¿Cómo va el proceso para que 17.000 miembros de la Fuerza Pública se pensionen con 15 o 20 años de servicio?

Se continúa a la espera de la respuesta del Consejo de Estado, alto tribunal que admitió la acción de tutela que busca el reconocimiento de un personal que se encontraba en la Escuela, tiempo que debería ser tenido en cuenta al momento de recibir la pensión.

JUSTICIA

Viernes, 1 de diciembre del 2023

El abogado, experto en Derecho Administrativo, Jorge Iván Mina Lasso, le dijo a EL HOME NOTICIAS que viene insistiendo en procura del restablecimiento de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública para que reciban su pensión a los 15 o 20 años de servicio.

Aseguró que continúa con la batalla jurídica, la misma que emprendió desde el 2013 cuando el Gobierno expidió para entonces el Decreto 1858 de 2012, con el que se incrementó la asignación de retiro hasta los 25 años, dejando por fuera de este derecho a un grueso número de uniformados.

Es así, que en el 2018 se resolvió de manera parcial el problema jurídico para 69.000 uniformados de la Policía Nacional, los que desde 3 de septiembre del año 2018 obtuvieron la asignación de retiro con 15 y 20 años.

Teniendo en cuenta la interpretación que se dio en ese momento fueron excluidos 17.000 uniformados, entre los que están aquellos que para entonces estaban ya en la Escuela de formación, al 31 de diciembre del 2004 y que se escalafonan a partir del primero de enero del 2005.

Entre los afectados están  486 oficiales, 9.200  del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.  También 2.875 suboficiales y 1.100 oficiales de las Fuerzas Militares.

En este tema hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado ha emitido cinco pronunciamientos que se refieren al Derecho de Asignación de Retiro de los Militares y Policías, pero no se ha dicho qué va a pasar con los que se encontraban en proceso de formación.

¿Cómo va la reclamación?

EL HOME NOTICIAS pudo conocer que el abogado Mina Lasso y su buffet de profesionales interpusieron una acción de tutela, en procura de esa positiva respuesta.

“Hemos desarrollado un accionar litigioso y estratégico, es así como presentamos un recurso de unificación de la jurisprudencia a fin de que el Consejo de Estado concrete nuestro hipótesis de que si tienen derecho a pensionarse aquellos con 15 y 20 años de servicio en la Fuerza Pública, considerando el tiempo de estudio”, manifestó Jorge Iván Mina.

Explicó, además, que el alto tribunal negó en primera instancia la solicitada unificación y, acto seguido, se interpuso un recurso de súplica, que  le correspondió al magistrado Luis Antonio Hernández, quien también niega la jurisprudencia.

Es en esta instancia, para el mes de agosto de este año, Mina interpone una acción de tutela contra los dos primeros autos ante el Consejo de Estado.

La más reciente actuación es que se ha acudido ante la Sala Plena, para que en este escenario se le reconozca el derecho constitucional a los 17.000 uniformados de la Fuerza Pública.

“Es lo que hemos hecho en la parte jurídica. Aspiramos agotar todas y cada una de las etapas, hasta consolidar este derecho, incluso, en acudir –de ser necesario–  ante la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Es importante precisar que hemos encontrado eco en el Congreso de la República,  en la Cámara de Representantes a través de la representante Juana Carolina Londoño quien desde abril a liderando varios debates de control político”, indicó Mina Lasso.

En este orden, reconoció el aporte del senador David Luna, quien ha hecho valiosas intervenciones en el Congreso.

“El senador Luna convocó, recientemente,  a un Foro del Régimen de Transición Especial de la Fuerza Pública, al que asistieron más de 150 personas, el que se transmitió a través del Canal del Congreso y se obtuvo una importante difusión nacional”, agregó el abogado Mina Lasso.

Por último, expresó que este conflicto jurídico tiene tres soluciones,  la primera a través del presidente Gustavo Petro, quien en un acto de justicia laboral ofrezca claridad a los decretos 1157, 754 y 991 y le conceda a los miembros de la Fuerza Pública la condición de servicio activo el tiempo que están en las escuelas de formación.

Además, el Congreso de la República tiene la facultad de ejercer el control político y reglamentar la ley marco 923 para que se clarifique esa situación de escalafonado. Por último, buscar la corrección de la interpretación que le están dando al respecto la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y  en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).

“Estamos atentos a la respuesta de la Sala Plena o en su defecto acudiremos a las instancias internacionales a fin de que se reconozca este Derecho a 17.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública,  para que puedan compartir más y mejor tiempo con sus familias”, puntualizó Mina Lasso.

Redacción Justicia

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