su intervención, Sanitas había denunciado públicamente que el proceso carecía de garantías y que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados. En ese momento, varios juristas alertaron que la Superintendencia no había agotado otros mecanismos previos menos lesivos y que la toma de posesión parecía más una decisión política que una acción técnica justificada.

La tutela interpuesta por Sanitas, inicialmente rechazada por los tribunales ordinarios, fue finalmente admitida y fallada a su favor por la Corte Constitucional, que encontró violaciones al derecho al debido proceso. El fallo también ordenó remitir el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, señalando que la situación merece especial vigilancia.

¿Qué va a pasar, entonces?

Tras la decisión, se abre la posibilidad de que Sanitas emprenda acciones para reclamar reparaciones por los perjuicios causados durante más de un año de intervención. Además, el caso podría motivar una revisión de los procedimientos de vigilancia y control de la Supersalud, que ha sido blanco de críticas por su falta de transparencia y solidez técnica en casos similares.

En el ámbito internacional, la empresa ha manifestado que continuará alertando a organismos como la Relatoría del Derecho a la Salud de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También se evalúa acudir a instancias de arbitraje internacional, en representación de inversionistas extranjeros.

Redacción Judicial

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