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Fiscalía de Colombia cerca el patrimonio del presidente de Ecopetrol mientras avanzan investigaciones por la campaña Petro
La Fiscalía General avanza en dos frentes contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022 y un caso de tráfico de influencias ligado a la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Un embargo sobre el inmueble ya fue ordenado, mientras se define la situación jurídica de un exoficial de Policía vinculado a los pagos y a contratos con la petrolera estatal.
Redacción Justicia
Martes, 10 de febrero de 2026
La situación judicial de Ricardo Roa, presidente de la estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022–2026, entra en una fase decisiva tras el doble llamamiento a imputación de cargos anunciado por la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones avanzan en dos líneas sensibles: la presunta violación de los topes de financiación electoral y un posible tráfico de influencias relacionado con la adquisición de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá.
A 24 horas del anuncio de la Fiscalía, la junta directiva de Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la permanencia de Roa al frente de la principal empresa estatal del país. Tampoco se había registrado, al cierre de esta edición, un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, pese a que el caso vuelve a poner bajo escrutinio la campaña que lo llevó al poder y a uno de sus colaboradores más cercanos, a quien incluso incluyó recientemente en una visita oficial a Washington.
En las próximas horas se conocerán las fechas en las que Roa, de 63 años, será citado formalmente por ambos procesos. El apartamento identificado como el inmueble 901, cuya compra fue revelada en diciembre de 2023 por la prensa colombiana, aparece como un elemento central tanto en la investigación penal como en un proceso civil paralelo.
De hecho, fuentes cercanas al caso confirmaron que ya fue programada una diligencia de embargo y secuestro del apartamento, en el marco de una demanda por deudas de campaña interpuesta por la empresa Sociedad Aérea de Aviación (Sadi SAS). El proceso ha avanzado de manera escalonada: embargo ejecutivo decretado en diciembre de 2024, orden de ejecución en marzo de 2025, solicitud de secuestro en noviembre y un nuevo memorial librado el pasado 4 de febrero de 2026. La diligencia coincidió en fechas con la estadía de Roa en Estados Unidos como parte de la comitiva presidencial.
Paralelamente, la Fiscalía se apresta a definir la situación jurídica del expolicía Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, hoy contratista de Ecopetrol y señalado de haber realizado los pagos del apartamento. El fiscal delegado Raúl González confirmó públicamente que Mancera es investigado por presunto tráfico de influencias, al haber participado en la transacción inmobiliaria antes de resultar favorecido con contratos en la petrolera estatal.
Según la investigación, una empresa vinculada al empresario Serafino Iacono figura como proveedora del gas que una de las compañías de Mancera acordó suministrar a Ecopetrol. Además, en otro contrato bajo revisión, habría intervenido una sobrina de Mancera que trabaja actualmente en la estatal. El exoficial, que permanece fuera del país, sostiene que todas las contrataciones se ajustaron a la ley y a los controles internos de la compañía.
Consultado por este medio sobre la diligencia de embargo, Ricardo Roa no respondió. Sin embargo, una fuente cercana indicó que el directivo ha venido realizando consultas jurídicas y sostiene que el proceso corresponde exclusivamente a obligaciones de la campaña presidencial y no a su patrimonio personal.
El avance simultáneo de estos procesos mantiene bajo presión a la cúpula de Ecopetrol y abre un nuevo capítulo de impacto político y judicial para el Gobierno colombiano, en un momento clave de su agenda interna e internacional.
Redacción Justicia