Exclusivo: Este es el documento con el que Diego Marín busca probar una persecución de Estado y de la Policía

El escrito que sus apoderados radicaron en Portugal detalla lo que llaman “irregularidades, falsos testigos y un patrón de investigaciones recicladas en Colombia”. En el documento se exponen más de tres décadas de lo que consideran una persecución sistemática desde el interior de la Policía y la Fiscalía. La defensa denuncia, además, “expedientes archivados por falta de pruebas, y nuevas investigaciones basadas en los mismos hechos ya descartados por la justicia”.

Redacción Investigativa

Domingo, 13 de julio de 2025

En exclusiva, EL HOME NOTICIAS revela el contenido del escrito presentado por la defensa de Diego Marín Buitrago ante las autoridades de migración en Portugal. Se trata de un detallado informe jurídico, cronológico y argumentativo en el que se exponen lo que los juristas califican como “más de 30 años de señalamientos sin pruebas, investigaciones recicladas y montajes judiciales”.

Es decir, que la defensa de Marín busca soportar ante Portugal que la solicitud de extradición elevada por Colombia está sustentada en supuestos testigos sin pruebas y con señalamientos ya desvirtuados por despachos judiciales en Colombia.

• En concreto, el documento, inicialmente compartido también con la justicia española, sostiene que Marín Buitrago ha sido víctima de una persecución estatal articulada desde el interior de la Policía Nacional y que ha contado con el silencio cómplice de otras instituciones. Esta pieza central contiene pruebas, fallos judiciales, resoluciones de archivo, y elementos que, según sus abogados, evidencian una desviación de poder orientada a mantenerlo señalado y privado de la libertad sin condena firme.

¿Investigaciones archivadas, pruebas recicladas?

Desde el expediente 13513 abierto en 1993 hasta las indagaciones recientes, el nombre de Diego Marín ha aparecido en múltiples procesos. El documento obtenido por este medio sostiene que todas estas investigaciones se apoyan en los mismos hechos y fuentes, y que muchas fueron archivadas por falta de mérito.

• ¿Qué dice el escrito radicado ante las autoridades de Portugal? Habla de uno de los casos emblemáticos, uno que fue liderado por el capitán de la Policía John Jairo Barreto Gómez en el marco de la operación “Belalcázar III”. En ella, interceptaciones telefónicas y audios entregados por la Policía Nacional pretendían vincular a Marín Buitrago con el Cartel de Cali. Sin embargo, el 29 de abril de 1999, un juzgado precluyó el caso y ordenó el archivo por falta total de pruebas.

El escrito exclusivo denuncia que varios de los procesos en su contra fueron sustentados en testimonios fabricados o manipulados por oficiales activos de la Policía. Uno de los episodios más graves –se cuenta en el documento– quedó registrado en el auto 023 de 2019 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, en el que se reconoce la existencia de un testigo falso inducido por el teniente de la Policía Nacional Anderson Velázquez Cardona y el patrullero Everson Buitrago Sánchez.

Los uniformados —según el fallo— alteraron el cuestionario del interrogatorio e introdujeron datos falsos para incriminar a Marín y a su familia en hechos penales.

A pesar de esta evidencia, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), bajo el mando del general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, abrió en 2019 una nueva investigación basada en una fuente humana no identificada, en la que se señalaba a Marín Buitrago de manejar empresas fachada para actividades de contrabando. Esa indagación, según el documento, no avanzó ni arrojó pruebas sustanciales.

 “Resultó ser una investigación imperfecta e injustificada, basada en intereses personales de un oficial de la Policía”, se lee en el documento de defensa.

¿Interceptaciones fallidas?

Agrega el escrito de defensa, que, en múltiples ocasiones, la Fiscalía autorizó interceptaciones telefónicas sobre Diego Marín y su entorno, con el fin de obtener evidencia de supuestas actividades delictivas. En todas ellas —según el escrito— el resultado fue el mismo: las conversaciones solo abordaban asuntos personales y laborales, y no ofrecían ningún indicio de ilegalidad.

Por ejemplo, en la investigación iniciada en 2011 por el intendente jefe José Dayler Osorio Ramírez, se interceptaron 20 líneas telefónicas. La Fiscalía ordenó suspenderlas al comprobar que el contenido no tenía valor probatorio. Años más tarde, el mismo patrón se repitió con nuevas interceptaciones ordenadas en 2019 por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), por el mismo general retirado Buitrago Arias.

El 22 de enero de 2024, aseguran, que los abogados de Marín Buitrago enviaron un Derecho de Petición a la Fiscalía General de la Nación con una pregunta específica, si existían procesos activos en su contra. La respuesta, firmada por un funcionario del ente acusador, indicó “que no había investigaciones vigentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA)”.

Sin embargo, en respuesta a una nueva Petición, fechada el 29 de febrero de 2024, el fiscal Andrés Fernando Marín informó que Diego Marín había sido mencionado en algunos elementos de prueba dentro de indagaciones relacionadas con dos noticias criminales que ya estaban elaboradas.

Según los abogados, esta comunicación ocurrió al tiempo que algunos medios de comunicación publicaban información sobre una presunta relación de Marín Buitrago con hechos irregulares en los que también se habría mencionado a la entonces fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. La defensa califica, en el mismo escrito, que “esa difusión como un acto irresponsable, sin soporte judicial y que solo buscaba impactar la opinión pública en medio del proceso que se adelantaba, en ese entonces, en España”.

Al solicitar mayor precisión sobre la supuesta vinculación, la Fiscalía respondió que Diego Marín solo era mencionado en el proceso 11299, de conocimiento del despacho 36, correspondiente a una investigación del año 2015 que ya había sido archivada. Para sus abogados, “esto constituye una negación parcial de información relevante, que vulnera el principio de contradicción y representa una falta grave de garantía procesal”.

No obstante, en febrero, el fiscal Andrés Fernando Marín comunicó que Diego Marín era mencionado en dos noticias criminales, una de las cuales —radicado 11299— ya había sido archivada en 2015. En este caso, liderado por la investigadora de la DIJIN, de nombre Gloria Esmeralda Estrada Quintero, se concluyó que no se allegaron pruebas ni información veraz sobre presunto lavado de activos. La contradicción en las respuestas de la Fiscalía es presentada en el documento como una vulneración al derecho a la defensa y a la verdad procesal.

El contexto político: un argumento que escala

El documento obtenido por EL HOME NOTICIAS va más allá del componente jurídico. Los abogados aseguran que la persecución también tiene tintes políticos. En una parte del texto se afirma que el presidente Gustavo Petro ha impulsado la extradición de Marín Buitrago, a pesar de que este manifestó su intención de comparecer voluntariamente ante la Fiscalía, según manifestaciones por escrito desde hace más de dos años.

La defensa también recopiló más de una docena de publicaciones hechas por medios de comunicación en Colombia y el exterior, en las que —según argumentan— se difunden versiones oficiales sin contrastar con la realidad procesal. Acusan una estrategia de desprestigio y manipulación de la opinión pública, especialmente durante el estudio que está en curso, que tiene que ver con la permanencia de Marín en Portugal.

• En ese sentido, se hacen puntuales precisiones de que cualquier solicitud de extradición carece de base legal, ya que el proceso está suspendido hasta que se emita una decisión o se resuelvan eventuales apelaciones.

Los apoderados de Diego Marín anticipan que, de ser necesario, acudirán ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Alegan que su cliente ha sido repetidamente vinculado a hechos que ya han sido cerrados por la justicia colombiana y que los intentos de abrir nuevas investigaciones sobre las mismas bases, con los mismos testimonios, constituyen una violación al principio de legalidad.

Además, recuerdan que el 24 de enero de 2024 notificaron al Centro de Servicios Judiciales de Bogotá su disposición de recibir cualquier notificación y comparecer voluntariamente, dando a conocer los datos de los representantes jurídicos con todas sus referencias de contacto. Aseguran que nunca recibieron citación formal de ningún despacho judicial en Colombia.

El documento revelado por este medio de comunicación plantea un caso, ante las autoridades migratorias de Portugal, que interpela a la justicia colombiana en su esencia con el siguiente interrogante:

«¿Puede una persona ser objeto de investigaciones reiteradas con las mismas pruebas desestimadas sin que se vulneren sus derechos fundamentales?»

La defensa de Marín Buitrago dice que “no se niega a enfrentar la justicia. Lo que exige es que esta actúe con imparcialidad, respetando los principios de legalidad, y sin motivaciones externas». Portugal tiene ahora la palabra, cuyas autoridades están sometidas al debido proceso, que está frenada la  extradición solicitada por Colombia, el que –de acuerdo con las apelaciones y  los límites establecidos por la ley– iría hasta el 2026.

Redacción Investigativa

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