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Los abusos de la DIAN y la Policía Nacional en San Victorino: intervención desproporcionada del ‘ESMAD’ contra comerciantes

ESMAD

En la imagen se observa a uno de los miembros del Escuadrón Antidisturbios (círculo rojo) portando un elemento para disparar gases lacrimógenos. También se lanzaron contra comerciantes en San Victorino bombas aturdidoras.

Los abusos de la DIAN y la Policía Nacional en San Victorino: intervención desproporcionada del ‘ESMAD’ contra comerciantes

¿El Escuadrón Antidisturbios reapareció en el sector de San Victorino? Los enviaron en plan de choque contra los empresarios para evitar que estos accedieran a sus negocios, los que fueron desocupados por una inexplicable operación de supuesta lucha contra el contrabando.  Sin derecho a la defensa.

Unidad de Justicia

Martes, 3 de octubre del 2023

Cuatro comerciantes fueron golpeados y un policía herido, el resultado de un fuerte choque entre un grupo de comerciantes del sector de San Victorino y miembros de la Fuerza Pública. Los policías que propiciaron el desigual encontronazo portaban el mismo uniforme y elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Muchos de estos de prohibida utilización.

Resultó evidente que los miembros de la Fuerza Disponible no portaban ningún chaleco azul que los identificara como “actores de diálogo”, la nueva imagen que el presidente Gustavo Petro le quiere dar a esta unidad policial. Todo lo contrario, tuvieron la disposición de golpear y utilizar elementos prohibidos en contra de los empresarios: bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

La orden que los uniformados acataron fue la de evitar que los comerciantes se acercasen a sus negocios, aquellos que con documentos en mano no dejaron hablar, pero fueron expulsados hacia la Plazoleta de la Mariposa apunta de gases lacrimógenos, elementos contundentes y bombas aturdidoras.

El uso de estos elementos de disuasión han sido centro de fuertes debates, es más hasta existen sentencias que limitan su empleo desmedido. Pero, parece que estos solo serán destinados contra empresarios y comerciantes, no contra los vándalos como los que el pasado 9 de septiembre destruyeron a punta de bombas incendiarias un CAI en el sector de Suba La Gaitana, norte de Bogotá.

 “Tenemos la orden de no permitirles acercarse y de mandarlos a dormir temprano”, dijo, mientras reía,  uno de los policías al mando de un coronel de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), por ser el de mayor rango, quien dio la orden de lanzar los gases, apenas los ánimos se exaltaron.

Este medio cuenta con un video en el que se observa a dos oficiales de la POLFA reírse mientras los comerciantes corrían perseguidos por los de Antidisturbios. Aclaramos, que un grupo de extranjeros lanzaron contra los uniformados huevos, mientras que un grupo de habitantes de la calle, al parecer residentes en San Bernardo,  la emprendieron a piedra contra los de la Fuerza Disponible.

Policías festejan

En la imagen, sacada del video, se observa a oficiales de la Policía riendo, festejando la manera violenta como sacaron del sector a los comerciantes y realizan el decomiso de la mercancía sin la presencia de los propietarios.

Precisamos que se observa que todo se planeó de esa manera, que nada fue improvisado,  desde la Metropolitana de Bogotá, porque los policías de Antidisturbios arribaron a la calle 12 entre carreras Décima y 11 junto a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), precedidos de varios camiones particulares. Es decir, existió la predisposición de cargar con la mercancía y de choque desigual contra los comerciantes.

Pero ¿Quién dio la orden de este tipo de apoyos, de intervención desproporcionada contra personas trabajadoras, quienes solo buscaban hacer valer sus derechos constitucionales del debido proceso, de permitirles con sus papeles demostrar que no venden contrabando?

Otra pregunta: ¿El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, tuvo conocimiento previo del uso de personal antidisturbios, desproporcionado, de bombas aturdidoras y gases lacrimógenos en horas de la madrugada contra los comerciantes?

Uno de los uniformados le dijo a EL HOME NOTICIAS que la orden de apoyar a los funcionarios de la DIAN, de repeler la presencia de los comerciantes y trabajadores, fue de la general Sandra Patricia Hernández Garzón, actual comandante de la MEBOG, quien viene de ser la directora de la POLFA. Es la misma oficial acusada de encabezar este tipo de operativos irregulares en su antigua entidad, en donde se negó a practicarse la prueba del polígrafo.

San Victorino.

Es el momento cuando miembros de la Policía, con elementos del ESMAD, lanzas gases contra los comerciantes de San Victorino.

Durante el vergonzoso operativo, en el que los funcionarios de la DIAN, con unos 50 hombres de logística, cargaron en camiones bultos de mercancías, sin confrontar, sin inventariar, porque solo anotaron en simples planillas la cantidad de paquetes, sin el número de unidades. Creemos, como simples ciudadanos, que los propietarios de los productos incautados al menos deberían saber de la cantidad de prendas que se fueron en los bultos y en los camiones.

Este no es el primer operativo de similares características, de abuso de autoridad, violación de derechos fundamentales, exceso de la fuerza y hasta de actuación ilícita (porque violan el debido proceso) que los funcionarios de la DIAN cometen en contra de los comerciantes del sector de San Victorino en Bogotá.

Recordemos, el pasado 29 de junio de 2023, un piquete de funcionarios y policías se tomó varias bodegas y cargaron con mercancía nacional la que fue presentada por Luis Carlos Reyes Hernández, director de la entidad, como mercancía de contrabando. Esto fue en medio de un show mediático, en un afán de mostrar resultados.

Lo hicieron de la misma manera, rompieron candados y puertas en horas de la madrugada, sin la posibilidad de reclamo de los responsables de los predios ante la violenta incursión.  Hubo hasta el empleo de cerrajeros particulares, también irregular.

“Entraron en la madrugada como ladrones, les impidieron a los comerciantes hacer valer sus derechos, de demostrar con documentos, que la mercancía es nacional, no de contrabando”, manifestó en su momento la abogada Ruth Gamba, apoderada de muchos de los comerciantes.

Lo que más sorprende, es que estos comerciantes afectados, con facturas en mano, documentos que demuestran que es mercancía fabricada en Colombia, aún no han podido recuperar sus activos.

“Nos dejaron en la quiebra. Fuimos a reclamar y la única respuesta que encontramos es que contratemos un abogado. Las posibilidades de recuperar nuestra mercancía, el trabajo de muchos años es totalmente nula porque en la DIAN torpedean cualquier diligencia que se pueda hacer para que la mercancía sea devuelta. Nos llevaría meses y hasta años hacer valer lo que es nuestro”, manifestó Marina Santiago, una de las comerciantes que durante la madrugada de este martes estuvo en vela con el temor de que los “abusivos” volvieran a entrar en su negocio.

Agregó la comerciante que por el abuso de la DIAN dejó de ser independiente, porque al no tener mercancía tuvo que endeudarse, pagar altos intereses, prestarle a un gota a gota.

“Lo que tengo ahora, muy poca mercancía, no es mío porque lo estoy debiendo. Tenía 10 empleados ahora solo tengo tres. No entiendo cómo un Gobierno que dice luchar contra el desempleo haga este tipo de cosas, acabar con el pequeño empresario, atropellarlo, humillarlo de esta manera”, puntualizó, con lágrimas en su rostro, la señora Santiago.

Desde la DIAN no se ha dado a conocer un informe oficial de las razones para regresar al ya golpeado sector de San Victorino. De manera extraoficial un medio de comunicación nacional aseguró que se practicó la extinción de dominio de dos predios, de supuestos reincidentes en el delito de contrabando.

EL HOME NOTICIAS consultó a un comerciante, quien solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias, quien mostró sus reservas ante la actuación de la DIAN. Para su opinión no podían practicar la extinción de dominio a un ciudadano sin antecedentes, por un delito que cometió otra persona en el mismo predio que agarró en arriendo.

“Nunca preguntaron si la persona responsable del negocio es la misma acusada de contrabando en una operación anterior. Son nuevos propietarios, no son los mismos, es otro tipo de mercancía. Pero a los comerciantes no se nos da el derecho a la defensa, de hablar, como si la DIAN fuese el máximo tribunal en Colombia, con poder para actuar por fuera de la ley”, manifestó el testigo.

Denunciados por posible corrupción

No olvidemos que el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes Hernández, se encuentra en la mira de los organismos de control, ante acusaciones por posible corrupción al momento de adjudicar un millonario contrato, de la venta de chatarra a partir de la desintegración de miles de vehículos decomisados o abandonados.

El contrato, en el que se vislumbra un detrimento patrimonial, le fue asignado al empresario de la chatarra Rafael Naranjo Pérez, propietario de la Unión Temporal RYM S.A.S., la misma firma envuelta en el escándalo de corrupción en la alcaldía de Medellín. La misma empresa que actuando con otro nombre, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. está siendo investigada por supuesta deshonestidad en otro contrato que firmó con la misma DIAN.

Precisemos lo referente al contrato en Medellín que el exalcalde, Daniel Quintero, le adjudicó la chatarrización a RYM S.A.S. después de que esta empresa quedara como única oferente.

El proceso en la DIAN se encuentra suspendido ante las exigencias y las contundentes pruebas que posee la Procuraduría General de la Nación, con las que estaría demostrando que hubo irregularidades durante el proceso de adjudicación. Para el Ministerio Público al parecer “se violaron los principios de selección objetiva, transparencia y economía”.

Es decir, está en duda el actuar de la actual administración del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que este medio posee una carta de supuestos funcionarios que denuncian actos de corrupción al interior de la entidad, tales como la presunta manipulación y sobornos durante la contratación de nuevos funcionarios. Es más, este medio cuenta con una grabación en la que un empleado en Buenaventura señala nombres de los posibles responsables. Estamos a la espera del radicado de la denuncia formal ante los organismos de control.

Redacción unidad de Justicia

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