Sandra Ortiz, exconsejera de Presidencia, es citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia

Hace parte del proceso en contra del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Se trata de una petición voluntaria de la exasesora de querer colaborar con la administración de Justicia.

JUSTICIA

Lunes, 19 de mayo de 2025

Sandra Liliana Ortiz, testigo clave en el caso de corrupción que afectó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), deberá rendir su declaración voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia.

Todo esto en el marco de la investigación relacionada con el direccionamiento de contratos de la UNGRD para favorecer a los congresistas y que estos apoyaran las reformas que viene proponiendo el Gobierno de Petro.

La exconsejera presidencial del actual gobierno, aseguró que está dispuesta a colaborar con la Justicia. Su versión de lo que ocurrió en la escandalosa contratación será escuchada el próximo 26 de mayo a las 9:00 de la mañana.

El interrogatorio estará a cargo del magistrado Francisco Farfán, después de que la exfuncionaria radicase un oficio ante su despacho, dando a conocer la situación de su proceso, al caerse las negociaciones que venía adelantando con la Fiscalía General de la Nación, y su intención de contar la verdad de los hechos.

Recordemos que la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a varios funcionarios, de acuerdo con su participación en el entramado de corrupción, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas. La Fiscalía Novena estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

Por disposición de una juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar en el norte de Bogotá.

Redacción Justicia

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