Primera parte:

Coronel de inteligencia revela como se cambió la ruta de una investigación que involucraba a varias personalidades y policías con el contrabando

Un oficial, hoy en retiro de la Policía Nacional, reveló a EL HOME NOTICIAS una serie de decisiones que calificó como inusuales del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y de la exjefe de Contrainteligencia de la Policía, teniente coronel Julie Katherine Ruiz. Según su testimonio, entre ambos existía un alto nivel de confianza que, presuntamente, habría influido en determinaciones como el rompimiento de una investigación contra una red de contrabando, proceso que —de acuerdo con la denuncia— terminó excluyendo de cualquier línea de indagación a un listado de comerciantes y miembros de la Policía que inicialmente figuraban dentro del expediente.

Lunes, 27 de julio de 2026

Las revelaciones señalan que entre ambos habría existido una relación que trascendía el ámbito estrictamente institucional. De acuerdo con el oficial retirado, la afinidad era tal que el hoy embajador de Colombia ante la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta era invitado frecuente a reuniones familiares de la oficial. 

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a una fotografía publicada en redes sociales en la que aparecen el exministro Velásquez, la entonces teniente coronel Ruiz y varios integrantes de su familia.

 «El Ministro era tan cercano a la familia que parecía un integrante más de los Ruiz», aseguró el testigo.

Este medio también obtuvo copia del expediente en el que se menciona a suboficiales, altos oficiales de la Policía Nacional e, incluso, a un senador de la República, a quien, según la documentación conocida por EL HOME NOTICIAS, las autoridades habrían devuelto un camión cargado con mercancía de contrabando que previamente había sido incautado en la región Caribe.

De acuerdo con la denuncia, no se descarta que entre el entonces ministro Velásquez y la coronel Ruiz se hubieran adoptado decisiones que terminaron por fragmentar una investigación que se había desarrollado durante varios años y que comprometía, presuntamente, a reconocidas personalidades del país vinculadas al negocio del contrabando.

La denuncia sostiene que esas actuaciones podrían configurar conductas relacionadas con un eventual atentado contra la administración de justicia, así como con el presunto ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

Según la información recopilada por EL HOME NOTICIAS, el proceso investigativo original fue dividido y, en su lugar, se abrió un nuevo expediente con un número de noticia criminal diferente, dejando de lado la investigación que se venía adelantando desde años atrás y la evidencia recaudada durante ese tiempo.

Esa decisión, de acuerdo con la denuncia, habría tenido consecuencias jurídicas y disciplinarias, pues, presuntamente, favoreció a varias de las personas que ya eran objeto de investigación. Entretanto, el nuevo expediente concentró el grueso de las actuaciones únicamente en los empresarios: Ricardo Orozco Baeza y Diego Marín Buitrago,  a quienes en medio de un boom mediático se les llamó desde las mismas autoridades como los presuntos ‘Zares del contrabando’. Con esta nueva orden de trabajo se dejó de seguir a personas vinculadas con la entrada ilegal de mercancía, sobre todo por los puertos de Barranquilla, Cartagena y Valle del Cauca.

De acuerdo con la documentación conocida por EL HOME NOTICIAS, el cambio de rumbo en la investigación habría debilitado de manera significativa el proceso judicial. La denuncia sostiene que la nueva actuación terminó sustentándose, principalmente, en los testimonios de agentes encubiertos incorporados en una etapa posterior, pese a que el expediente original contenía abundante material probatorio.

Según las fuentes consultadas, el proceso inicial reunía miles de horas de interceptaciones telefónicas, informes de inteligencia y otros elementos de prueba que, en criterio de los investigadores que participaron en esa fase, permitían sustentar actuaciones penales contra los presuntos responsables de la organización dedicada al contrabando.

La presunta insuficiencia de material probatorio en el nuevo expediente, siempre según la denuncia, habría incidido en los retrasos para la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esa situación, agrega la fuente, terminó favoreciendo la recuperación de la libertad por parte de varias de las personas capturadas dentro de la nueva investigación.

«Mi percepción es que la teniente coronel Julie Katherine Ruiz Solórzano no dio continuidad al trabajo que adelantaba el equipo de investigadores conformado por mí coronel Giovanni Enrique Torres Bautista. Por el contrario, tomó la decisión, a mi juicio de manera arbitraria o por orden del Ministro, de apartarse de la línea investigativa existente y promover un nuevo proceso, lo que en la práctica terminó fragmentando la investigación original», relató el oficial retirado.

Con el propósito de profundizar en estas revelaciones, EL HOME NOTICIAS publica detalles del diálogo con uno de los oficiales que integró el equipo de confianza de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) y que participó en las investigaciones relacionadas con las redes de contrabando. Su testimonio describe una serie de hechos que, de confirmarse, podrían dar lugar a uno de los mayores escándalos surgidos alrededor de las decisiones adoptadas durante el actual Gobierno.

Por razones de seguridad, el oficial permanece fuera del país y accedió a hablar con este medio bajo estricta reserva de su identidad.

«Todo lo que conozco sobre las irregularidades que se cometieron pone en riesgo mi integridad y la de mi familia», afirmó. En consecuencia, solicitó que su nombre permaneciera en reserva para evitar posibles retaliaciones.

El oficial retirado aseguró que, desde 2020, tuvo conocimiento de una investigación que era adelantada de manera conjunta por el Área Investigativa Anticorrupción y la Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), dependencia que para entonces estaba bajo el mando del coronel Giovanni Enrique Torres Bautista.

«Mí coronel Torres, un oficial con amplia trayectoria en labores de inteligencia y contrainteligencia, fue quien estructuró y fortaleció las investigaciones relacionadas con las redes de contrabando que operaban en los principales puertos y aeropuertos del país. Entre esos procesos se encontraban las pesquisas dirigidas contra quienes eran considerados los ‘peces gordos’ del contrabando en Colombia», concluyó el testigo.

La fuente entrevistada por EL HOME NOTICIAS relató que el expediente original alcanzó un volumen considerable. Según su testimonio, estaba conformado por al menos dos tomos de gran tamaño, uno de los cuales superaba los 500 folios.

«En varias ocasiones vi a una capitán de nombre Angélica recorrer los pasillos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) cargando entre sus brazos esas pesadas carpetas», recordó el oficial retirado.

El testigo también aseguró que, hasta donde tuvo conocimiento, la investigación incluía cerca de 300 discos compactos (CD), que contenían aproximadamente 140.000 interceptaciones telefónicas relacionadas con personas presuntamente vinculadas a la organización dedicada al contrabando.

Toda esa información, recopilada durante varios años, quedó bajo la responsabilidad del fiscal Andrés Fernando Marín Rodríguez. De acuerdo con el oficial, el funcionario decidió conformar un equipo especializado cuya misión era revisar, analizar y transcribir las miles de horas de comunicaciones interceptadas.

No obstante, el oficial retirado sostuvo que ese trabajo nunca llegó a materializarse. Según afirmó, no existen informes que evidencien que las grabaciones hubieran sido escuchadas o transcritas en su totalidad.

«Nadie volvió a hablar de esas miles de horas de interceptaciones telefónicas, en las que, según se conocía, quedaban al descubierto conversaciones que comprometían a numerosas personalidades presuntamente vinculadas con el contrabando», manifestó.

Según explicó, el coronel Torres Bautista durante su gestión logró recopilar una importante cantidad de información y elementos probatorios, los cuales quedaron bajo la responsabilidad de quien lo sucedió en el cargo, la entonces teniente coronel Julie Katherine Ruiz.

«Desconozco cuál fue el manejo posterior que se le dio a ese material probatorio. No sé qué conversaciones fueron escuchadas, qué informes se elaboraron ni cuáles fueron finalmente entregados a la Fiscalía. Lo único que conocía era que la investigación abordaba una red dedicada al contrabando que operaba en los puertos del Caribe y del Pacífico, además de una pesquisa de gran magnitud que se originó en Bogotá», afirmó el oficial.

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a uno de los tomos de ese expediente. En el documento reposan órdenes impartidas por el fiscal Andrés Fernando Marín Rodríguez para verificar presuntas irregularidades que comprometían a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a integrantes de la Policía Nacional.

Las diligencias buscaban esclarecer posibles hechos relacionados con la devolución irregular de mercancías incautadas y el presunto favorecimiento de estructuras delincuenciales.

Los documentos conocidos por EL HOME NOTICIAS contienen varias órdenes de trabajo impartidas por la Fiscalía 29 Especializada (DECDF), despacho que para la época estaba a cargo del fiscal Marín Rodríguez. Entre ellas figura una diligencia orientada a establecer la presunta desaparición o devolución irregular de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando.

Según el expediente, el formulario de movimiento No. 916312306 registraba el transporte de más de 1.000 pacas de cigarrillos que tenían como destino el departamento de La Guajira y que, presuntamente, serían trasladadas posteriormente hacia Venezuela.

Uno de los informes incorporados al proceso señala:

«Se hace la inspección a 550 cajas de cigarrillo marca Win, la cual iba en tránsito amparada con la DTAI No. 3025 del 9 de diciembre de 2022. El documento amparaba 1.090 cajas, pero cuando se realizó la revisión solo se hallaron 550, evidenciando un faltante de mercancía», se lee en el expediente.

La documentación indica que el cargamento era transportado en un tractocamión que cubría la ruta Cartagena (Bolívar) – Maicao (La Guajira). Durante la diligencia, un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificado como Julio César Torres, informó a la Fiscalía que había puesto el caso en conocimiento del área jurídica de la entidad para promover una investigación penal.

No obstante, según pudo establecer EL HOME NOTICIAS, no existen registros sobre el avance posterior de esa actuación. En el expediente también aparece identificado el importador de la mercancía, aunque este medio no encontró evidencia de que se hubiera iniciado un proceso penal en su contra por presunto contrabando.

Los documentos indican, igualmente, que la inspección al cargamento fue practicada por un Técnico Investigador III, por instrucción del fiscal Marín Rodríguez, en las instalaciones de la DIAN Santa Marta, ubicadas en la carrera 5 No. 17-04.

Es precisamente en la región Caribe donde, según la denuncia, fue desechado un trabajo investigativo, un listado de comerciantes y reconocidas personalidades públicas que, presuntamente, habrían controlado durante años las actividades relacionadas con el contrabando.

El caso de los 2.500 balones de contrabando

Otro de los capítulos que llamó la atención de EL HOME NOTICIAS corresponde a una investigación relacionada con la incautación de un cargamento de balones de origen chino que, según la documentación, tendría como destinatario a un reconocido dirigente político de Norte de Santander.

En el expediente aparece mencionado Jairo Alberto Castellanos Serrano, quien para ese momento ejercía como senador de la República para el período constitucional 2022-2026 y anteriormente había ocupado la Alcaldía del municipio de Toledo, Norte de Santander.

Recordemos, que Castellanos Serrano mantiene una estrecha relación política con Juan Fernando Cristo, al formar parte de su equipo y de la estructura política que el exministro del Gobierno de Gustavo Petro y dirigente nortesantandereano ha consolidado en el departamento de Norte de Santander. Desde esa organización regional, liderada por los hermanos Juan Fernando y Andrés Cristo, Castellanos ha desarrollado su trayectoria pública, primero como alcalde del municipio de Toledo y, posteriormente, como representante en el Congreso de la República.

La investigación señala que el 19 de diciembre de 2022, mediante el Acta de Aprehensión No. 2045, fue legalizada la incautación de la mercancía, una buena cantidad de cajas de productos de contrabando.

El informe oficial consigna lo siguiente:

«Unidades de la POLFA Cúcuta, al realizar la revisión de mercancía transportada en un vehículo de una empresa de mensajería, hallaron 50 cajas que contenían 2.500 balones de origen chino, los cuales no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso y permanencia en el territorio aduanero nacional».

El expediente agrega que la mercancía fue remitida mediante una encomienda a nombre de una empresa domiciliada en Cartagena, aunque el destinatario final sería Castellanos Serrano, residente en Los Patios, Norte de Santander.

Sin embargo, dentro del mismo proceso —integrado por 47 folios— aparece una anotación según la cual, mediante el Auto No. 1491 del 21 de diciembre de 2022, se ordenó la devolución de la mercancía, al considerar que se había desvirtuado la causal que dio origen a la aprehensión.

Lo llamativo, según la documentación revisada por EL HOME NOTICIAS, es que el fiscal Marín Rodríguez dejó consignadas observaciones para establecer por qué se había ordenado la devolución del cargamento si, aparentemente, no existían documentos que acreditaran su ingreso legal al país.

Esa línea investigativa hacía parte del expediente original que, de acuerdo con la denuncia conocida por este medio, posteriormente fue archivado tras la apertura del nuevo proceso, que impartió la coronel Ruiz.

Denuncias contra funcionarios corruptos

El expediente también incorporó una denuncia de cuatro páginas, fechada el 23 de marzo de 2022 y radicada ante un despacho de la Fiscalía en Barranquilla. En ella, un testigo señalaba a varios funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la DIAN por presuntas irregularidades relacionadas con el favorecimiento de redes de contrabando en los puertos de Cartagena y Barranquilla.

Entre las personas mencionadas aparecen el entonces mayor Miguel Armando Castellanos Serrano, quien se desempeñó como comandante de la POLFA en Cartagena; una funcionaria identificada como Alba, quien ejercía funciones directivas en la DIAN Cartagena; y varios integrantes de la Policía Nacional.

Según la denuncia, las conductas investigadas estarían relacionadas con un presunto enriquecimiento ilícito derivado del favorecimiento a organizaciones dedicadas al contrabando.

La documentación también evidencia que dentro de ese mismo expediente ya reposaban denuncias contra el subintendente Álvaro Galvis Acevedo por presuntos hechos relacionados con enriquecimiento ilícito y favorecimiento al contrabando.

No obstante, de acuerdo con la información recopilada por EL HOME NOTICIAS, tras la apertura del nuevo proceso investigativo, Galvis pasó a desempeñarse como agente encubierto dentro de la investigación adelantada contra los nuevos imputados. Paralelamente, denuncias conocidas por la propia unidad de contrainteligencia señalaban que el subintendente era identificado entre sus compañeros con el alias de ‘Pablito’, un sobrenombre que, según esas versiones, obedecía a sus excentricidades y al hecho de movilizarse en una camioneta blindada con esquema de escoltas, pese a que aún se encontraba en servicio activo dentro de la Policía Nacional, esto desde mucho antes de que la Fiscalía legalizase su condición de infiltrado.

Es precisamente en este punto donde surgen los principales interrogantes planteados por el oficial de inteligencia entrevistado por EL HOME NOTICIAS. Según su testimonio, la pregunta de fondo es: 

¿Qué ocurrió con la investigación que venía adelantando la unidad de Contrainteligencia bajo el mando del entonces coronel Torres Bautista.

«Hasta donde tengo conocimiento, mi coronel Torres permaneció al frente de esa dependencia hasta comienzos de 2023, cuando fue relevado del cargo y trasladado al departamento del Cauca. Con su salida, la Jefatura de Contrainteligencia fue asumida por la entonces teniente coronel Julie Katherine Ruiz Solórzano, quien tuvo acceso a toda la información que hacía parte de esa investigación», relató el oficial retirado.

El testigo explicó que ese conocimiento no provenía únicamente del fiscal encargado del caso. Según afirmó, también era compartido por los funcionarios y policías judiciales que integraban el equipo investigador y que llevaban varios años trabajando sobre el mismo expediente.

«Desde mi perspectiva, el punto de quiebre de esa investigación se produjo precisamente con el relevo en la Jefatura de Contrainteligencia. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a cambiar el rumbo del proceso», concluyó el oficial.

Las afirmaciones del testigo hacen parte de la investigación periodística adelantada por EL HOME NOTICIAS y constituyen una de las hipótesis centrales que deberán ser contrastadas con las explicaciones de los funcionarios y autoridades mencionadas en este informe.

Redacción Investigativa

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