¿Cuál es el ‘complot’ que  se maquinó en contra de la fiscal Martha Mancera para desprestigiarla y presionar a la Corte?

La Fiscal General encargada insiste en que se creo en su contra una carpeta “llena de mentiras” para difamarla y hacer ver de estar protegiendo a otros fiscales y a un coordinador regional del CTI en hechos ilícitos. Entre tanto, se revela que los investigadores que hacen las acusaciones tendrían vínculos con el narcotráfico.

Unidad de Justicia

Jueves, 22 de febrero del 2024

Es mucho lo que se ha dicho respecto a los graves señalamientos en contra de la Fiscal General de la Nación (encargada), Martha Janeth Mancera,  entre estos de estar,  supuestamente, protegiendo a uno de los funcionarios de la entidad,  de nombre Francisco Javier Martínez Ardila,  quien estaría –dicen los acusadores– vinculado con actividades ilícitas en el puerto de Buenaventura.

En esta suerte de versiones se ha hecho pública las acusaciones de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI): Fabio de Jesús González y Pablo Andrés Bolaños, quienes aseguran haber informado a la fiscal Mancera de las irregularidades del entonces coordinador del CTI  del puerto en el Pacífico colombiano,  pero que supuestamente la alta funcionaria que desempeñaba el cargo de Vicefiscal no tomó acciones al respecto.

Martha Janeth Mancera  ha enfatizado públicamente que estos señalamientos hacen parte de un «complot» orquestado desde la Casa de Nariño  para evitar ser el reemplazo temporal del saliente Fiscal General de la Nación,  Francisco Barbosa.

EL HOME NOTICIAS realizó la tarea de confrontar las versiones,  descubrir nuevos detalles respecto al escándalo,  para que sea la opinión pública la que determine cuál es la verdad del asunto.

Lo primero que debemos saber es quién es Francisco Javier Martínez Ardila,  a quien en las versiones de los mismos acusadores es llamado como “Pacho malo”. Se trata de un técnico investigador del nivel 1 de la Fiscalía, quien también estuvo vinculado con el extinto Departamento de Seguridad (DAS). Ya completa 22 años como funcionario del Estado y nunca ha desempeñado un cargo directivo.

De Martínez Ardila se ha dicho en algunos medios de comunicación que –al parecer– tiene tres investigaciones en curso,  es más,  que por las mismas ya ha sido condenado.

Es importante aclarar, que ningún funcionario público que tenga condenas vigentes puede seguir  desempeñando sus funciones. Constituye,  según las leyes vigentes,  una causal de inhabilidad.

No obstante,  en respuesta a un Derecho de Petición elevado por este medio la misma entidad confirmó que lo dicho en los medios periodísticos no es cierto,  que el agente, excoordinador del CTI en el Puerto nunca ha sido protagonista de ninguna condena,  que  “durante su desempeño en la entidad desde el 2012, en Buenaventura,  no tuvo en su contra ninguna investigación penal”. También se conoció que la Unidad a cargo de Martínez recibió elogios institucionales por el buen desempeño, como de la más destacada en el departamento del Valle del Cauca.

A través de las redes sociales un veterano periodista reveló que Martínez Ardila tendría una hermana vinculada con la Fiscalía, supuestamente, cumpliendo funciones en el mismo despacho de la fiscal Mancera.

También averiguamos el asunto con una creíble fuente, nos aseguró que el señalado funcionario solo tiene una hermana,  quien se encuentra fuera del país hace al menos 30 años. Tuvimos acceso a otra información, que en la hoja de vida del agente Martínez Ardila figuran tres solicitudes de traslado,  las que nunca fueron atendidas por el mando institucional, debido a su buen desempeño, nos revelan.

En este informe periodístico no podemos dejar pasar la versión del actual Fiscal General de la Nación (e),  quien manifiesta que el verdadero propósito de acusarla “sin el aporte de pruebas” es parte de un «complot», para sacarla de la Fiscalía y evitar que continúe con las investigaciones que afectan el entorno familiar del presidente Gustavo Petro.

Es más,  señaló al mandatario colombiano de ser el responsable de orquestar el ataque en su contra porque ella evitó que se levantaran las órdenes de captura que pesan en contra de dos reconocidos narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos. Es decir, que el mandatario estaría intentando beneficiar a narcotraficantes que tienen el control del puerto de Buenaventura.

“Fui yo la que firmó el documento de que no se puede levantar las órdenes de captura en Colombia contra narcotraficantes pertenecientes al Clan del Golfo o de otras estructuras criminales hasta que no exista una ley de sometimiento colectivo a la justicia”, indicó Mancera.

En el mismo orden,  Mancera ha dicho que la artífice de las “denuncias infundadas” estaría la también fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, quién después de conocer la versión de los dos agentes encubiertos del CTI interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, desconociendo los protocolos, a sabiendas de que sus testigos ofrecían  una interpretación totalmente distinta, desdidibujada de los hechos.

“Ella presentó la versión que ofrecieron dos agentes encubiertos pero se les olvidó decir a  los servidores, los que se reunieron con Angélica Monsalve, que hay dos narcotraficantes ya condenados por concierto para delinquir, quienes confesaron cuál era la actividad ilícita de esos testigos que hoy afrontan un juicio por narcotráfico”, precisó Mancera.

Agregó que este tipo de denuncias sin el apoyo de material probatorio es llamado en los pocesos judiciales como testigos de referencia, es decir,  que  soporta sus versiones en comentarios de unos terceros, lo que en las calles se califica como un cuento bien contado del chisme. Sin tener pruebas.

Al momento de publicarse este informe periodístico se conoció una nueva noticia respecto a la fiscal Angélica Monsalve, quién –informó la Fiscalía–  será llamada a juicio por la supuesta exigencia de sobornos en la investigación por un caso de corrupción que permea a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El mismo organismo aclaró que fue radicado el Escrito de Acusación para así iniciar la etapa de juzgamiento.

En detalle,  la fiscal Monsalve es acusada de pedir una alta suma de dinero a un investigado a cambio de archivar su proceso por corrupción.

¿Bolaños y González eran agentes de la mafia?

Toda esta historia empezó con una solicitud, en marzo del 2021, de una agencia encubierta con el supuesto fin de infiltrar a las organizaciones narcotraficantes que delinquen en el puerto de Buenaventura.

Los agentes del CTI, Fabio de Jesús González y Pablo Andrés Bolaños,  se ofrecieron a participar en la peligrosa misión. Convencieron a sus jefes inmediatos, de ser quienes tenían la información necesaria para entrar bien dentro del Clan del Golfo en el Cauca, en una estructura criminal de Antioquia y en el sur de Tumaco (Nariño).

A los encubiertos González y Bolaños la Fiscalía les dio en su labor de inteligencia la libertad de cometer delitos, comprar u ofrecer alucinógenos, para la proximidad del objetivo, pero se les advertía que no podían traficar estupefacientes para beneficio personal y que antes de cualquier compra tenían que hacerlo saber al fiscal del caso, su superior inmediato.

Son estos dos funcionarios del CTI quienes posteriormente solicitan acreditación para dos hombres,  a quienes señalaron de ser sus principales fuentes,  para trabajar con ellos de apoyo como agentes encubiertos.

Se trata, en este caso, de Yeison Andrés Garzón Holguín, alias Perjuicio, y Carlos Hernando Loaiza Patiño, alias El viejo. Es decir, que desde ese momento ya no eran dos los encubiertos sino cuatro, para filtrar a los mafiosos.

En la investigación también figura un hecho que llama la atención, que uno de estos agentes encubiertos se movió hasta el departamento del Cauca, junto a los otros investigadores, con el propósito de recoger 500 kilogramos de marihuana. Todo esto está consignado en la investigación,  para de allí  pasarlos hasta el bajo Cauca antioqueño, en donde ya se tenían otros 500 kilogramos de la hierba, con los que se iba a completar una tonelada del estupefaciente que traficaría una organización narcotraficante.

En este extraño movimiento, por el Cauca,  el viernes 26 de marzo del 2021, uno de los investigadores que acompañaban a los encubiertos fue secuestrado por miembros de las disidencias de las FARC. Al día siguiente un campesino residente del corregimiento El Palo de Caloto (Cauca) descubrió el cadáver del investigador del CTI Mario Fernando Herrera.

Lo que aún no se ha podido explicar, es el por qué estos investigadores se salieron de su perímetro en Buenaventura sin una autorización previa, este tipo de movimientos se hacen después de emitida una resolución de la Fiscalía, posterior a un riguroso análisis de seguridad.

Cuando miembros de la cúpula del ente investigador preguntaron a los agentes encubiertos, Pablo Bolaños y Fabio González, de lo acontecido  la única explicación que ofrecieron de manera verbal es que lo asesinaron por ser agente encubierto.

Extrañamente, nunca se dijo del recibimiento de los 500 kilos de marihuana. La obligación de los encubiertos,  lo define el protocolo, es que se debió hacer de inmediato un informe de tiempo, modo y lugar de los hechos, para que así pudieran seguir trabajando en sus labores encubiertas, considerando todos los riesgos. El informe fue presentado ante el fiscal del caso diez días después de la muerte de Herrera.

Según lo dicho por la fiscal Mancera, en este informe del 7 de abril  tanto Bolaños como González,  tuvieron la oportunidad de informar de lo que supuestamente sabían, de  lo que ahora salieron a hablar,  de presuntas irregularidades del entonces coordinador seccional del CTI en Buenaventura, Francisco Martínez.

Se precisa en la investigación, que los agentes no hablaron de la marihuana, tampoco del caso, que es la génesis del actual escándalo. Lo que contaron es que se habrían movido hasta el Cauca  en busca de una información clave, pero fueron sorprendidos por guerrilleros de las disidencias de las FARC. Los Insurgentes,  fue lo que explicaron los encubiertos,  se quedaron con Herrera, quien posteriormente apareció muerto.

Los interrogantes que surgen en esta descripción de los hechos,  es por qué Bolaños y González se quedaron con información importante. Además ¿Qué tuvieron que ver estos dos funcionarios con el negocio con narcos de una tonelada de marihuana? Los dos agentes ahora se enfrentan a una investigación por posible prevaricato por omisión.

Lo que sí se supo, posteriormente, por lo que contaron alias Perjuicio y alias El Viejo, es que Bolaños y González, los testigos estrellas contra la fiscal Mancera, habían dejado su oficio de investigadores para dedicarse por su cuenta al negocio del narcotráfico. Es más, que ellos sí sabían de la venta de 1.000 kilos de marihuana.

Es más, Garzón Holguín y Loaiza Patiño, condenados por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, declararon que hicieron parte de una línea de la mafia en Buenaventura,  de la misma a la que pertenecían Bolaños y González.

Esta confesión,  como acto de colaboración a la justicia,  deja en entredicho cualquier versión posterior de los reputados agentes encubiertos.

La Fiscalía continúa buscando más detalles, profundiza en sus pesquisas. Pero existe otro interrogante en medio del anuncio de la fiscal General (e) Martha Mancera, de que se trata de «un complot» ¿Será, entonces, que el funcionario Francisco Javier Martínez es un «chivo expiatorio» en este caso?

Esto teniendo en cuenta la desinformación que se ha desplegado, como la de decir que una hermana es una funcionaria de confianza de Mancera, sin ser cierto. Hasta se ha dicho desde la Fiscalía que se han filtrado “falsos documentos en una manipulación mediática”.

Para concluir,  es importante precisar, que la Fiscalía cuenta con otros testigos quienes también aseguran que los llamados agentes encubiertos, que hoy levantan el dedo índice en contra de la fiscal Mancera, son parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico,  a la contaminación con droga de embarcaciones en Buenaventura,  lo cual concuerda con lo declarado por alias Perjuicio y alias El viejo.

Redacción Unidad de Justicia

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