Agente encubierto amenazó a uno de sus exjefes:

Exjefe de la POLFA en Cartagena le dijo a la Fiscalía que el subintendente Galvis lo intimidó, manifestó temor por su vida y la de su familia, pidió protección

La declaración del mayor retirado Peter Steven Nocua Henao, exagente encubierto de la Fiscalía, revela detalles sobre el poder que, según su testimonio, ejercía el subintendente Álvaro Galvis Acevedo en la POLFA de Cartagena y las presuntas exigencias económicas a comerciantes y empresarios. Galvis enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, favorecimiento al contrabando, peculado, faltas disciplinarias y extorsión a comerciantes en Cartagena. Pese a ello, según la información recopilada, continúa activo en la Policía.

Redacción Investigativa

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

En la declaración que el mayor retirado de la Policía Peter Steven Nocua Henao ofreció a la Fiscalía General de la Nación, advirtió sobre el posible “poder mafioso” que —según su opinión— poseía el subintendente Álvaro Galvis Acevedo, agente protegido de la Fiscalía, en el marco de las investigaciones contra los contrabandistas en Colombia.

“El subintendente Álvaro Galvis me intimidó en un tono amenazante que lo llevara en la buena porque yo desconocía de los alcances que podía tener. También dejo claridad que temo por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, ya que el intendente Álvaro Galvis, de acuerdo a lo que me manifestó personalmente, conoce a muchas personas que pueden afectar mi vida y la de mis seres queridos”, manifestó el oficial, quien también tuvo la condición de agente encubierto de la Fiscalía.

Este es el texto original, extraído del expediente que adelanta la Fiscalía al tema del contrabando en Colombia. Allí el mayor (r) Peter Steven Nocua Henao advierte del temor que afronta ante las amenazas que recibió del subintendente Álvaro Galvis Acevedo, protegido agente encubierto.

Estas declaraciones, entregadas formalmente ante el órgano investigador, cobran nuevamente relevancia por información recibida por EL HOME NOTICIAS de fuentes de la Fiscalía, según la cual el exfuncionario de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, en Cartagena, habría solicitado medidas de protección, al insistir en que sus declaraciones lo han puesto en riesgo.

De acuerdo con esa información, el llamado agente encubierto habría asegurado personalmente que conocía personas de alto poder político y de otra índole que podrían afectar al oficial y a su familia cuando así lo decidieran.

En las declaraciones que ofreció este oficial, retirado recientemente de la Policía, aseguró haber escuchado personalmente al subintendente Galvis decir que tenía que cumplir una suerte de compromisos con personas del Gobierno de Gustavo Petro y que insistía en que su padrino era el exministro de Defensa Iván Velásquez.

Llama la atención que, pese a existir solicitudes ante la Dirección General de la Policía para que fuera retirado de la institución por señalamientos relacionados con corrupción, permanece aún activo. Además, después de enfrentar procesos internos adelantados por la Inteligencia de la institución, terminó convertido en agente encubierto y protegido por la Fiscalía.

El origen de esta situación fue publicado anteriormente por este medio. Se trató, según lo informado entonces, de una decisión adoptada por la entonces jefe de Contrainteligencia de la Policía Nacional, coronel (r) Julie Katherine Ruiz, al parecer atendiendo directrices del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, para cambiar el rumbo de una investigación y dejar de indagar a determinadas personalidades, con el propósito de convertir a Galvis en un testigo clave dentro de un nuevo expediente, con otro número de noticia criminal.

Una investigación que durante años adelantó la Fiscalía terminó archivada y, hasta el momento, se desconoce el rumbo que tomaron miles de horas de escuchas, grabaciones e interceptaciones telefónicas, en las que, según los antecedentes de esta denuncia, se daba cuenta de la participación de altos oficiales, entre ellos dos generales de la Policía (ya retirados), presuntamente vinculados al negocio del contrabando. También fue desestimada una investigación que se venía adelantando contra un poderoso político de Norte de Santander.

Este texto, también extraído del expediente, el mayor Peter Steven Nocua le cuenta a la Fiscalía que el subintendente Álvaro Galvis mantenía relación con presuntos contrabandistas antes de que se le nombrase como agente encubierto, que conocía a los que movían el cigarrillo desde los puertos.

El supuesto “poder” de Galvis

En medio de los señalamientos contra el subintendente Galvis, investigado por enriquecimiento ilícito, por figurar como propietario de una exportadora de carnes y de pudiente ganadero, se conocieron unas fotografías publicadas en redes sociales en las que el propio uniformado se ufanaba de “tener vara”, término empleado en la Policía para indicar que se cuenta con un padrino o respaldo de influencia en un alto nivel.

No solo Galvis decía contar con el respaldo del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. También afirmaba ser protegido de un gran amigo de Gustavo Petro, el abogado y embajador en Bélgica, Daniel Prado Albarracín, uno de los abogados defensores de mayor confianza del expresidente, un viejo camarada de militancia en el movimiento guerrillero M-19.

De hecho, EL HOME NOTICIAS publicó una de esas fotografías, en la que el denominado agente encubierto, Álvaro Galvis, aparece al lado del abogado cercano a Petro. Cuando la imagen fue publicada en redes sociales, se afirmó que Prado era atendido en sus visitas a la Costa por Galvis, quien incluso cubría sus gastos de hospedaje y alimentación en un hotel cinco estrella en Cartagena.

En la imagen aparecen abrazados el subintendente Álvaro Galvis Acevedo, señalado en las investigaciones como agente encubierto, y el entonces embajador de Colombia en Bélgica, Daniel Prado Albarracín, a quien el propio uniformado señalaba de ser su principal protector. La relación vuelve mencionarse en el contexto de las investigaciones que comprometen a Galvis por hechos de corrupción. Prado Albarracín, abogado de confianza y excompañero de Gustavo Petro en el M-19, también ocupó la Embajada de Colombia en Bélgica durante el Gobierno Petro. Críticos han dicho que el nombramiento de Prado en Bélgica tiene un propósito más de fondo, el de ir armonizando un posible asilo político de Petro en ese país. 

Tanto las investigaciones de la Contrainteligencia como las declaraciones del mayor retirado Nocua y las denuncias formuladas por comerciantes en Cartagena llevaron a que la Fiscalía impartiera una nueva línea investigativa, orientada exclusivamente contra el llamado agente encubierto Álvaro Galvis.

Esta investigación está relacionada con señalamientos sobre presuntas exigencias económicas a empresarios, a cambio de no intervenir en el movimiento de contenedores por los puertos del Caribe colombiano. Uno de los comerciantes señalados dentro de la investigación por presuntas actividades de contrabando, conocido como Pacho, le contó a Nocua, cuando este se desempeñaba como jefe seccional de la POLFA, que Galvis lo había denunciado ante la Armada Nacional para que fuera incautado un cargamento de cigarrillos, luego de que se negara a pagar las exigencias económicas que, según su relato, el cuestionado policía le venía haciendo. Incluso, trascendió una fotografía en la que aparece el subintendente Galvis junto a militares durante el procedimiento de incautación del cargamento.

¿Qué pasó con la investigación por extorsión contra Álvaro Galvis Acevedo?

EL HOME NOTICIAS recibió información sobre una presunta solicitud de orden de detención contra este protegido testigo de la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido oficializada y tampoco se ha confirmado  por la entidad de su posible aprehensión. Lo que sí aparece en el expediente es que el proceso en su contra continúa avanzando.

En anteriores informes periodísticos, este medio ha revelado que el llamado agente encubierto, antes de asumir el rol de protegido de las autoridades, ya tenía investigaciones en su contra, particularmente aquellas adelantadas por la Contrainteligencia de la Policía.

Entre ellas aparecen señalamientos por enriquecimiento ilícito, delitos relacionados con el favorecimiento al contrabando, peculado por apropiación y, el más grave, presunta extorsión a comerciantes en Cartagena.

Precisamente este último señalamiento originó un capítulo aparte y una línea investigativa que permanece en un despacho de la Fiscalía en Cartagena, donde se habría solicitado una orden de captura ante un despacho judicial.

Se trata de una denuncia radicada ante la Fiscalía el 14 de junio de 2024, en la que se exponen detalles de presuntas exigencias económicas calificadas como extorsión por parte de los afectados, quienes señalan con nombre propio al funcionario de la Policía de exigir dinero, mediante amenazas, a un grupo de empresarios y comerciantes cartageneros.

Desde el 18 de junio de 2024 comenzaron las primeras indagaciones y el caso llegó posteriormente a manos de un fiscal de conocimiento. Este despacho desarrolló un trabajo metodológico y asignó tareas a un equipo de investigadores de la misma entidad.

Los investigadores realizaron entrevistas y trabajo de campo que permitieron recopilar elementos materiales probatorios. Según se lee en el proceso, existiría suficiente material para solicitar una orden de captura.

A la fecha, el proceso se encuentra en la Fiscalía 71, Unidad Seccional de Bolívar, dentro de una carpeta rotulada como “peculado por apropiación y extorsión”, según el artículo 244 del Código Penal.

El proceso fue asignado a este despacho, ubicado en Cartagena, el 21 de febrero de 2025. Desde su apertura se han radicado nueve actos en los que se consignan los avances del equipo investigador.

Para abrir esta línea investigativa se tuvo en cuenta la denuncia presentada por los comerciantes, las declaraciones aportadas por compañeros de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y el testimonio del otro agente encubierto en el caso relacionado con el contrabando en Colombia: el mayor (r) Nocua Henao.

Esta es una declaración clave, la que Peter Steven Nocua hace a la Fiscalía, de que el subintendente Álvaro Galvis Acevedo manejaba tarifas para permitir la entrada de contenedores por el puerto en Cartagena, exigía dinero para supuestamente repartir con sus compañeros en la POLFA.

EL HOME NOTICIAS ha seguido de cerca este caso, sobre el cual ya ha publicado varios informes periodísticos.

Fue precisamente el oficial Nocua Henao quien alertó a la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades que, según su testimonio, venía cometiendo el subintendente Galvis al interior de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena.

También puso en conocimiento del ente investigador lo que calificó como una “extraña relación” entre este suboficial y el exministro Iván Velásquez, por lo que manifestaba, de ser el entonces alto funcionario quien hablaba por él, hasta el punto de «evitar que fuese movido de la POLFA en Cartagena. «Si a mí me sacan estoy seguro que el ministro procuraré regresarme», decía.

En sus declaraciones, el mayor Nocua aseguró que fue el propio agente Galvis quien le confesó las presuntas exigencias de dinero a comerciantes. Según su relato, incluso le coordinó una reunión con personas que supuestamente manejaban el contrabando en Cartagena.

“El subintendente Álvaro Galvis me dijo, (que) me había coordinado una reunión con las personas que manejaban el comercio en Cartagena, entonces me dice que sería bueno que lo recibiera en la oficina de la Policía Fiscal y Aduanera un domingo, porque no hay muchos funcionarios allí, porque ni el día domingo la DIAN trabaja, ni los policías estaban allí, solamente los vigilantes”, se lee textualmente en la declaración que reposa en el expediente.

Fue en estas mismas declaraciones cuando Nocua le manifestó a la Fiscalía que Galvis presuntamente extorsionaba a comerciantes a cambio de no realizar operativos en su contra.

En uno de sus relatos, reveló que el propio subintendente le habría confesado haber generado una alerta ante la Armada Nacional para que revisaran un contenedor con mercancía, con el propósito de presionar a la propietaria del cargamento para que entregara el dinero que, según el testimonio, le venía exigiendo y que ella se negaba a pagar.

“Galvis me manifestó que había detenido el contenedor para ‘poder apretar a esa señora’, quien anteriormente había trabajado con el capitán Faudel”, se lee en la declaración de Nocua.

A este respecto, el oficial hizo algunas precisiones:

“Aproximadamente el 12 de septiembre de este año (2023) el subintendente Álvaro Galvis me reporta que había detenido un contenedor con mercancía de contrabando y que contendor ya lo tenía en las instalaciones de la UT logística en PARQUIAMÉRICA, que es la bodega que contrata la DIAN para las inspecciones y aprehensiones de la mercancía, a lo cual yo procedo a desplazarme hacia ese lugar. Al llegar allá el subintendente Álvaro Galvis me indica que ese contenedor es manejado por una señora que trae mercancía de contrabando y que él le había detenido ese contenedor con el fin, palabras textuales, ‘poder apretar a esa señora’ ya que ella trabajaba anteriormente con el señor capitán Faudel (Salazar) y no con él y que esa era la forma de poder tener el control de la mercancía que salía y los pagos que las personas debían realizar por esa mercancía de contrabando”, se lee en la declaración del oficial.

Pero el relato de Nocua va más allá. Según su declaración, Galvis no solamente “apretaba” —término empleado por el propio subintendente— a los comerciantes, sino que también habría establecido una tarifa para permitir la entrada de contenedores por el puerto de Cartagena.

Nocua contó que Juan Francisco Solano Barrera, conocido en la investigación como ‘Millos’ o ‘Pacho’, investigado por el caso de los contrabandistas en Colombia y señalado por la Fiscalía de manejar el negocio del cigarrillo importado, le habría manifestado que el policía le exigía un pago millonario por cada contenedor que retiraba de la zona portuaria.

“Llego al hotel Radisson, a una habitación, en donde él estaba alojado y me dice que le estaban cobrando 155 millones por sacar un contenedor, que él estaba pagando 60 millones. Yo le pregunto quién le cobra 155 millones y me dice que es el subintendente Galvis porque él estaba trabajando con este señor (alias) Nacional”, se lee en una de las páginas del expediente.

No obstante, existe un detalle que es de gran calado: pese a las acusaciones que desde 2022 se venían formulando contra el subintendente Galvis Acevedo, al interior de la Policía no se habrían tomado acciones en su contra.

Para el cierre. Teniendo en cuenta que el Galvis Acevedo aseguraba ser un protegido de altos funcionarios del Gobierno Petro, entonces ¿Ante la llegada de un nuevo mandato, quién o quienes continúan protegiéndole, para que siga portando su uniforme, siendo que en otros casos por temas de menor categoría altos oficiales han sido sacados de la institución, entonces, por qué no han avanzado las investigaciones en contra de este uniformado?

Redacción Investigativa

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