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27 junio, 2024
Las malas prácticas de los oficiales de inteligencia de la Policía permea a la DNI con las chuzadas a magistrados
Antecedentes de interceptaciones ilegales, perfilamientos a personalidades y montajes, los motivos para la desconfianza del Gobierno. Petro ordenó sacar de esta entidad cualquier sospecha de ‘chuzadas’. Existen referencias, como el rastreo de informes económicos de oficiales de la Policía a través del Sistema Perseo de la DIAN.
Unidad de Justicia
Viernes, 5 de julio del 2024
Decir que desde hace años se le viene dando mal uso a las herramientas de la contrainteligencia e inteligencia de la Policía Nacional no es desatinado, de hecho nada es nuevo ni debe sorprender.
Se respira en el ambiente los excesos de la autodenominada ‘élite’ de altos oficiales, los llamados ‘cacos’ o ‘sabios’, que fueron los que instauraron y se desarrollaron en la misma ‘matriz’ de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL). Los mismos que buscaron la independencia para poder tener sus propios equipos de monitoreo de abonados telefónicos.
Esto de los señalamientos –desde diferentes sectores– de interceptaciones por fuera de la legalidad, llevó a un urgente encuentro del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para deliberar el escandaloso tema.
“Estuvimos examinando de acuerdo a lo que hablábamos sobre posibilidades de interceptaciones ilegales, hicimos un repaso con cada uno de los organismos de inteligencia respecto a la legalidad de estas operaciones”, manifestó Velásquez.
Se supo que a este encuentro también asistieron todos los jefes de los organismos de inteligencia del Estado, denominada la Junta de Inteligencia Conjunta.
El jefe de la cartera de Defensa negó que exista un software de espionaje y seguimiento denominado ‘Pegasus’ en poder del Gobierno, un malware supuestamente adquirido a una firma israelí.
De paso las voces oficiales del Gobierno han negado que exista una posible oficina de inteligencia y contrainteligencia en un lujoso edificio de la calle 92 con carrera 11, norte de Bogotá. Asimismo no se puede perder del radar las salas de escuchas que funcionan en el piso 13 de la DIAN, cerca de la Casa de Nariño, la llamada ‘Sala de anticipación’, como fue nombrada por la Presidencia.
Desde un tiempo se viene hablando de un Sistema PUMA, que es una plataforma única de monitoreo a cargo de la DIJÍN de la Policía. Es importante contar que desde 2005 se empezaron a importar equipos desde Israel, los que pudieran suplir la falta de cupos para las interceptaciones, porque se venía haciendo a través de una empresa de los Estados Unidos. Se ha dicho que la DIPOL adquirió un sistema denominado VANTAGE por 575.000 dólares de la época. Todo este equipo, programa, con una gran capacidad de almacenamiento, permitió recopilar, archivar, gran cantidad de grabaciones obtenidas sin ninguna orden judicial.
Esta imperfecta generación de ‘seres de la inteligencia’ tuvo su génesis en las maquinaciones del general retirado Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, quien llegó a la Dirección de la Policía después de un atroz montaje. Es este cuestionado oficial el creador de la Central Especializada en Inteligencia e Información Delincuencial, que después se convierte en DIPOL, escaló más adelante en el poder político hasta llegar ser Vicepresidente de Colombia.
Muchos policías de la reserva lo cuestionan, aquellos que conocieron la médula de las operaciones, porque “miente cuando se adjudica los resultados de golpes de las autoridades a la criminalidad sin haber estado presente porque apenas era un teniente o tenía responsabilidades distintas”.
Esto, la verdadera historia, la estaremos ampliando más adelante dentro del presente informe periodístico, del por qué consideramos que esta incubación de hombres con tanta ‘inteligencia para chuzar y perfilar’ trajo más perjuicios que beneficios a la Institución.
Es por los antecedentes, los serios señalamientos, los que hicieron que el presidente Gustavo Petro entrara a desconfiar de todos aquellos egresados de la vieja escuela de la DIPOL, hasta ordenar que fueran sacados del esquema del Estado.
Recordemos, que el 20 de febrero de este 2024 se produjo el remezón en la cúpula de la DNI, precisamente, los que salieron en esa purga fueron la secretaria privada, Consuelo Ucrós; el director de operaciones, Urías Trujillo; y el hombre fuerte de la contrainteligencia, Edwin Chavarro Rojas.
En principio se dijo que fue por unos hallazgos que hizo la Contraloría General de la República, de un posible mal uso de los recursos reservados de la DNI, con los que se pagó una extorsión de 30 millones de pesos, de la que fue víctima el excanciller Álvaro Leyva Durán.
Pero la principal y contundente razón fue otra, que se decía que desde esta entidad se estarían haciendo perfilamientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, Oficiales y políticos. Es decir, que estas sospechas empezaron sonar desde finales del año pasado y se fortalecieron en el primer trimestre del 2024.
Es que desde noviembre del 2023 empezaron a aparecer las denuncias, las que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, de las posibles chuzadas a magistrados de las Altas Cortes.
A comienzos de mes junio, el senador de Cambio Radical, David Luna, denunció que existía una presunta operación de inteligencia llamada ‘Orión’, cuyo propósito era el de perfilar y monitorear para “aplastar todo el que piense distinto”, y solicitó al director de la DNI que aclarase la situación.
A esta avalancha de señalamientos se sumó la del magistrado Jorge Enrique Ibañez, quien no descartó el hecho de que su teléfono venía siendo intervenido. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía investigar presuntas interceptaciones ilegales a varios de sus miembros.
La hipótesis, porque las denuncias se asociaron a la salida de Chavarro, la hizo pública Carlos Ramón González, cuando aseguró que el tema fue investigado, que al conocerse los resultados de las indagaciones el mismo presidente Petro dictaminó de manera directa «quitar cualquier sospecha de interceptaciones ilícitas».
Pero ¿En quién recayeron las dudas del posible mal uso de la sala de interceptaciones? Más de un dedo índice de inmediato apuntó hacia Chavarro Rojas, quien en el acto quedó por fuera de los coequiperos de la nueva administración. No obstante, González aclaró que «Chavarro no andaba metido en nada de eso».
¿Por qué, entonces, se desconfió tanto del hasta entonces Director de Contrainteligencia de la DNI?
Por su pasado, por sus orígenes policiales, como los de haber sido uno de los hombres de confianza del general de la reserva Naranjo Trujillo. Fue su secretario privado, pero antes estuvo con él en la Policía Metropolitana de Cali. Lo asistió en diferentes dependencias.
Como hombre de plena confianza del oficial se le señala de haber pertenecido a la DIPOL cuando se produjo el complot que terminó llevando a Naranjo Trujillo a la Dirección de la Policía.
El montaje empezó con interceptaciones telefónicas a paramilitares recluidos en el Patio Uno de la Cárcel de Itagüí, al tiempo que se adelantaba un proceso de diálogos, de justicia y paz, con el Gobierno Nacional.
Estas grabaciones, que se hicieron sin orden del Estado, cayeron en manos de un periodista de la revista Semana, las que fueron publicadas, provocando el gran escándalo de la época:
De manera maquiavélica, en ese entonces, se señaló a la mayor Gloria Lucía Otálora Gómez, una experta en informática, en haber sido la responsable de filtrar los audios que terminaron deteriorando el proceso de paz del Gobierno de Álvaro Uribe con paramilitares.
Lo lamentable es que la mayor Otálora Gómez resultó siendo un ‘chivo expiatorio’ de semejante conspiración. En la investigación la Fiscalía General de la Nación descubrió que un patrullero, de nombre Elkin Yesid Oviedo Bueno, fue la persona que llevó las grabaciones al medio de comunicación. El uniformado confesó, cuando fue capturado, de ser uno de los hombres de confianza de Naranjo Trujillo, era el encargado de las interceptaciones a los paramilitares presos en Itagüí, que esa no había sido la única filtración de información al mismo medio.
Pese a conocerse la verdad nunca se dijo que la mayor Otálora Gómez era inocente, que no tuvo nada que ver con la revelación de secretos de Estado. A ella la inhabilitaron para desempeñar cargos públicos por 18 años, acabaron su carrera. A la fecha la sanción continúa vigente.
Sin embargo, al verdadero responsable, al patrullero Oviedo Bueno, lo condenó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia a pagar 5 años y 6 meses de prisión, por servir de mensajero, por entregar información reservada a un medio de comunicación. No se siguió investigando, no se llegó al cerebro del asunto.
¿Por qué se relaciona a Chavarro Rojas en este andamiaje oscuro, que llevó a que 11 Generales de la cúpula fueran sacados de la Policía para ascender a Naranjo Trujillo al cargo de Director Nacional?
La razón, porque en su hoja de vida reconoce haber ocupado el cargo de jefe de la Unidad de Análisis Operacional Contra el Crimen Transnacional de la DIPOL, desde enero del 2007, año en el que ocurrió ese escándalo de las chuzadas a los paramilitares presos en Itagüí.
Hay otro detalle que llama la atención, es que en enero del 2008 el oficial fue nombrado como jefe de la oficina de coordinación de la Policía en Europol, que tiene sede en la Haya (Países Bajos) en donde estuvo dos años, eso sí, sin desvincularse de la DIPOL.
Recordemos que quien se adjudica el haber «creado» en Colombia la Europol, es el muy cuestionado general retirado Juan Carlos Buitrago Arias.
El oficial Buitrago estuvo en estas dependencias desde julio del 2002 hasta julio del 2004, cumpliendo funciones de enlace.
Ante esta coincidencia, se ha dicho que existe una estrecha amistad entre Chavarro Rojas y Buitrago Arias, que ambos son línea directa del general Naranjo Trujillo, que son descendientes del primer grupo de la inteligencia policial, la misma que tiene a varios de sus miembros enredados en investigaciones por sus abusos.
Nada es coincidencia, esto lo decimos cuando tenemos en cuenta que es Buitrago Arias la persona que más ha criticado la salida de sus amigos de la cúpula de la DNI, cuando ha escrito fuertes cuestionamientos: «proteger y salvaguardar los intereses supremos de la nación, obliga a designar líderes virtuosos, competentes y efectivos, que legitimen sin ruego alguno, su ejemplar comportamiento y un auténtico reconocimiento por parte de las autoridades».
Es decir, que este general retirado censura la decisión del presidente Petro al nombrar a exmilitantes del M-19 en el más alto cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, haciendo ver que los únicos que tienen la capacidad y la moral para estar en este cargo son los descendientes de la ‘inteligencia’ de Naranjo.
Lo que llama la atención son esos apartes de la columna de Buitrago Arias cuando exige la obligación de nombrar en ese cargo a personas idóneas y honestas, ‘como él’.
Precisamente, lo está diciendo alguien con pésimas calificaciones, siendo el oficial que salió de la Policía envuelto en escándalos, tales como falsos positivos en sus operaciones, mentiras (que se planeaba un atentado con explosivos en su contra), montajes: aquellos que cuestionó la misma Fiscalía, cuándo salió públicamente a decir que la muerte de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, estaba relacionada con una banda delincuencial calificada como «los mercaderes de la muerte». Se comprobó que era una de sus tantas mentiras, de las que se justificó diciendo «que lo habían malinterpretado».
Aún no se ha librado de investigaciones y señalamientos por el mal uso de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Extracción irregular de información del Sistema Perseo. Esto mientras se desempeñó como Director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
El cuestionado oficial siempre negó que existiera esa investigación, sin embargo, cuando la Procuraduría anunció qué Buitrago no había tenido participación directa en en los perfilamientos salió a hablar de su inocencia. Sin embargo, sus más cercanos colaboradores continúan siendo indagados por esta otra modalidad de ‘chuzadas’.
Además, es importante anotar, que tiene activa la investigación por dudosos operativos en los San Andresitos de San José en Bogotá, por la incautación de mercancía de fabricación nacional que presentó ante los medios como de contrabando, estando al frente de la POLFA.
Debemos aclarar que recibimos una carta en la que se nos informa que el general en retiro continúa teniendo vínculos con la DIAN a través de un supuesto contrato de asesoría externa.
Quienes envían el documento aseguran que sus visitas son frecuentes en las dependencias de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
También indicamos que a través de los medios oficiales estamos buscando precisar los detalles de esta alerta de nuestros lectores, ya hemos oficiado a la entidad para buscar respuesta al respecto.
De ser cierta la denuncia de posible asesoría, nos lleva –entonces– a considerar si hizo parte de la defectuosa investigación en contra de las cabezas del contrabando, que llevó a la captura de Ricardo Orozco Baeza, llamado el ‘Zar del contrabando’. Una fuente cercana al caso le indicó a este medio que la Fiscalía no alcanzó a recopilar suficiente material probatorio después de una supuesta operación encubierta que se hizo a las carreras desde septiembre del año pasado.
“Es que se han descubierto contradicciones en las afirmaciones que hacen los llamados agentes encubiertos de la Policía Nacional”, precisó la fuente.
Lo que sí podemos decir con certeza es que Buitrago Arias ha publicado recientemente en su cuenta de X que continúa en foros y mesas de trabajo en donde se trata el tema del contrabando, las economías ilícitas en la región. “Este oficial retirado no ha entendido que ya no hace parte de la POLFA, pero actúa como si tuviese poder dentro de ella y habla como si fuera su comandante”, puntualizó la fuente del caso.
En este sentido se nos ha dicho que sus asistencias a eventos de la ALAC (Iniciativa de la ANDI para construir con los gobiernos de la región una agenda conjunta de cara a la reducción del contrabando), es directamente con el gremio organizador, es decir, por fuera del aval de la DIAN.
Otros antecedentes:
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador existe la declaración de dos miembros de la inteligencia de este país que declararon que ellos materializaron el secuestro del asambleísta Fernando Balda en el 2012 en el norte de Bogotá con la colaboración de uniformados de la DIPOL, siendo director de este organismo el general retirado Jorge Luis Vargas Valencia.
Se precisa, que desde esta unidad de la Policía Nacional se hicieron interceptaciones ilegales y seguimientos (con los equipos y vehículos del Estado), que miembros de la institución colaboraron con la contratación de los secuestradores, una banda delincuencial del Valle del Cauca.
Por este caso el exsecretario de la Inteligencia en Ecuador, Pablo Romero, fue condenado a 9 años de cárcel y el expresidente Rafael Correa declarado prófugo de la justicia por ser autor intelectual del hecho criminal. En los testimonios de los involucrados en el secuestro el general (r) es mencionado 17 veces como apoyo en Colombia, y se mencionan más nombres de otros colaboradores, varios de ellos se encuentran en misiones en el exterior.
Otro caso que no puede desentenderse es el relacionado con las interceptaciones al comerciante José Guillermo Hernández Aponrte, más conocido como ‘Ñeñe Hernández’, cuyo escándalo se conoció como el de la ‘Ñeñepolítica’. Hernández estuvo interceptado durante un año desde la DIJIN. Es más, el día que fue asesinado en Brasil, en un caso de atraco, su conversaciones estaban siendo escuchadas en Bogotá. Este medio reveló en exclusiva que hubo en la DIJÍN la intención de borrar las grabaciones. Por este hecho, un oficial fue acosado laboralmente y después sacado de la Policía.
Las interceptaciones legalmente realizada han servido para ubicar a los más buscados delincuentes. No obstante, todo ha terminado en el pago de millonarias recompensas. Un caso en especial fue la muerte del peligroso criminal Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, presentada como una baja en un operativo de captura, pero la investigación llevó a otra realidad. El tema del pago de las recompesas está siendo analizado, es un pero conectada con las labores de Inteligencia.
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