¿Reaparece el ‘cartel de la chatarrización’? Ejército alista la desintegración de 970 vehículos, le tenemos la lupa al millonario negocio
9 septiembre, 2026Segunda parte: Detalles inéditos del millonario contrato de la Policía en Barranquilla para trasladar oficinas administrativas de la salud
20En la imagen la fachada de la Clínica Regional del Caribe y a un costado el pantallazo de la primera página del contrato que ha levantado las críticas de los usuarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional.
Segunda parte:
Detalles inéditos del millonario contrato de la Policía en Barranquilla para trasladar oficinas administrativas de la salud
El acuerdo fue celebrado mediante contratación directa por la Unidad Prestadora de Salud Atlántico con la empresa ZONERGY S.A.S. E.S.P. El valor incluye un canon mensual de 60,9 millones de pesos y casi 9 millones de administración. Veedores cuestionan el gasto mientras la austeridad se presenta como una prioridad del Estado.
Redacción Investigativa
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Una contratación de la Policía Nacional ha generado protestas de usuarios y reclamos en redes sociales, por el uso de los recursos públicos. Se trata del arrendamiento de un inmueble en el Centro Comercial Americano de Barranquilla destinado al funcionamiento de dependencias administrativas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 y de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico.
El contrato No. 104-1-20430-2026 fue celebrado entre la Unidad Prestadora de Salud Atlántico y la empresa ZONERGY S.A.S. E.S.P., identificada, cuyo representante legal es Mary Olga Castro Blanco.
De acuerdo con el documento contractual, el negocio tiene un valor total de 279.602.208 de pesos, correspondiente a la vigencia 2026.
La cifra se desprende de un canon mensual de 60.928.000 pesos, al que se adicionan 8.972.552 por concepto de administración. De esta manera, cada mes la Policía debe asumir 69.900.552 por el inmueble.
Un contrato calificado como “innecesario”
Aunque el arrendamiento de inmuebles mediante contratación directa está contemplado dentro de las modalidades permitidas por la legislación colombiana, el hecho de que un procedimiento sea jurídicamente posible no elimina la obligación de examinar la conveniencia, necesidad, eficiencia y racionalidad del gasto público.
«Y es precisamente allí donde aparecen los cuestionamientos del grupo de veteranos, veedores y ciudadanos que han puesto la lupa sobre esta contratación, porque se firma, preciso, en momentos en que otras prioridades como compra de medicamentos y contratación de profesionales de la salud han quedado en un segundo plano».
La pregunta que hacen los veedores es la siguiente: ¿Resulta razonable comprometer cerca de 280 millones de pesos en el arrendamiento de oficinas administrativas durante la vigencia de un contrato de corto plazo, cuando existen necesidades presupuestales dentro del propio Sistema de Salud de la Policía?
La solicitud adquiere mayor relevancia, porque ocurre en momentos en que la presidencia de Abelardo de la Espriella habla de la austeridad y el control del gasto público, presentados como principios fundamentales de la administración estatal.
70 millones de pesos cada mes, es solo una parte
El documento establece con claridad la estructura económica del millonario negocio. El canon propiamente dicho asciende a 60.928.000 de pesos mensuales, mientras que la administración representa otros 8.972.552. En conjunto, la Policía compromete 69.900.552 mensuales.
Hay un elemento que deberá ser confrontado con los estudios previos y la información publicada en SECOP II: el valor total del contrato, $279.602.208, corresponde exactamente a cuatro mensualidades de 69.900.552 de pesos. Pero en la práctica, para los usuarios entrará en uso en los últimos tres meses de este año.
Esto resulta relevante porque permite establecer matemáticamente que la suma pactada equivale a cuatro meses de arrendamiento. Por ello, será necesario verificar en los documentos complementarios cuál es exactamente el plazo formal de ejecución del contrato y sus fechas de inicio y terminación. No podemos olvidar que este acuerdo debe ampliarse para todo el año 2027.
Un inmueble para 130 puestos de trabajo
El anexo de especificaciones técnicas establece que el inmueble debe tener una capacidad mínima para 130 puestos de trabajo, además de diferentes condiciones de infraestructura.
Entre las exigencias aparecen baños diferenciados para las áreas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 y la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, un baño privado para la jefatura, condiciones específicas de pisos, paredes, puertas, ventanas, techos y sistemas eléctricos.
También se exige que el inmueble cuente con condiciones de accesibilidad, pasillos amplios y escaleras de evacuación, además de sistemas relacionados con seguridad y prevención de incendios.
El contrato contempla igualmente obligaciones relacionadas con el control de plagas, mantenimiento de sistemas de alarmas y equipos contra incendios y otras condiciones de seguridad y salubridad.
Otro de los componentes incluidos en las condiciones económicas es el uso de 15 parqueaderos destinados exclusivamente para los vehículos de funcionarios de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico.
El documento establece que el arrendador debe permitir durante la vigencia del contrato el uso de estos espacios por los vehículos autorizados por la entidad, sin generar cobros adicionales.
El inmueble, según las especificaciones técnicas, dispone de una oferta de 280 celdas de parqueadero, de las cuales ocho están destinadas a personas con movilidad reducida.
El costo es mayor de lo contratado, otros gastos
El valor de 279,6 millones de pesos tampoco representa necesariamente el costo total que tendrá para la Policía la ocupación del inmueble.
El contrato establece que la Unidad Prestadora de Salud Atlántico debe asumir los servicios públicos y otros servicios asociados al funcionamiento de las instalaciones.
Entre ellos aparecen energía eléctrica, agua, alcantarillado, aseo e internet. Por lo tanto, el verdadero costo de mantener estas oficinas durante el período contractual deberá establecerse sumando a los casi 280 millones de pesos de los gastos de funcionamiento que efectivamente se causen durante la ocupación.
Se hizo por contratación directa
El documento señala que el contrato se deriva del proceso PN-UPRES-DEATA-CD-004-2026 y fue tramitado mediante contratación directa.
La entidad justifica esta modalidad señalando que el arrendamiento de bienes inmuebles se encuentra dentro de los casos en los cuales procede esta forma de contratación.
Esto, sin embargo, abre otro motivo para la investigación periodística: revisar los estudios y documentos previos, determinar cómo se estableció el valor del canon, qué alternativas fueron consideradas por la entidad y cuáles fueron las razones técnicas y económicas que llevaron a escoger precisamente ese inmueble.
No basta con establecer que la contratación directa está permitida. También es necesario conocer por qué ese inmueble, por qué ese precio y por qué esa ubicación.
El propio contrato establece obligaciones específicas para el supervisor.
Debe presentar informes periódicos sobre la ejecución física, técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato, además de publicar la información correspondiente en el SECOP II.
Incluso se establece que, cuando el contrato alcance determinados porcentajes de ejecución —70 %, 90 % y 100 %—, deben adoptarse las medidas necesarias para determinar si procede una nueva contratación o una eventual adición, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio.
Esta cláusula ofrece una oportunidad adicional para el control ciudadano: examinar los informes de supervisión y establecer si lo que fue contratado efectivamente se está cumpliendo.
¿Es un gasto necesario o un acto cuestionable?
Es importante precisar, que cuando el arrendamiento está destinado fundamentalmente al funcionamiento de dependencias administrativas de la salud de la Policía y no exclusivamente a la prestación directa de servicios médicos a los usuarios.
El debate, entonces, no consiste únicamente en determinar si la Policía podía contratar directamente el inmueble.
La verdadera pregunta es otra: ¿Era la alternativa más conveniente para proteger los recursos públicos?
Para responderla será necesario conocer los estudios que se hicieron antes de tomar esta decisión, el análisis del mercado inmobiliario realizado por la entidad, las alternativas consideradas, el avalúo o metodología utilizada para determinar el canon, el plazo exacto de ejecución y los informes de supervisión.
También será necesario establecer si existían otros inmuebles disponibles, como los espacios dentro de la Clínica Regional del Caribe, que pudieran cumplir las mismas condiciones por un menor costo.
Por ahora, lo que existe es un contrato legalmente documentado, con unas obligaciones y unas condiciones económicas precisas.
Lo que corresponde ahora es verificar si el precio pagado, las características del inmueble y la necesidad de la contratación guardan una relación razonable con el interés público.
Redacción Investigativa
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Leonidas Medina Jiménez
Editor general
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