Radiografía electoral:
Pacto Histórico concentra su mayor votación en zonas con presencia de grupos armados
El fuerte respaldo electoral del partido de gobierno en zonas con presencia de disidencias de las FARC y el ELN genera inquietudes sobre la transparencia y la libertad del voto en regiones marcadas por el control territorial y la débil institucionalidad en Colombia.
Redacción Política
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Los resultados electorales en municipios catalogados como de alto riesgo evidencian una tendencia que no pasa desapercibida: el partido político Pacto Histórico, recientemente fortalecido en el Congreso, obtuvo sus porcentajes más altos de votación en territorios donde históricamente operan estructuras armadas ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y otras organizaciones criminales.

De acuerdo con los datos analizados, municipios como Uribe (Meta), Cumbitara (Nariño), Corinto y Argelia (Cauca) registran votaciones superiores al 50 %, superando incluso el umbral de mayoría absoluta.
De acuerdo con los datos analizados, municipios como Uribe (Meta), Cumbitara (Nariño), Corinto y Argelia (Cauca) registran votaciones superiores al 50 %, superando incluso el umbral de mayoría absoluta. Estas zonas comparten un elemento común: la persistente presencia de actores armados que ejercen control territorial, influencia social y, en algunos casos, presión sobre las dinámicas comunitarias.
Este comportamiento electoral plantea interrogantes de fondo sobre las condiciones reales en las que se desarrolla la democracia en regiones afectadas por el conflicto. Aunque no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar una relación directa entre la presencia de estos grupos y la orientación del voto, sí resulta relevante que los mayores respaldos coincidan geográficamente con zonas de histórica inestabilidad y débil institucionalidad.
Analistas consultados coinciden en que estos resultados pueden obedecer a múltiples factores. Por un lado, el discurso político del Pacto Histórico, enfocado en la transformación social, la implementación de los acuerdos de paz y la presencia del Estado en territorios olvidados, podría tener mayor acogida en comunidades que han vivido de cerca el conflicto armado. Por otro, no se descarta que las condiciones de seguridad y control territorial influyan indirectamente en el comportamiento electoral, limitando la libre competencia política.
Asimismo, la concentración de votos en estas regiones también refleja una fractura histórica entre el centro del país y las periferias, donde el abandono estatal ha sido una constante. En estos contextos, las propuestas que prometen cambios estructurales suelen encontrar terreno fértil entre poblaciones que demandan soluciones urgentes a problemas de violencia, pobreza y exclusión.
Sin embargo, el fenómeno abre un debate necesario sobre la transparencia electoral en zonas de alto riesgo. Organismos de control y misiones de observación han advertido en el pasado sobre posibles riesgos de coacción al votante, restricciones a campañas políticas y limitaciones en la vigilancia institucional en estas regiones.
En este escenario, el reto para el Estado colombiano no solo radica en garantizar la seguridad durante los procesos electorales, sino también en fortalecer la presencia institucional de manera permanente, de modo que las decisiones en las urnas reflejen plenamente la voluntad libre de los ciudadanos.
Redacción Política