El nuevo proyecto de sometimiento a la justicia reabre divisiones sobre la paz y el orden en Colombia

El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre Lynett, presentó una ambiciosa propuesta para someter a grupos criminales bajo un marco de justicia transicional, pero el proyecto ha provocado una ola de críticas por la falta de consensos, su alcance legal y los beneficios ofrecidos a los delincuentes. Voces históricas del proceso de paz han expresado su rechazo.

Redacción Política

Martes, 22 de julio de 2025

Una iniciativa que busca equilibrar el restablecimiento del orden público con el derecho constitucional a la paz ha generado un intenso debate en Colombia. El ministro Luis Eduardo Montealegre Lynett plantea un modelo exigente, aunque polémico: los grupos criminales deben revelar de forma completa su estructura, redes de apoyo, bienes y plan de desmantelamiento para acceder a beneficios jurídicos. No obstante, el proyecto incluye un punto controvertido: permite que los implicados conserven hasta el 12 % de sus bienes, frente al 6 % ofrecido en la versión previa.

Este nuevo giro en la política de ‘paz total’ ha sido criticada por diversos sectores. La Corte Suprema de Justicia, tras votar en contra en el Consejo Superior de Política Criminal, alertó sobre la falta de discusión pública y la ambigüedad en su implementación, incluyendo recursos y metodología.

El comisionado para la Paz, Otty Patiño, reconoció que el proyecto no fue suficientemente consensuado, tras una única conversación con Montealegre Lynett. Advirtió que la propuesta puede percibirse como una puerta hacia la impunidad y habría requerido mayor respaldo institucional previo a su radicación.

Desde el ámbito político, el expresidente Juan Manuel Santos rechazó aplicar un modelo de justicia transicional —similar al de las FARC— para grupos como el Clan del Golfo, calificándolo de “irresponsabilidad” y advirtiendo que el Gobierno aún no comprende completamente a dichos grupos.

En la misma línea se expresó Humberto de la Calle, jefe negociador del Acuerdo de Paz de 2016, quien advirtió que el proyecto abre la puerta a que “capos pura sangre” salgan a la calle, en un momento de notoria debilidad estatal y sin logros significativos en materia de seguridad. “Es inoportuno”, zanjó desde su cuenta en X.

La exfiscal Ángela María Buitrago, antecesora de Montealegre en la conducción del proyecto, también criticó el enfoque del documento. Aseguró en entrevista con La FM que las víctimas han sido excluidas del proceso de formulación y cuestionó la inclusión de una amnistía para jóvenes procesados por delitos cometidos durante la protesta social, algunos de los cuales —según ella— incluyen graves violaciones como tortura y tentativa de homicidio.

El exministro Juan Fernando Cristo se sumó al coro de disidentes. Consideró inviable el avance del proyecto en medio de un Congreso saturado por otras reformas prioritarias como la de salud. “La posibilidad es absolutamente nula”, sentenció en Caracol Radio, criticando además que se otorguen beneficios a excombatientes que reincidieron tras firmar la paz en 2016.

Ante esta avalancha de objeciones, el ministro Montealegre ha salido al cruce. En declaraciones a medios, lanzó una advertencia dirigida al propio expresidente Santos:

“Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”. Y sobre Otty Patiño, fue más tajante: “Me parece absolutamente inconcebible que se convierta en un francotirador de la paz”.

En conclusión, la propuesta revela profundas divisiones dentro del Gobierno y en la sociedad sobre cómo abordar el crimen organizado. La tensión entre garantizar justicia para las víctimas y ofrecer incentivos a los criminales vuelve a polarizar a Colombia. Resta por ver si esta iniciativa será el desbloqueo para un nuevo pacto de sometimiento o si se convertirá en otro capítulo más de debates estancados.

Redacción Política

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