Las dudas que quedan después de la confesión de los exjefes de las FARC, de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado

Entonces ¿Por qué se perdieron documentos claves de la investigación en la DIJIN? ¿A quiénes los excomandantes buscan proteger? ¿Por qué guardaron el secreto por 25 años? Entre los interrogantes que quedan después de la carta de las FARC.  El abogado de la familia habló con EL HOME NOTICIAS de este tema.

Unidad de Justicia

Domingo, 4 de octubre del 2020

Para los familiares del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995,  la confesión –de la supuesta verdad declarada por las FARC–, es muy difícil de admitir, sobre todo porque ocurre en un momento en el que la Fiscalía tiene bien adelantada la investigación y se está a punto de dar a conocer importantes resultados. Así lo precisó el apoderado del caso. Los Gómez insisten en que se trató de «un crimen de Estado».

“Es una vagabundería por parte de las FARC, es otra circunstancia en la que se manipula un conjunto de instituciones creadas para lograr los acuerdos de paz con esta guerrilla.  Estos guerrilleros le han mentido de manera cínica al país. Esperemos que la JEP no salga con que es suficiente con esta declaración”, manifestó el abogado Enrique Gómez Martínez, vocero de la familia.

El asesinato de Gómez Hurtado, acribillado cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda,  fue declarado por la Fiscalía el 19 de diciembre del 2017 como crimen de lesa humanidad. Después de 25 años los excombatientes salen a responsabilizarse de este magnicidio.

“Todo esto lo hacen para taparle las fechorías a Ernesto Samper, quien para salvarse es capaz de cualquier cosa, sin importar perjudicar al país y seguir mintiendo como ha mentido en tantas cosas», precisó Gómez Martínez.

 

Uno de los detalles que apuntala las dudas de la familia de Gómez  es que una parte de la investigación se desapareció de la base de datos en la DIJIN. El abogado Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado, dijo a EL HOME NOTICIAS que no existe todavía una explicación clara de por qué un paquete de elementos importantes de las pesquisas se desapareció misteriosamente y quién dio la orden de extraerlos de la base de datos de la Policía.

Es un episodio, que según Gómez, debió ser investigado “porque algo así no tuvo por qué haber pasado”. Es más, solicitó que se llame a los altos oficiales de la DIJÍN, que estuvieron para cuando se borraron los informes y después cuando estos aparecieron sin una explicación.

Es decir, que requirió que se llame al general Óscar Naranjo Trujillo, que fue en 1995 jefe del Grupo de contrainteligencia. Además, al general Jorge Luis Vargas Valencia que fungía como Director cuando la Fiscalía vinculó de manera formal a tres de sus policías por posible desviación de la investigación,  esto para que se aclaren varias inconsistencias.

Recordemos que por la desviación de la investigación desde la DIJIN la Fiscalía judicializó al exjefe de homicidios de esta unidad, al coronel Marcos William Duarte Valderrama; a Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Sijín de Sincelejo; y al agente de policía Amín Antonio Acuña Severiche, quien laboraba para esta misma dependencia.

“El coronel Duarte Valderrama ha sido muy evasivo en sus declaraciones testimoniales, del por qué se ocultó ese material, que no se llevó a tiempo a la Fiscalía y el por qué no fueron presentados en las audiencias de juicio. Un documento que se ocultó en la DIJÍN durante 25 años”, manifestó el abogado Gómez Martínez.

Explicó el apoderado que hubo algo a todas luces inexplicable, y es que cuando la Fiscalía llamó al coronel Duarte Valderrama a declarar este se presentó con los documentos que desde el comienzo de la investigación no aparecían.

“Es decir que los archivos desaparecieron en la DIJÍN entre 1995 y 1996 y misteriosamente aparecen en el 2018”, confirmó el abogado Gómez Martínez.

Se precisa en el expediente que fue la DIJIN la que recibió de primera mano las declaraciones del supuesto testigo clave, Carlos Alberto Lugo Álvarez, quien terminó siendo un falso informante. Lo grave es que por sus declaraciones  tres personas oriundas de Sincelejo (Sucre) fueron enviadas a la cárcel.  No obstante, se comprobó más delante de la total inocencia.

La ubicación de este testigo por  la DIJIN, según el allegado a la víctima, “solo sirvió para desviar la investigación”. Además, Héctor Paul Flórez Martínez, de los señalados por el falso testigo Lugo Álvarez, fue condenado a 40 años de cárcel.

Lo particular de este episodio es que Enrique Gómez, familiar de Álvaro Gómez Hurtado, es quien asume la defensa de Flórez Martínez, lo hizo para demostrar que esta persona no tuvo nada que ver con la muerte de su tío, que no estuvo a las 10:20 de la mañana de ese jueves en el lugar de los hechos.

Confirmó, además, que este oficial será llamado nuevamente a declarar, para que refuerce su versión de los sucedido.

En el escandaloso nuevo capítulo, que se escribe ahora por la carta que enviaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los del exsecretariado de las FARC, asegurando ser los responsables de su muerte,  los familiares de Gómez Hurtado se han mostrado incrédulos, ante tan inesperada salida.

Para el abogado Gómez Martínez el pronunciamiento de la JEP es para quitarle competencia a la Fiscalía y evitar que esta avance y se muestren los resultados obtenidos.

“La JEP busca congelar por otros 25 años esta investigación”, dijo el abogado Gómez Martínez

 

El apoderado  también habló de la reaparición de la exsenadora Piedad Córdoba, quien sale a decir que tiene pruebas para demostrar quién mató a Gómez Hurtado, y después de su pronunciamiento es que aparece la carta de las FARC. «¿Qué estaba escondiendo Piedad Córdoba durante todos estos años?», dijo Gómez Martínez.

El abogado ya había revelado hace un mes que posee los elementos suficientes para afirmar que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le venían haciendo seguimientos al dirigente conservador, que sus teléfonos los tenían interceptados desde días antes de su muerte.

Además, asegura que en el gobierno de Juan Manuel Santos, con la asesoría de Ramiro Bejarano, exdirector del DAS para cuando fue asesinado Gómez Hurtado, se ordenó la desaparición de los archivos de las chuzadas y seguimientos ilegales al dirigente político. Este material probatorio ya está en poder de la Fiscalía, aseguró el jurista.

“Este seguimiento ilegal fue ordenado por el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, ahora tenemos las pruebas de que esto fue cierto y los mismos están siendo evaluados por el CTI de la Fiscalía”, afirmó para entonces Gómez Martínez.

El apoderado de los Gómez ha dicho que no se debe excluir de estas responsabilidades a Laude Fernández, exdirector de Inteligencia del DAS, quien también debería ser llamado a responder por los perfilamientos ilegales al excandidato presidencial en 1995.

Redacción Unidad de Justicia

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