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Fiscalía y defensa se enfrentan por posible falta de claridad en la acusación contra Diego Marín Buitrago
En audiencia, la defensa cuestionó que la Fiscalía no precise los hechos jurídicamente relevantes y denunció una acusación “incompleta y confusa”. Procuraduría también pidió aclarar si el cohecho es delito medio o fin dentro del concierto para delinquir.
Redacción Investigativa
Domingo, 16 de noviembre de 2025
El propósito de este informe es presentar un análisis periodístico riguroso sobre lo ocurrido durante la reciente audiencia en la que se dio a conocer el escrito de acusación, esto en el proceso que se adelanta contra Diego Marín Buitrago.
Más que limitarse a reproducir el contenido del boletín de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación, este documento busca explicar con precisión lo que realmente se debatió ante el juez, así como las posiciones expuestas por las partes y los puntos de controversia jurídica que surgieron durante la diligencia.
Este trabajo se desarrolla respetando plenamente los principios que rigen el procedimiento penal en Colombia, entre ellos el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del imputado. El análisis no implica una valoración anticipada de responsabilidad o inocencia, sino una reconstrucción fiel, contextualizada y equilibrada del desarrollo de la audiencia y de los argumentos que allí se expusieron.
Es así, que en la continuación de la audiencia que inició este jueves 13 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, contra Marín Buitrago, realizada de forma virtual desde Oporto (Portugal), la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa protagonizaron un extenso debate sobre la claridad y estructura del escrito acusatorio.
La diligencia inició con la intervención del abogado principal, John Villamil, quien explicó al juez quinto especializado de Bogotá que, debido a la distancia y posibles fallas de conexión, el abogado Nelson Antonio Lopera intervendría como defensor sustituto en caso de interrupciones técnicas.
Fiscalía corrige nombres y adiciona hechos
La fiscal del caso, anunció una corrección en la página 12 del escrito de acusación: donde se mencionaba a Raúl Darío Vargas Cruz, que debía ser cambiado por el del mayor de la Policía, Abdón Enrique Melo Ramírez. Agregó, además, un nuevo párrafo señalando que, al parecer, el 1 de septiembre de 2023 Marín habría entregado dinero a dicho funcionario público.
Procuraduría pide precisar finalidad del concierto para delinquir
El representante del Ministerio Público advirtió que el escrito confunde la finalidad del presunto concierto para delinquir. Según explicó, la acusación mezcla comportamientos de cohecho con actividades para facilitar contrabando y violaciones al régimen aduanero.
Pidió que la Fiscalía aclare si el cohecho es un delito “medio” dentro del acuerdo criminal, pues la estructura actual podría tergiversar la finalidad del concierto, que —a juicio de la Procuraduría— sería exclusivamente permitir operaciones de contrabando.
Por su parte Villamil, defensa de Marín, fue más allá y calificó el escrito de acusación como “impreciso, carente de hechos jurídicamente relevantes y lesivo para el derecho a la defensa”.
El abogado sostuvo que la Fiscalía: no concreta tiempo, modo y lugar en los 17 hechos de coautoría impropia atribuidos a Marín. Además, que no explica cómo Marín habría ejercido dominio sobre esos hechos. Agregó Villamil, que se mezcla hechos indicadores con pruebas, sin construir una hipótesis completa delictiva.
EL HOME NOTICIAS contactó al abogado Villamil, quien insistió en que la Fiscalía ha caído en «imprecisiones», tal y como lo manifestó en la audiencia pública.
“En este caso ha habido una enorme especulación. Por eso le solicitamos a la Fiscalía que, al momento de formular cargos, aporte una mayor claridad. Para la defensa, el escrito de acusación no precisa de manera concreta cuál habría sido la participación de mi representado en los hechos que se investigan. Esa ausencia de detalles ha dado pie para que la información se tergiverse. Incluso el propio juez pidió a la fiscal delegada explicar con exactitud los señalamientos”.
Villamil agregó que, debido a esa falta de precisión, algunos medios de comunicación “se han salido del contexto jurídico” y, en su criterio, han vulnerado el derecho al buen nombre de su defendido “al utilizar calificativos y un alias fabricado por terceras personas con intereses particulares”.
“En un comienzo —continuó el abogado— se le señaló como determinador; ahora se afirma que las supuestas irregularidades se cometieron a través de subalternos suyos. Lo que exigimos es que se expongan claramente los elementos que sustentan la acusación, porque solo así podremos ejercer una defensa efectiva. Ese es un derecho que no puede ser vulnerado”.
En el mismo orden, indicó Villamil, que la Fiscalía describe reuniones o conversaciones “que no constituyen hechos jurídicamente relevantes”, sin señalar la participación ni la injerencia de Marín.
La defensa argumentó que, al no indicar el vínculo del acusado con episodios como retenciones de contenedores o reuniones entre terceros, se hace imposible crear una teoría del caso o controvertir la pertinencia de futuras pruebas.
El jurista insistió además en que esta «falta de claridad» ya había sido advertida desde la audiencia de imputación y no fue corregida en la acusación, lo que mantiene a Marín —según dijo— sin conocer de qué hechos concretos debe defenderse.
En este punto del proceso, la defensa de Diego Marín Buitrago solicita que se precise con rigor cuál habría sido su participación concreta dentro de los hechos investigados y, especialmente, qué posición ocuparía dentro de la estructura que la Fiscalía describe como una organización de tipo piramidal y con jerarquías definidas.
“Los hechos que menciona la Fiscalía son reuniones, como si reunirse fuera un delito. Por demás menciona a diferentes personas que no tienen relación ni directa ni indirecta con el señor Marín”, manifestó el abogado Villamil.
¿Qué dijo la Fiscalía ante la postura de la defensa?
La fiscal 44 especializada de Bogotá rechazó que la acusación sea “genérica o ambigua” y aseguró que la descripción de los hechos cumple con los estándares exigidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la jurisprudencia nacional.
Según señaló, cualquier persona “en capacidad adulta” puede entender la relación fáctica y jurídica presentada, pues allí se describen las circunstancias espaciales, temporales y modales de los hechos y la supuesta intervención de Marín Buitrago como coautor en varios actos de cohecho.
“La infiltración de esta red en entidades encargadas de proteger las fronteras económicas revela un riesgo institucional profundo, y la participación de servidores públicos permite acreditar el concierto para delinquir agravado”, dijo la delegada fiscal.
En este caso, relacionado con una presunta red dedicada al contrabando que, según la Fiscalía, era encabezada por Enrique Orozco Baeza, alias El Bendecido, de la que fueron capturados inicialmente varios señalados integrantes: dos oficiales de la Policía —el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas y el coronel (r) Alexander Galeano Ardila—, además del empresario Juan Francisco Solano Barrero, todos ellos recuperaron su libertad, ya sea por la insuficiencia de pruebas presentadas por el ente acusador o por vencimiento de términos dentro del proceso, lo que debilitó de manera significativa el alcance judicial del operativo.
El expediente en el que también es mencionado Marín Buitrago describe que, entre agosto de 2023 y marzo de 2024, la red habría funcionado mediante un esquema sistemático de pagos, regalos y beneficios económicos, que iba desde entregas de dinero en efectivo hasta la provisión de celulares de alta gama, vehículos y cobertura de gastos personales, todo con el propósito de garantizar la omisión deliberada de controles aduaneros en distintos puertos del país.
Por último, es relevante precisar que Diego Marín Buitrago permanece en libertad en Oporto, Portugal, desde donde de manera virtual asistió a la audiencia, acompañado por su abogado de confianza, Villamil. Es ante las autoridades de Portugal que los apoderados radicaron un documento en el que explican que Marín siempre «estuvo presto a responder a los requerimientos de las autoridades en Colombia, pero que la Fiscalía siempre respondió que no había ningún proceso en su contra». Leer nota relacionada: Este es el documento con el que Diego Marín busca probar una persecución de Estado y de la Policía.
Redacción Investigativa
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Leonidas Medina Jiménez
Editor general
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