¡Vuelve la fumigación a la coca! Gobierno de De la Espriella quita el freno de 10 años al glifosato 

El Ejecutivo eliminó la resolución que mantenía suspendida la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, pero el regreso de las fumigaciones aún no es automático: deberá superar exigencias ambientales, sanitarias y de consulta previa establecidas por la Corte Constitucional.

Redacción Judicial

Viernes, 28 de agosto de 2026

Después de una década de suspensión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella dio un giro a la política de erradicación de cultivos ilícitos y abrió nuevamente la posibilidad de utilizar glifosato mediante aspersión aérea. El Ejecutivo derogó la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, norma que había mantenido suspendida esta estrategia desde el gobierno de Juan Manuel Santos.

La decisión marca un cambio significativo frente a la política adoptada hace diez años, cuando Colombia dejó de utilizar la fumigación aérea con glifosato en un contexto marcado por las negociaciones de paz con las Farc y por el creciente debate sobre los posibles efectos ambientales y sanitarios del herbicida.

Sin embargo, la derogatoria no significa que las aeronaves puedan comenzar a fumigar de inmediato.

El propio decreto establece que la eliminación de la resolución de 2015 no reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea. Para ponerlo nuevamente en marcha, el Gobierno deberá cumplir de manera concurrente una serie de condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

El camino para volver a fumigar

Uno de los principales requisitos está relacionado con la autoridad ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberá contar con un Plan de Manejo Ambiental General vigente que permita desarrollar este tipo de operaciones, de acuerdo con las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional.

A esto se suma la obligación de adelantar consulta previa con las comunidades étnicas ubicadas en las zonas donde eventualmente se desarrollen las operaciones. Este procedimiento deberá ajustarse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los parámetros fijados por la Corte.

El Gobierno también deberá obtener un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud (INS) y conseguir que la ANLA levante la medida preventiva adoptada en 2015, que impidió la continuidad de las fumigaciones aéreas.

Pero las exigencias no terminan allí. Cada zona definida como núcleo de intervención tendrá que contar con un Plan de Manejo Ambiental específico aprobado, de manera que las operaciones no queden amparadas únicamente por una autorización general para todo el territorio nacional.

En otras palabras, el decreto reabre jurídicamente la posibilidad de utilizar el glifosato desde aeronaves, pero todavía queda un camino administrativo, ambiental y jurídico antes de que esa posibilidad pueda convertirse en operaciones efectivas.

El debate por los riesgos del glifosato

El regreso del herbicida también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha generado controversia internacional: sus posibles efectos sobre la salud humana y el medioambiente.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, conclusión sustentada en evidencia disponible sobre exposición, estudios en animales y posibles mecanismos de daño celular.

No obstante, la evaluación no ha sido uniforme dentro del sistema internacional. En 2016, el Comité Conjunto de Expertos en Residuos de Plaguicidas de la OMS y la FAO concluyó que el glifosato probablemente no representaba un riesgo carcinogénico para los seres humanos a través de la alimentación, dentro de los niveles de exposición evaluados.

Así, mientras el Gobierno de De la Espriella busca recuperar una herramienta que considera estratégica para combatir la expansión de los cultivos de coca, la discusión sobre sus impactos ambientales y sanitarios vuelve al centro del debate nacional.

La decisión política ya está tomada; ahora el desafío para el nuevo Gobierno será demostrar que puede cumplir las condiciones ambientales, sanitarias y constitucionales necesarias para que el glifosato vuelva efectivamente a los cielos de los cultivos ilícitos.

Redacción Judicial