Coronel Carlos Didier, es acusado por la Fiscalía de recibir hasta 30 millones de pesos semanales de la guerrilla por información

Este lunes se define la medida de aseguramiento contra el oficial, señalado de haber entregado información reservada sobre operaciones militares al ELN y a la Segunda Marquetalia. El coronel no aceptó los cargos que le fueron imputados.

Redacción Justicia

Domingo, 23 de agosto de 2026

El caso del coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho entra este lunes en una nueva etapa judicial. Tras su captura en Bogotá y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, un juez deberá definir si el oficial es enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación por sus presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.

Pérez Amorocho fue capturado el pasado 20 de agosto en el Cantón Norte de Bogotá, en medio de una investigación que lo relaciona con presuntos acuerdos con el Frente de Guerra Oriental del ELN y posteriormente con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. La Fiscalía sostiene que el uniformado habría utilizado información a la que tenía acceso por razón de sus funciones para favorecer el accionar de esas organizaciones.

La audiencia que concentra la atención

La diligencia de este lunes será determinante para establecer la situación jurídica del oficial durante el desarrollo del proceso. La Fiscalía busca que se adopte una medida de aseguramiento, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los argumentos y elementos presentados por el ente investigador.

Pérez Amorocho fue imputado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El coronel no aceptó los cargos.

El expediente contiene señalamientos que abarcan diferentes momentos de la trayectoria militar del oficial.

Un primer episodio en Arauca

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los primeros hechos investigados se remontan a 2020, cuando Pérez Amorocho estaba al frente de una unidad militar con jurisdicción en Puerto Jordán, municipio de Arauquita, Arauca.

Según el ente acusador, en ese momento habría recibido 15 millones de pesos enviados por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, identificado con los alias de “El Profe” o “Cendales”, a cambio de retardar u omitir actuaciones propias de su cargo y reducir la presión militar contra esa estructura.

La Fiscalía también puso bajo análisis una reducción en los resultados operacionales de la unidad. Según lo expuesto durante la audiencia de imputación, las operaciones contra el ELN habrían pasado de 115 en 2019 a 29 en 2020.

Para los investigadores, esa variación constituye un elemento que deberá ser valorado junto con el resto de las evidencias para establecer si existió efectivamente un acuerdo entre el oficial y la organización armada.

El salto a Nariño y los pagos semanales

La segunda parte de la investigación apunta a un periodo posterior, cuando Pérez Amorocho asumió responsabilidades de mando en una unidad de despliegue rápido con presencia en Nariño.

Según la Fiscalía, entre enero y junio de 2026, el oficial habría recibido 30 millones de pesos semanales del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.

El propósito, de acuerdo con la acusación, habría sido alertar a los integrantes de esa estructura sobre los movimientos y operaciones de la Fuerza Pública, permitiéndoles anticiparse a los operativos y movilizar estupefacientes, armas, municiones y dinero.

La Fiscalía sostiene que el coronel habría pasado de un presunto acuerdo con el ELN en Arauca a otro con la Segunda Marquetalia en Nariño.

Una operación militar quedó bajo la lupa

Dentro del expediente también aparece una operación desarrollada en Nariño en abril de 2026.

Según la versión presentada por la Fiscalía, la misión tenía como objetivo afectar las finanzas de una estructura armada, ubicar a algunos de sus integrantes y decomisar material utilizado para sus actividades ilegales.

La hipótesis del ente acusador señala que el avance de las tropas habría sido presuntamente retardado. Ese retraso, según los investigadores, habría permitido que integrantes de la organización abandonaran el lugar en lanchas rápidas y retiraran previamente material que permanecía oculto.

Cuando las tropas ingresaron al sitio, siempre de acuerdo con la Fiscalía, varias caletas que contenían material de interés para la investigación ya habían sido desocupadas. El ente acusador también sostiene que durante el procedimiento fue localizada cocaína y que parte de esta habría terminado en el río.

Estos señalamientos forman parte de la teoría del caso y deberán ser examinados por la justicia durante el proceso.

La Fiscalía busca establecer el alcance de la presunta infiltración

Más allá de los supuestos pagos, uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la investigación es el eventual acceso del oficial a información operacional y movimientos de la Fuerza Pública.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que esos datos habrían permitido a las organizaciones armadas anticiparse a las operaciones militares y facilitar el traslado de droga, armas, municiones y dinero.

La investigación también busca determinar qué otras personas pudieron haber tenido conocimiento o participación en los presuntos acuerdos.

Por ahora, el coronel Pérez Amorocho mantiene su condición de procesado y los señalamientos corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía, que deberá ser debatida ante los jueces.

Hoy se conocerá el siguiente capítulo

La captura, la imputación y los graves señalamientos ya pusieron el caso en el centro del debate sobre la corrupción y la infiltración de estructuras criminales dentro de organismos de seguridad.

Pero el capítulo que comienza este 24 de agosto será distinto: un juez deberá resolver si existen fundamentos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento mientras continúa la investigación.

La decisión marcará el rumbo inmediato del proceso contra el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, quien enfrenta acusaciones que, de comprobarse, comprometerían no solamente su responsabilidad individual, sino también la seguridad de operaciones militares desarrolladas contra organizaciones armadas ilegales en regiones estratégicas del país.

Redacción Justicia

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