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12 agosto, 2026

El polémico ascenso de la general Olga Patricia Salazar: lealtades políticas y cuatro meses de anticipación

Brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez

La brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez se dirige a la plenaria del Senado tras la aprobación de su ascenso al grado de mayor general de la Policía Nacional. Durante su intervención, la oficial agradeció a los congresistas por el voto y destacó que aquello era un “ascenso de las mujeres”.

El polémico ascenso de la general Olga Patricia Salazar: lealtades políticas y cuatro meses de anticipación

La brigadier general Salazar Sánchez fue aprobada por el Senado para ascender a mayor general en medio de cuestionamientos dentro de la Policía Nacional. Su promoción ocurre cuatro meses antes de cumplir el tiempo de servicio previsto para el ascenso y después de haber sido señalada como una de las oficiales cercanas al expresidente Gustavo Petro, quien, según fuentes consultadas por este medio, habría contemplado designarla como primera mujer al frente de la Policía. 

Redacción Investigativa

Viernes, 14 de agosto de 2026

El ascenso de la brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez al grado de mayor general de la Policía Nacional ha generado fuertes cuestionamientos en sectores internos de la Institución, particularmente por las circunstancias en que fue aprobado por el Senado y por los antecedentes de una carrera que, según sus críticos, se ha desarrollado principalmente en áreas administrativas, jurídicas y de derechos humanos y sin experiencia operativa.

La aprobación constitucional se produjo en una jornada particularmente sensible. Mientras miles de colombianos se encontraban trabajando para rescatar a familiares y amigos atrapados bajo los escombros de una tragedia, la plenaria del Senado aprovechó el quórum, convocado para elegir al nuevo Contralor,  para adelantar y aprobar el ascenso de la oficial.

La propia Salazar Sánchez pronunció ante los senadores unas palabras que terminaron convirtiéndose en parte central de la escena: “Honorable senadores, gracias. Hoy no asciende Olga Patricia. Hoy ascendemos las mujeres de Colombia”.

Pero mientras en el recinto se celebraba la promoción de la oficial, dentro de la Policía comenzaron a hacerse preguntas sobre las circunstancias del procedimiento, entre ellas una relacionada con el momento en que se produjo la aprobación y otra con el tiempo efectivo de servicio que tendría la brigadier general al momento de su ascenso.

Una celebración desde la ‘bancada petrista’

Una de las primeras congresistas en hacer pública la aprobación fue la senadora del Pacto Histórico Carmen Patricia Caicedo Omar, hermana del exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.

A través de su cuenta de X, la congresista celebró la decisión del Senado y destacó especialmente el contenido del discurso de la oficial.

“Hoy pasó algo lindo en la plenaria del Senado de la República, fue aprobado y oficializado el ascenso de la brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez al grado de mayor general de la Policía Nacional. Su discurso estuvo lleno de agradecimientos a su mamá, una campesina boyacense que la acompañó, y a las mujeres; sin duda, cuando el uniforme se acompaña de humanidad nos representa”, escribió Caicedo Omar.

El mensaje volvió a poner sobre la mesa la cercanía política que algunos sectores han atribuido a Salazar Sánchez durante los últimos años.

La hoja de vida que llegó al Senado

La postulación de la brigadier general había sido presentada aproximadamente un mes antes por el entonces ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, quien anunció públicamente que la hoja de vida de la oficial había sido escogida para ser presentada ante la respectiva comisión del Congreso.

“En ella convergen una profunda vocación de servicio, un genuino compromiso con los colombianos y las virtudes que distinguen a quienes han elegido la profesión de las armas. Por eso hoy la presentamos ante esta Comisión”, manifestó entonces el exoficial.

En aquel momento también se mencionó como elemento favorable la coincidencia de origen entre el ministro y la brigadier general: ambos son oriundos de Boavita, Boyacá.

Sin embargo, de acuerdo con información conocida por este medio, detrás de la promoción de Salazar Sánchez habría existido un interés político que venía desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Fuentes consultadas sostienen que la oficial habría contado con el respaldo directo del entonces mandatario, quien, según esa versión, llegó a contemplar la posibilidad de convertirla en la primera mujer directora de la Policía Nacional.

La posibilidad generó en su momento fuertes objeciones dentro de la institución. Algunos sectores calificaron esa eventual designación como una decisión de carácter “populista” u “oportunista” y cuestionaron que Salazar Sánchez pudiera llegar a la máxima dirección de la Policía por su condición de oficial perteneciente al escalafón administrativo.

Los reparos por su perfil dentro de la Policía

La discusión no se centra únicamente en sus supuestas cercanías políticas. También existe un debate institucional alrededor de la naturaleza de su carrera.

La hoja de vida publicada por la propia Policía Nacional señala que Olga Patricia Salazar Sánchez es abogada y especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Servicio de Policía.

Entre los cargos que ha desempeñado aparecen la dirección de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”; la jefatura del Área Jurídica de la Secretaría General de la Oficina de Derechos Humanos de la DIJIN; y la dirección de la Escuela de Justicia Penal Militar y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, directora de la DIJIN (a donde llegó sin contar con experiencia en operaciones), además de otras responsabilidades.

Precisamente esa trayectoria es utilizada por sus críticos para cuestionar su eventual llegada a la cúpula de la institución.

La objeción planteada por algunos oficiales es que se trata de una carrera predominantemente vinculada con las áreas jurídica, administrativa y de derechos humanos, y no con el componente estrictamente operativo de la Policía.

En ese contexto, también se ha discutido su condición de oficial del cuerpo administrativo u oficial de orden profesional, frente al perfil tradicional de los oficiales de armas o de fila, que desarrollan buena parte de su carrera en funciones operativas y de mando.

En las referencias públicas sobre su antigüedad no aparece especificado de manera convencional un número de curso de oficiales de armas. Para efectos de antigüedad, se le ha relacionado con el curso 065, correspondiente a la promoción de diciembre de 1993, bajo el Decreto 1387 del 3 de diciembre de 1993.

Este punto resulta relevante porque el ascenso aprobado por el Senado también está siendo revisado por oficiales que han comenzado a hacer cuentas sobre el tiempo de servicio.

El interrogante de los cuatro meses antes

Uno de los principales cuestionamientos que circulan actualmente dentro de la institución tiene que ver con la fecha en que Salazar Sánchez cumpliría el tiempo requerido para su ascenso.

De acuerdo con la información conocida por este medio, ese periodo se cumpliría el 3 de diciembre de 2026.

La aprobación del ascenso, sin embargo, se produjo aproximadamente cuatro meses antes de esa fecha.

Para algunos oficiales consultados, esa circunstancia genera “suspicacias” sobre la premura con la que se llevó el asunto al Senado y sobre las razones que habrían llevado a acelerar el procedimiento.

El debate, en consecuencia, no se limita a determinar si la oficial tiene los méritos profesionales para ascender. También plantea preguntas sobre el momento elegido para hacerlo y sobre si existió algún interés particular en que la promoción se produjera antes del cumplimiento del periodo que algunos miembros de la institución consideran determinante.

Cualquier conclusión definitiva sobre la legalidad del procedimiento, sin embargo, deberá sustentarse en las normas específicas que regulan el escalafonamiento, los requisitos de tiempo y las excepciones aplicables a los ascensos de los oficiales de la Policía Nacional.

El caso vergonzoso que marcó su paso por la DIJIN

Otro capítulo de la trayectoria de Olga Patricia Salazar Sánchez que vuelve a ser recordado es el relacionado con la llegada a Colombia de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, el 10 de marzo de 2023, después de ser deportada desde Venezuela.

Para entonces, Salazar Sánchez se desempeñaba como directora de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

La recepción de Merlano provocó críticas de diferentes sectores oficiales. El cuestionamiento se concentró especialmente en el trato que recibió la excongresista al descender del avión.

Salazar Sánchez recibió personalmente a Merlano, quien llegó a una sala de recepción acompañada por funcionarios de Migración Colombia, y allí le entregó un ramo de rosas, preciso, minutos después de que bajara del avión.

La cuestionada excongresista posó como toda una celebridad, sin portar esposas o medidas restrictivas. Es decir, que no se cumplió con el protocolo que rige ante estos casos específicos, de ser una persona que tiene una orden de captura o medida de aseguramiento por delitos de corrupción, la Policía Judicial debió proceder con su aprehensión en el mismo aeropuerto de llegada.

El episodio fue calificado por sectores castrenses como un espectáculo “grotesco” y generó cuestionamientos por lo que algunos consideraron un trato excesivamente cordial y preferencial hacia una persona que había sido deportada a Colombia en medio de un proceso judicial y de una investigación por corrupción. 

Pero el cuestionado hecho no terminó con la recepción, hubo más para aumentar el calificado “despropósito”.

La entonces directora de la DIJIN permitió que Merlano Rebolledo ofreciera una rueda ante medios nacionales e internacionales. Allí, la Merlano formuló señalamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción política en la Costa Norte de Colombia, en un momento especialmente sensible por la coyuntura electoral que atravesaba el país.

Durante esa intervención, Merlano también solicitó al entonces presidente Gustavo Petro garantías de seguridad y protección para ella y su familia. Aseguró haber recibido amenazas y denunció supuestos intentos de secuestro, al tiempo que afirmó que la Fiscalía no estaba investigando esos hechos.

La actuación de Salazar Sánchez como directora de la DIJIN quedó entonces en entredicho y, con su reciente ascenso, ese episodio vuelve a formar parte de sus negativos en su carrera.

Una promoción con dudas sin resolver

El ascenso de Olga Patricia Salazar Sánchez no debería analizarse únicamente desde el simbolismo de que una mujer llegue al rango de mayor general. Tampoco basta con presentar su promoción como un reconocimiento a la participación femenina en la Fuerza Pública.

El verdadero debate está en las condiciones en que se produce.

Por un lado, aparece una oficial con una extensa trayectoria en áreas jurídicas, administrativas y de derechos humanos, que ahora alcanza uno de los niveles más altos de la estructura policial. Por otro, están las objeciones de quienes consideran que su experiencia no corresponde al perfil operativo tradicional de quienes han llegado a la cúpula de la institución. 

A ello se suma la versión, conocida por este medio, según la cual su nombre habría sido impulsado directamente durante el gobierno de Gustavo Petro con miras a “premiar” su actuación en casos sensibles como el trato a la congresista Merlano Rebolledo.

Y finalmente está el interrogante que hoy se hacen algunos oficiales: ¿Por qué aprobar su ascenso cuatro meses antes de que cumpliera el tiempo de servicio señalado para diciembre de 2026?

El Senado ya dio su aprobación. Ahora corresponde que las autoridades competentes expliquen, con absoluta transparencia, cuáles fueron los fundamentos jurídicos y administrativos para acelerar el procedimiento y cuáles son las razones que sustentan la promoción de la brigadier general.

Porque más allá del discurso sobre las mujeres y del simbolismo de su ascenso, lo que está en juego es algo mucho más sensible: la credibilidad de los procesos de promoción dentro de la Policía Nacional y la garantía de que los méritos profesionales estén por encima de cualquier consideración política.

Redacción Investigativa

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Editor general

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