Contratos con visos de corrupción, de la Gobernación de San Andrés Isla en 2020, en la lupa de la Procuraduría

Entre los millonarios contratos que el ente de control está explorando se encuentra el del alumbrado navideño por  1.550 millones de peso. En la mira está el gobernador encargado Alen Jay Stephens, tres secretarios de su despacho y hasta el alcalde de Providencia. Aquí están los detalles de esta investigación.

JUSTICIA

Jueves, 17 de diciembre del 2020

La Procuraduría General de la Nación inicio una observación especial a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con entidades nacionales y territoriales, por un monto que supera los 191.000  millones de pesos.

El Ministerio Público identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, por esta región se celebraron 318 contratos, por 7.035 millones de pesos, de estos hay seis, que suman 2.315 millones de pesos corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago, como debería ser.

Se hicieron contratos como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario en contra de los responsables de estas transacciones.

Se habla de que hay una millonaria nómina paralela y como una acción preventiva la Procuraduría estará indagando este tema. Hay denuncias que precisan la existencia de cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla, es decir, que solo viajan para firmar el contrato y vuelven a esta parte del país a esperar el pago.

El ente de control le puso la lupa y seguimiento especial a 12 tratos jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de 16.300 millones de pesos.

Los contratistas que están en la mira

Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.

Desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los 56.639 millones de pesos, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la Gobernación.

Entre enero y marzo la contratación sobrepaso los 112.000 mil millones. De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la contratación fue de casi 79.000 millones.

Ya se solicitó información a las entidades del orden territorial y nacional mencionadas en estos contratos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras.

Alumbrado Navideño

La Procuraduría abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.

El ente de control investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del Contrato, celebrado entre la Gobernación con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

Es claro que mientras en la emergencia se invirtieron 70.000 millones pesos, para el alumbrado navideño se invirtieron 1.550 millones de pesos.

También indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago -EMDESAI, EDDAS y SOPESA-, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.

Contratación por el COVID-19

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el Contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de 200 millones de pesos.

Así mismo, investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por más de 360 millones de pesos.

El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes.

De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por más de 1.083 millones de pesos.

El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.

Otros contratos

El Ministerio Público también indaga a funcionarios por determinar de la Gobernación, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por un valor de 450 millones de pesos.

La Procuraduría busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio.

Además, investiga al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold Dau, por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento en dos contratos de servicios profesionales de abril de 2020, que se suscribieron con dos periodistas.

El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento.

La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Redacción Noticias Judiciales

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