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Conozca por qué Nicaragua está al borde de enfrentar un posible bloqueo financiero global
Sandinismo obliga a que el Banco Central asuma funciones que no le son propias y hace que el sector financiero se relaciones con individuos sancionados internacionalmente.
INTERNACIONAL
Viernes, 5 de febrero del 2021
El régimen de Daniel Ortega aprobó una “Ley de Defensa de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”.
La norma, en primera instancia, le daría una peligrosa discrecionalidad a los entes reguladores para imponer castigos a los prestadores de servicios básicos, telefonía y televisión, entre otros.
Pero sobre todo, la nueva ley apunta al sector financiero. Le otorgaría a los funcionarios el poder de imponer multas y sanciones económicas que consideren necesarias.
El objetivo de Ortega es presionar legalmente a los bancos privados para que reabran las cuentas bancarias de 27 funcionarios, empresas y la Policía Orteguista. Todos los que están sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.
Los cambios, en sí mismos implican un roce con la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Los legisladores sandinistas quieren convertir al BCN en el regulador de las empresas de remesas. Hasta ahora esa función no está atribuida en la ley que rige al órgano encargado de gobernar la política económica y monetaria del país.
Los legisladores sandinistas aprobaron esta ley, a pesar de la advertencia de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp). Ese ente argumenta que los mecanismos provocarían un bloqueo financiero internacional contra Nicaragua.
Violación constitucional
En carta enviada a la Comisión Económica, Asobanp indicó que la reforma viola el derecho constitucional a la libre empresa. Pero, sobre todo, provocaría la inclusión de Nicaragua en la Lista Negra de Financial Action International (GAFI).
El país quedará excluido del país del Sistema Financiero Global, advierten los expertos.
Los bancos extranjeros cortarán relaciones con los bancos nicaragüenses. Esa ruptura afectará los procesos de recepción de remesas, operaciones con tarjetas de crédito y débito.
También entorpecerá las transacciones comerciales, exportaciones y otras operaciones, reportó el diario La Prensa de Nicaragua.
Las sanciones obligan a los bancos a no tener relaciones con las personas y empresas afectadas por estar vinculadas a actos de corrupción, blanqueo de capitales y violaciones de derechos humanos.
Ningún inversionista, autoridades o personas de los gobiernos que aplicaron las medidas podrán tener negocios con los sancionados.
El legislador Byron Jerez, exdirector de Ingresos durante el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, admitió que la reforma es para proteger a los funcionarios sancionados por Estados Unidos. El argumento de que la institución bancaria no puede cerrar cuentas a terceros, es para proteger a los familiares de sancionados, acotó.
Redacción Noticias Generales
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