En Barranquilla empieza la gran apuesta de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Recompensas, redadas, más policías, grupos élite y una ofensiva nacional contra la extorsión hacen parte del plan con el que el nuevo Gobierno busca golpear las estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana. Alcaldes y autoridades reclamaron mayor capacidad judicial para que las capturas se traduzcan en condenas.

Redacción Barranquilla 

Lunes, 24 de agosto de 2026

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha en Barranquilla y su área metropolitana una nueva ofensiva contra el crimen organizado, con la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y el microtráfico como principales objetivos.

La estrategia fue presentada durante un Consejo de Seguridad de alto nivel, realizado este domingo en la capital del Atlántico, en el que participaron el alcalde Alejandro Char, el gobernador Eduardo Verano, los mandatarios de los municipios metropolitanos, miembros del gabinete nacional, autoridades judiciales y la cúpula de la Fuerza Pública.

El propósito, según el Gobierno, es combinar inteligencia, presencia policial, capacidad militar y herramientas judiciales para atacar no solamente a quienes ejecutan los delitos en las calles, sino también a quienes dirigen, financian y se lucran de las organizaciones criminales.

“Podemos hacer de Barranquilla el laboratorio del deber ser de la seguridad y de la convivencia ciudadana”, afirmó De La Espriella, al plantear que la experiencia que se desarrolle en el Atlántico podría convertirse en referente para otras regiones del país.

Más policías, recompensas y redadas

Uno de los componentes centrales de la estrategia será el fortalecimiento de la presencia policial. El mandatario anunció un aumento de cuadrantes y del pie de fuerza, al considerar que la tecnología por sí sola no es suficiente para recuperar la seguridad en las calles.

A esto se sumará la reactivación del sistema de recompensas y de la red de cooperantes, con el objetivo de obtener información que permita identificar a integrantes y cabecillas de las organizaciones delincuenciales.

El Gobierno también anunció el regreso de operativos y redadas, con especial énfasis en las zonas afectadas por el microtráfico.

De La Espriella planteó una ofensiva contundente contra este delito, al advertir sobre su impacto entre niños y jóvenes y sobre su capacidad para alimentar otras expresiones de criminalidad.

La extorsión está en la mira del nuevo Gobierno

La extorsión tendrá un tratamiento prioritario dentro del nuevo esquema de seguridad.

El presidente reiteró su propuesta de crear un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, conformado por distintas capacidades de la Fuerza Pública y orientado especialmente hacia los máximos responsables de estas organizaciones.

La estrategia pretende ir más allá de la captura de quienes realizan llamadas, cobran dinero o ejecutan las intimidaciones. El objetivo será identificar a los responsables de dirigir y financiar las redes criminales, incluso cuando operen desde fuera de los lugares donde se cometen los delitos.

Para el Gobierno, golpear la estructura económica de las organizaciones criminales resulta determinante. Por ello anunció una mayor coordinación entre la Fiscalía, la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el sector financiero para rastrear y afectar el dinero proveniente de actividades ilícitas.

“Las finanzas son lo que más les duele a los bandidos: meterles la mano al bolsillo”, sostuvo el mandatario.

Fiscales, jueces y Fuerza Pública, trabajando en una misma estrategia

El plan también busca intervenir uno de los puntos más cuestionados por las autoridades locales: la capacidad de judicialización.

De La Espriella anunció la conformación de cuerpos élite de fiscales y planteó la posibilidad de disponer de jueces especializados o itinerantes en lugares donde existan riesgos para los funcionarios judiciales.

La propuesta contempla articular en una misma operación a la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía y los jueces, con el propósito de evitar que las investigaciones y capturas terminen debilitándose por falta de coordinación institucional.

La tesis fue respaldada por las autoridades del Atlántico, que insistieron en que la lucha contra las organizaciones criminales no puede terminar simplemente con una captura.

Alcalde Char celebra el respaldo del Gobierno

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió los anuncios como un respaldo directo a las acciones que el Distrito ha venido desarrollando para fortalecer a la Fuerza Pública.

“Hoy vemos voluntad, decisión y acción por parte del Gobierno nacional, y eso era lo que necesitábamos”, manifestó.

Char destacó las inversiones realizadas con recursos distritales y sostuvo que el respaldo de la Nación permitirá ampliar la capacidad operativa frente a las estructuras que amenazan la seguridad de Barranquilla y su área metropolitana.

El alcalde aseguró que existe ahora una oportunidad para coordinar esfuerzos y enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones delincuenciales.

Soledad reclama mayor capacidad judicial

La situación de los municipios metropolitanos también ocupó un lugar central durante el Consejo de Seguridad.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, solicitó fortalecer la presencia de la Fiscalía y aumentar el número de jueces y fiscales especializados en delitos como extorsión y homicidio.

También reclamó más policías y militares, sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y una definición sobre el funcionamiento del Comando Metropolitano de Policía para Soledad y Malambo.

La mandataria sostuvo que el municipio necesita una respuesta integral frente a la criminalidad y aseguró que el presidente le transmitió personalmente el compromiso de su Gobierno con la seguridad de los soledeños.

Más de $135.000 millones en inversiones

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó la nueva estrategia nacional y destacó las inversiones realizadas en seguridad en Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, los cuatro municipios recaudaron cerca de $62.638 millones mediante la Tasa de Seguridad y recibieron inversiones por aproximadamente $135.043 millones.

Los recursos han permitido adquirir vehículos, sistemas de comunicación, geolocalizadores, elementos para la Fuerza Pública, equipos de videovigilancia, herramientas de inteligencia artificial y drones, entre otros recursos destinados a fortalecer las capacidades operativas.

Sin embargo, Verano advirtió que la ofensiva contra el crimen no puede quedarse en el terreno de las capturas.

“Las estructuras criminales se derrotan en los juzgados”, señaló, al reclamar mayor capacidad para jueces, fiscales y magistrados.

Con Barranquilla como uno de los primeros escenarios de aplicación de su política de seguridad, el Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta ahora el desafío de convertir los anuncios en resultados concretos: menos extorsión, menos homicidios y una respuesta efectiva contra las organizaciones que controlan las economías ilegales en el Caribe.

Redacción Barranquilla

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