¿Reaparece el ‘cartel de la chatarrización’?

Ejército alista la desintegración de 970 vehículos, le tenemos la lupa al millonario negocio

El Ejército Nacional adelanta un proceso para enajenar y desintegrar 970 vehículos que considera obsoletos o fuera de servicio. Son más de 1.162 toneladas de material. La investigación de EL HOME NOTICIAS advierte sobre la presunta operación para favorecer al denominado ‘Cartel de la Chatarrización’, que busca quedarse con el negocio, por un precio muy por debajo del que existe en el mercado.

Redacción Investigativa

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Un nuevo proceso adelantado por el Ejército Nacional para sacar de servicio y entregar a chatarrización 970 vehículos vuelve a poner bajo la lupa el millonario negocio que gira alrededor de la enajenación de bienes del Estado. Se trata de un mecanismo de contratación que, por la manera como se ejecutó en otras entidades públicas, ha generado denuncias y cuestionamientos por irregularidades y hechos de corrupción.

En regiones como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta y San Andrés han surgido denuncias, investigaciones, que advierten sobre la existencia de una llamada “red” dedicada a favorecer la adjudicación de contratos con entidades del Estado para la desintegración de automotores, mediante escogencia que, según los denunciantes, se ejecutan sin tener en cuenta el lleno de los requisitos legales. Una estructura que los denunciantes señalan con un título bien grave: “El cartel de la chatarrización”.

No es para menos. Los denunciantes advierten que el nuevo proceso del Ejército repite un esquema que, según señalan, ya habría sido utilizado en procesos adelantados por la Policía Nacional, la Gobernación de San Andrés, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Alcaldía de Medellín. El cuestionamiento apunta a una práctica que consistiría en modificar las condiciones de las convocatorias mediante la incorporación de nuevos requisitos que terminarían reduciendo el número de participantes. Así lo resume una de las denuncias: “Ajustar una convocatoria con nuevos términos que solo pueden cumplir los mismos de siempre”.

Las reglas que podrían dejar por fuera a la mayoría de oferentes en un “contrato sastre”

Esto se resume de la siguiente manera:  se hizo una modificación en la distribución de las zonas con una nueva exigencia que, según la denuncia, terminaría favoreciendo a empresarios que ya cuentan con patios en esa región en donde hay escasos automotores para chatarrizar. Es decir, sin que exista una necesidad clara de hacerlo, solo para montar un “pliego a la medida de los corruptos”.

El cambio más llamativo está en la creación de la denominada SEDE 4 (en otros contratos no existía), integrada por Neiva, Florencia e Ibagué, mientras que buena parte de las regiones con mayor concentración de vehículos siempre estuvieron agrupadas en una extensa SEDE 3, que incluye a Medellín y Cali, además de municipios de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia y el Eje Cafetero.

Revela la alerta que el Ejército Nacional debería concentrarse en garantizar que los vehículos sean efectivamente desintegrados y que el procedimiento cumpla con las exigencias legales y ambientales, independientemente del medio de transporte utilizado para llevarlos hasta los patios autorizados.

“Lo que más debe preocupar a la entidad es que el cuestionado empresario que está a punto de quedarse con el contrato es investigado por no de desintegrar una maquinaria amarrilla de la Fiscalía, porque se descubrió que la sacó a la venta en lugar de chatarrizarla”, dice la denuncia.

En otras palabras, para una empresa que ya dispone de infraestructura, experiencia y capacidad operativa en los principales corredores del país, instalar o mantener un centro habilitado o patios en Neiva, Florencia o Ibagué podría representar una inversión que no resulta rentable por el volumen de vehículos que allí se van a desintegrar. Es una nueva condición aparentemente que es en realidad “una barrera para ahuyentar a los demás”.

Surgen, entonces, preguntas clave:

¿Se diseñó esta cobertura territorial por las necesidades logísticas del Ejército o se estableció esta condición para beneficiar al ‘cartel de la chatarrización?

¿Qué estudio técnico determinó que esta nueva configuración era la más conveniente para garantizar la cobertura del servicio y, al mismo tiempo, promover la participación plural de oferentes?

Es claro, entonces, que, si una empresa ya cuenta con un centro habilitado, patio de almacenamiento, en alguno de los puntos exigidos para la “abortada SEDE 4”, entra a participar con una ventaja que no van a tener quienes históricamente han desarrollado su operación, con total éxito, en otros corredores del país. Pero vale la pena otra vez preguntar: ¿Cuántas empresas están realmente en condiciones de cumplir todos los requisitos del nuevo pliego?

De comprobarse que una modificación introducida al proceso terminó coincidiendo exactamente con la infraestructura disponible de señalados operadores, es lo que lleva a sospechar que se estaría fraguando un direccionamiento de las condiciones de participación, un grave delito que debe ser investigado por los entes de control.

La ley de contratación pública en Colombia (principalmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015) establece que los requisitos habilitantes deben ser proporcionales, adecuados y necesarios para garantizar la selección objetiva, evitando barreras injustificadas que limiten la libre participación.

Lo que sí es claro es que este posible direccionamiento de exigencias tiene que tener responsabilidad, de quién diseñó las nuevas reglas, por qué las diseñó de esa manera y a quién está queriendo beneficiar.  

Los detalles de una contaminada convocatoria

El documento oficial consultado por EL HOME NOTICIAS corresponde al proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección abreviada para la “enajenación de bienes resultante del proceso de desintegración de los vehículos obsoletos y fuera de servicio del Ejército Nacional vigencia 2026”.

La dimensión del proceso es considerable: se trata de 893 vehículos administrativos y 77 vehículos tácticos, con un peso aproximado de 1.162.791 kilogramos, es decir, más de 1.162 toneladas de material que deberá pasar por un proceso de desintegración física.

Pero detrás de esta operación hay algo más que vehículos viejos convertidos en chatarra. El negocio que despierta la alerta

De acuerdo con la investigación de EL HOME NOTICIAS, alrededor de este tipo de procesos se mueve un negocio de considerable valor económico, razón por la que el nuevo proceso del Ejército despierta sospechas sobre quiénes están interesados en quedarse con pesado retal metálico.

La investigación periodística ha puesto la lupa sobre el denominado ‘Cartel de la Chatarrización’, un entramado que arrastra cantidad de denuncias y falta de actuación de las autoridades. Es que desde ya se sabe que sigue activo y existen intereses que buscaría participar en todos los procesos de desintegración y aprovechamiento de bienes estatales.

Nuestra alerta periodística apunta a establecer quiénes están detrás de los interesados en este negocio, cuáles empresas podrían participar y, especialmente, si existen actores que vienen buscando controlar este tipo de contratos. Y es precisamente allí donde comienza la historia.

970 vehículos y un negocio que sale a subasta

El Ejército estableció que la enajenación se realizará mediante subasta pública electrónica ascendente.

Esto significa que los proponentes que resulten habilitados podrán participar en la puja y el precio de arranque será el mayor valor ofertado. Cada nuevo lance deberá superar el anterior en, como mínimo, 1 %.

El documento establece además un valor total estimado del proceso de 351.069.858,72 de pesos (más de 351 millones de pesos) calculado a partir del valor total del presupuesto estimado utilizado para determinar los requisitos financieros de los participantes.

El Ejército Nacional busca rematar los vehículos en mal estado, declarados en pérdida total, para que sean desintegrados, mediante un proceso de enajenación, bajo las condiciones establecidas en un pliego de condiciones.

La Costa Caribe concentra buena parte del material

Uno de los datos que más llama la atención aparece al revisar la distribución geográfica.

El Ejército dividió los vehículos en cuatro sedes. La Sede 2, que comprende Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Barrancabermeja, concentra 302 vehículos: 246 administrativos y 56 tácticos.

El dato adquiere mayor relevancia porque en todo el país serán sometidos a desintegración 77 vehículos tácticos, y 56 de ellos están concentrados en esta Sede 2.

El propio Ejército explica que esos 56 vehículos tácticos proceden principalmente de La Guajira y Norte de Santander, territorios fronterizos donde las unidades militares han cumplido labores relacionadas con el control de frontera, el contrabando y la seguridad.

No se trata simplemente de vender vehículos viejos

El proceso tiene una condición fundamental: los vehículos no podrán simplemente ser revendidos o volver al servicio.

El adjudicatario tendrá que garantizar su desintegración física total, hasta convertirlos en chatarra, incluyendo sus principales componentes.

El pliego contempla controles sobre motores, transmisiones, diferenciales, ejes, sistemas de suspensión, frenos, dirección, componentes eléctricos, carrocería y chasis, entre otros elementos.

Además, el Ejército establece mecanismos para verificar que las piezas y componentes no puedan regresar posteriormente al mercado como elementos funcionales.

Una vez que los vehículos ingresen a la planta y se suscriba el acta correspondiente, el documento establece que no podrán salir de esas instalaciones.

Aquí están los antecedentes y maniobras del ‘Cartel’

Los antecedentes que no se pueden ignorar. Los antecedentes del ‘Cartel de la Chatarrización’: denuncias, contratos millonarios y amenazas que ponen la lupa sobre un negocio con recursos públicos

EL HOME NOTICIAS reconstruye varias denuncias relacionadas con procesos de desintegración y comercialización de vehículos y bienes convertidos en chatarra. En los expedientes aparecen señalamientos contra empresarios del sector, investigaciones de organismos de control y denuncias por presuntas amenazas a quienes competirían en algunas de estas operaciones.

Uno de los nombres que aparece en las denuncias es el del empresario Rafael Naranjo Pérez, relacionado, según el material recopilado, con las empresas Unión Temporal RYM S.A.S., Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. y Haq Steel PVT S.A.S.

Las acusaciones adquieren una dimensión adicional porque, paralelamente a las denuncias sobre procesos de contratación y adjudicación de negocios de chatarrización, se han dado a conocer amenazas contra personas consideradas competidoras de este empresario, que viene manejando el negocio de la chatarra desde hace años en Colombia.

Denuncias por presuntas amenazas

En un informe periodístico anterior este medio dio a conocer una denuncia que menciona a  Naranjo Pérez, fueron divulgados mensajes de texto que, según los denunciantes, contendrían amenazas contra personas cercanas al sector y potenciales competidores.

De acuerdo con la información recopilada también el empresario William Ojeda acudió a la Fiscalía y entregado audios correspondientes a llamadas telefónicas en las que, según su denuncia, Naranjo Pérez le habría advertido sobre su participación en una subasta de chatarrización convocada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Según el denunciante, en esas comunicaciones se le habría pedido apartarse de la puja bajo el argumento de que su participación estaría afectando el negocio.

Es la misma empresa de la investigada en Medellín

Uno de los antecedentes que permite dimensionar el alcance de las denuncias se encuentra en Medellín, donde la chatarrización de vehículos abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad terminó en los expedientes de la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público adelanta una investigación relacionada con funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín, por un posible detrimento patrimonial asociado al proceso mediante el cual se contrató la chatarrización de aproximadamente 50.000 vehículos.

Según las denuncias recopiladas, los vehículos fueron contratados para su chatarrización a un valor de 98 pesos por kilogramo, mientras que los denunciantes sostienen que el valor comercial de la chatarra en Colombia podría ubicarse entre 1.000 y 1.800 pesos por kilogramo, dependiendo de las condiciones y características del material.

De confirmarse las diferencias planteadas en las denuncias, el impacto económico para las finanzas públicas podría ser considerable.

La DIAN y un contrato por 6.440 millones de pesos lleno de muchas dudas

Otro capítulo de esta historia conduce directamente a la DIAN

EL HOME NOTICIAS alertó que la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) viene adelantando una indagación previa por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato de chatarrización de esa entidad. El contrato, pese a las denuncias terminó en poder de  la Unión Temporal RYM S.A.S., Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. 

El negocio fue suscrito durante la administración de Luis Carlos Reyes, quien posteriormente ocupó el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El proceso cuestionado corresponde a la Selección Abreviada de Enajenación de Bienes del Estado con Subasta Pública SAEBSU-00-002-2023.

El contrato alcanzó un valor de 6.440 millones de pesos y tenía como objeto la venta y fundición de chatarra proveniente de mercancías decomisadas por la DIAN. La mayoría de los vehículos no estaban para ser declarados como pérdida total.

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