El ‘reversazo’ de Petro: del decreto impugnado a la papeleta constituyente

Este cambio de frente merece un análisis mucho más profundo. Petro deroga un decreto jurídicamente inviable para avanzar hacia una propuesta más ambiciosa, pero aún más riesgosa, una Constituyente. El país debe vigilar que esta nueva vía no termine erosionando las bases de la institucionalidad en nombre del cambio.

EDITORIAL

Viernes, 20 de junio de 2025

El presidente Gustavo Petro ha protagonizado este viernes un giro político que merece ser analizado con lupa. Tras insistir durante semanas en la necesidad de una consulta popular —convocada por decreto presidencial y sin autorización del Congreso— el mandatario ha decidido derogar el polémico decreto. Su justificación, es que las reformas que pretendía someter al voto ya fueron aprobadas por el Legislativo, y por tanto, la consulta «ya no es necesaria».

Pero el presidente no ha retrocedido sin avanzar en otro frente. Acaba de lanzar un ‘misil’, que en las elecciones de 2026 se incluirá una papeleta para que el pueblo decida si desea una Asamblea Nacional Constituyente. Un movimiento que revela el verdadero fondo del debate: la ambición presidencial de reconfigurar el modelo institucional colombiano.

De la urgencia a la retirada estratégica

La consulta popular, según Petro, era el camino para validar reformas sociales frenadas en el Congreso. Pero el Consejo de Estado le dio un golpe certero al suspender el decreto, por considerarlo carente de sustento legal. Es que el Ejecutivo no puede convocar mecanismos de participación sin el aval del poder Legislativo. En lugar de insistir —como había prometido— Petro optó por desactivarla, evidenciando una retirada estratégica más que un acto de humildad institucional.

Sin embargo, este ‘reversazo’ no debe interpretarse como una cesión, sino como un cambio de táctica. La papeleta constituyente que propone para las próximas elecciones es aún más ambiciosa. ¡Mucha atención! No se trata de legitimar reformas sectoriales, sino de abrir la puerta a una reforma total del orden constitucional.

¿Para qué quiere Petro una Constituyente?

El presidente no ha explicado con claridad qué temas abordaría esa eventual Asamblea Constituyente. Ha hablado vagamente de “una democracia profunda”, “justicia social” y “Estado social de derecho”, pero ha evitado detallar los límites, los alcances o la metodología de su propuesta. ¿Se trata de una Constituyente para avanzar en justicia social o de un mecanismo para eludir los contrapesos institucionales que han frenado su agenda?

En un país como Colombia, con dolorosas experiencias recientes de polarización, inseguridad jurídica y desconfianza en las instituciones, la idea de una Constituyente no es neutra. Es legítimo pensar en reformar la Constitución, pero la forma, el momento y la motivación cuentan. Si la Asamblea se convierte en un instrumento para doblegar al Congreso o reescribir las reglas de juego a la medida del Ejecutivo, estaremos frente a un riesgo para la democracia, no frente a su renovación.

Un llamado al debate con reglas claras

La democracia no puede ser rehén de la incertidumbre ni de las ambiciones de poder. La ciudadanía necesita saber con precisión: ¿Quién redactará la papeleta? ¿Qué preguntas contendrá? ¿Qué garantías ofrecerá el proceso? ¿Qué límites se impondrán a la Asamblea?

Más que una papeleta, lo que Colombia requiere es una conversación nacional seria, incluyente y transparente. La Constitución del 91 —aunque imperfecta— fue fruto de un amplio consenso social. Cualquier intento de reemplazarla debe superar ese mismo estándar de legitimidad.

Nota Editorial

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