Caso Juliana Guerrero abre investigación más grande:

24 petristas investigados por obtener tramposos diplomas con la Fundación San José

El Ministerio de Educación mantiene una investigación administrativa sobre la institución por la presunta expedición de diplomas sin que se hubiera cumplido previamente con el requisito del examen Saber Pro. Entre los casos reportados aparecen contratistas de entidades públicas y exfuncionarios. Al menos 18 habrían presentado la prueba después de recibir sus títulos y seis no figurarían en los registros consultados del ICFES.

Redacción Investigativa

Viernes, 11 de septiembre de 2026

El caso de Juliana Guerrero, cuya situación académica generó un gran escándalo político en Colombia, no sería un episodio aislado. La investigación administrativa que adelanta el Ministerio de Educación sobre la Fundación Universitaria San José se extiende a otros 24 casos en los que se advierten posibles irregularidades relacionadas con la expedición de títulos profesionales.

La actuación de la autoridad educativa comenzó a tomar forma a partir de las inconsistencias detectadas en el caso de Guerrero y posteriormente se amplió tras la recepción de denuncias que alertaron sobre un eventual patrón en la expedición de diplomas a personas vinculadas contractualmente con diferentes entidades del Estado.

La principal inquietud está relacionada con el cumplimiento del requisito de presentación del examen de Estado Saber Pro antes de la obtención del título. Según la denuncia que ha hecho la congresista Catherine Juvinao, los 24 casos corresponderían a personas vinculadas a 16 entidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

Diplomas expedidos antes de exámenes

La información recopilada deja entrever una coincidencia que ahora deberán esclarecer las autoridades: 18 de las personas relacionadas habrían presentado el examen Saber Pro después de que la Fundación San José les expidiera sus respectivos títulos. Es decir, que se los entregaron de manera urgente porque necesitaban posesionarse.

En otros seis casos, según los citados en las denuncias, no aparecería constancia de presentación de la prueba en las bases de datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES.

Uno de los patrones que más llama la atención está relacionado con la fecha del 5 de julio de 2024, cuando se expidieron varios diplomas con aparentes irregularidades, como las aquí mencionadas, siendo, entonces, que el 7 de julio, fue que se realizó la jornada del examen Saber Pro.

La coincidencia de fechas constituye uno de los elementos que deberá ser revisado dentro de la actuación administrativa, particularmente para determinar si al momento de la graduación se habían cumplido todos los requisitos establecidos por la legislación y por los reglamentos de la propia institución universitaria.

Tres títulos al tiempo

Entre los casos mencionados en las denuncias aparece el de Nelfy Melo Morales, quien estuvo vinculada como funcionaria a la Casa de Nariño. De acuerdo con la información divulgada, habría obtenido en un mismo periodo de estudios varios títulos: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y una tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este último programa presenta además un elemento que ha llamado la atención de los denunciantes: no aparecería registro de presentación del examen Saber Pro asociado al caso.

También se menciona a un contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, a quien se atribuye la obtención de cuatro títulos de pregrado, al parecer, estudiados al tiempo, en un mismo horario.

Otro de los nombres incluidos en los reportes es el de Laura Julieth Martínez Morales, creadora de contenido que estuvo vinculada como contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Según los documentos citados en las denuncias, Martínez habría recibido su título el 5 de julio de 2024, mientras que la presentación del examen Saber Pro se habría producido el 7 de julio, es decir, dos días después.

La lista también incluye a Carlos Alberto Mendoza Siachoque, publicista que habría tenido vínculos contractuales con la Alcaldía de Arauca y antecedentes de contratación con la Unidad para las Víctimas. En su caso, se reporta un título expedido el 21 de diciembre de 2024, sin que aparezca constancia de la prueba de Estado en los registros señalados por los denunciantes.

El asunto no se limita solo a las fechas de expedición de los diplomas. El Ministerio de Educación habría identificado posibles vulneraciones de disposiciones contenidas en la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, además de eventuales incumplimientos de los reglamentos internos de la Fundación Universitaria San José.

El punto central de la investigación consiste en establecer si la institución otorgó títulos profesionales cuando los estudiantes aún no habían acreditado las condiciones exigidas para obtenerlos.

Por ello, será determinante el resultado de la actuación administrativa y las explicaciones que entregue la universidad frente a cada uno de los casos reportados.

También están en la mira las fechas de pago

A las inconsistencias académicas se sumó otra indagación relacionada con el caso de Juliana Guerrero.

La senadora Jennifer Pedraza divulgó documentos que, según explicó, corresponderían a facturaciones y pagos realizados a nombre de Guerrero por concepto de matrícula y derechos de grado de los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.

De acuerdo con los soportes citados por la congresista, esos pagos habrían sido efectuados los días 28 y 29 de julio de 2025, pese a que los títulos aparecen con fecha de expedición del 1 de julio de ese mismo año. Llama la atención, que los pagos se hiciesen después de recibidos los diplomas.

La diferencia entre las fechas de expedición de los títulos y los pagos constituye otro de los elementos que se están analizando.

Las decisiones de la Universidad San José

Después de que se conocieran las primeras inconsistencias relacionadas con Guerrero, la Fundación Universitaria San José procedió a anular el título cuestionado y desvinculó de su cargo al entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

Sin embargo, la dimensión que ahora adquiere la investigación plantea otra pregunta, relacionada con otros egresados de esta institución: ¿Se trató de un caso individual o existió un procedimiento que permitió que otras personas obtuvieran títulos bajo circunstancias similares? La respuesta la tiene el Ministerio de Educación.

Por ahora, los 24 casos hacen parte de un escándalo que requiere una revisión de documentos de manera individual. La existencia de un registro irregular o de una diferencia entre la fecha del título y la presentación del Saber Pro no permite, por sí sola, atribuir responsabilidad penal o afirmar que todos los diplomas sean falsos. Se deben analizar los casos de manera aislada, uno a uno.

Lo que está a la vista es que existe una investigación administrativa que deberá establecer si la Fundación Universitaria San José cumplió los requisitos legales para la expedición de cada uno de esos 24 títulos y, de confirmarse irregularidades, determinar las consecuencias legales.

Redacción Investigativa

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